El nuevo ministro de Agricultura, Arias Cañete, se la jugará en "la batalla de todas las batallas" para negociar en Bruselas el mantenimiento del cheque agrícola de 7.500 millones que España recibe al año, el último gran pastel en liza ante la paulatina desaparición de los fondos de cohesión.

La propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2013, que piensa más en un modelo centroeuropeo, y la búsqueda de alianzas en Europa no serán su único frente.

En casa, tendrá que organizar el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -hasta ahora de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino- y buscar el equilibrio en la cadena agroalimentaria.

En Bruselas, su objetivo será consolidar el "status quo" actual de España, como segundo perceptor de fondos agrícolas (6.090 millones, tras Francia) y el tercero en los de desarrollo rural (1.562 millones, después de Polonia y Rumanía), para después enfrentarse a un reparto nacional que puede abrir luchas internas.

El nuevo Gobierno es consciente, además, de que en esta legislatura podrían volver las protestas a la calle.

Con una mayoría del Partido Popular en las instituciones, el nuevo titular tendrá al menos el respaldo teórico de sus líderes regionales, pero sufrirá la presión del bastión socialista andaluz.

No tendrá fácil consensuar una política nacional, para que las aguas vuelvan a su cauce, y elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contente a todos y zanje diferencias irreconciliables en asuntos como los trasvases del Ebro o el Tajo-Segura.

Con la restricción presupuestaria como lastre y el coste de energía en máximos, también peligra la modernización de regadíos.

Se encontrará sobre la mesa proyectos socialistas culminados, pero pendientes de desarrollar, como los reglamentos de la Ley de integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass) en el General, y otros que aún se deben tramitar, como la futura ley de mejora de la cadena agroalimentaria.

Las industrias y las empresas también le han puesto deberes, como el acceso a la liquidez, avales a la exportación o mejoras fiscales.

Por lo que se refiere a la pesca, tendrá que afrontar la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), que la Unión Europea negociará en 2012 para que entre en vigor en 2013.

Otro desafío es el restablecimiento del acuerdo con Marruecos, después de la reciente ruptura por el veto de la Eurocámara, que ha obligado a salir de aguas marroquíes a unos 70 barcos españoles.

En cuestiones medioambientales, el Gobierno deberá lidiar con el futuro almacén de residuos nucleares de alta radiactividad y redefinir la política energética e hidrológica del país.

En su agenda ambiental decidirá qué municipio acoge el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta radiactividad, asunto paralizado por diferencias políticas entre Gobierno central y CCAA con municipios candidatos a albergarlo.

Habrá de perfilar también la política energética del país, sobre todo el papel que deben desempeñar las renovables y la energía nuclear, con el cierre previsto de Santa María de Garoña (Burgos) a la vuelta de la esquina (2013) y lo ocurrido en Fukushima aún muy presente en la opinión pública.