El Parlamento de Andalucía ha apoyado hoy por unanimidad una proposición no de ley propuesta por Izquierda Unida que pretende que el acceso al agua y al saneamiento sea considerado como un derecho humano, tal y como fue reconocido por la ONU en 2010. Además, ha instado a la Junta a que se adhiera y dé difusión a la campaña, facilite la recogida de firmas y difunda el compromiso.

La propuesta viene impulsada por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) y por la fundación Nueva Cultura del Agua, como parte de la Iniciativa Ciudadana Europea que pretende que el servicio del agua esté garantizado para todos los ciudadanos que residen en la Unión Europea y el futuro de las próximas generaciones.

'Parece lógico que desde las instituciones públicas intentemos garantizar el acceso de todos los ciudadanos al agua potable', ha dicho el diputado de IU Manuel Baena, que ha reconocido durante la defensa de la iniciativa en la Cámara que hay que 'introducir presión' a los órganos de gobierno para garantizar estos derechos.

Baena ha reconocido que queda 'un amplio camino por andar' después de que la portavoz del PP, Concepción Sacramento, criticara la 'hipocresía' de los socios del Gobierno de coalición tras denunciar que muchos andaluces siguen privados del acceso al agua potable y del derecho al saneamiento.

La propuesta, que buscaba el apoyo de los parlamentarios andaluces para implantar este nuevo modelo en la comunidad, persigue como objetivo último que se legisle y que la Unión Europea obligue al resto de Estados miembros a garantizar el acceso al agua y al saneamiento a todos los ciudadanos y reforzar el agua como un servicio público esencial 'que no puede dejarse a la voluntad de los mercados'.

'Cada día crece el número de los que se quedan sin suministro', asegura Luis Babiano, gerente de Aeopas. 'El agua es fundamental en la vida de cualquier ciudadano y no se puede cortar. Es una responsabilidad pública de la que no se puede renegar cuando más falta la solidaridad con las familias que más están sufriendo la crisis', añade. En Europa, un millón de personas no tienen acceso a al agua potable, mientras que 8 millones están desprovistas del servicio de saneamiento.

'Se ha constatado cómo las fórmulas de liberalización (privatización total o parcial de los servicios de agua y saneamiento) aumentan las diferencias entre los ciudadanos con poder adquisitivo y los menos favorecidos, con lo que se aumenta la desigualdad social', afirman desde Aeopas.

La iniciativa ha sido ya admitida a trámite por el Parlamento Europeo y hasta el momento ha recabado un millón de firmas.