El plazo de negociación entre Gobierno, sindicatos y empresarios sobre la crucial reforma laboral se ha extendido otra semana, desde finales de mayo, confirmó el sábado el Ministerio de Trabajo.

El Gobierno había asegurado que si no se alcanzaba un acuerdo a tres bandas a finales de mes, aprobaría el proyecto de forma unilateral, mientras que los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, han advertido de que convocarán una huelga general en respuesta.

Los economistas creen que las reformas para actualizar el mercado laboral son vitales para que la economía española vuelva a ser competitiva y evite una crisis de deuda como la griega. La agencia de calificación crediticia Fitch rebajó el viernes la deuda de España a AA+ desde AAA.

Dado que la economía española es bastante mayor que la griega, una crisis en el país tendría implicaciones bastante más graves para la eurozona y el crecimiento mundial.

El Ministerio de Trabajo dijo a Reuters que el plazo para el acuerdo se había ampliado una semana a partir del 31 de mayo.

"La semana que viene será la definitiva para ver si hay la posibilidad de un acuerdo o no", dijo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a la agencia Efe en un aparte de una conferencia en Barcelona.

España tiene una de las tasas más altas de desempleo de la eurozona después de que el colapso del mercado inmobiliario y la caída del gasto del consumidor dejaran a millones de personas sin trabajo en el sector servicios y en la construcción.

Los economistas culpan a un mercado laboral a dos niveles, que protege a quienes tienen un contrato fijo con grandes garantías salariales mientras que ignora a quienes tienen un contrato temporal, de la inflexibilidad e improductividad de la fuerza laboral.

La agencia de calificación crediticia Fitch señaló que la elevada proporción de empleo temporal hace más fácil para las compañías adaptarse a la crisis, desprendiéndose de personal en lugar de reducir salarios.

Las conversaciones a tres bandas se han estancado por el conflicto de intereses entre las empresas, afectadas por la recesión, que piden una legislación de contratación y despidos más flexibles, y los sindicatos, que defienden los derechos de los trabajadores en un momento en el que el desempleo se sitúa en el 20 por ciento.

Las conversaciones sobre la reforma continúan este fin de semana, pero los comentarios de los participantes sugieren que el acuerdo podría estar aún lejos.

La amenaza de CCOO y UGT de que convocarán una huelga general si el Gobierno aprueba la reforma se han topado con el desprecio de uno de los responsables de la patronal CEOE, José Luis Feito.

"Este tipo de reacciones son infantiles e inmaduras", dijo en un aparte de las conversaciones a puerta cerrada.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, respondió a Feito: "Está actuando como un sicario para minar estas conversaciones y está haciendo el debate más difícil.