En el momento en que el Parlamento apruebe la reforma de la Ley del Aborto, y esta sea sancionada por el rey, los políticos católicos que hayan votado a favor de la misma se encontrarán en situación de 'pecado mortal público', según las amenazas vertidas el pasado miércoles por el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.

Tras sus duras palabras, en algunos foros ultracatólicos se ha recordado la condición de 'rey católico' de Juan Carlos I para exigirle que no sancione una ley que la Iglesia compara con el Holocausto. Se llegó a recordar una carta escrita en 1983 por el reaccionario obispo José Guerra Campos, en la que exigía al rey que no firmase la actual Ley del Aborto. La presión ejercida hizo que don Juan Carlos elevara consultas a la Santa Sede, que entendió que el ordenamiento jurídico español no hace responsable al rey de las leyes emanadas por el Parlamento.

La Conferencia Episcopal decidió ayer guardar silencio y no respondió a las preguntas de Público, que quería conocer si las apreciaciones del portavoz de la Casa de la Iglesia afectarían al Jefe de Estado. En privado, no obstante, diversas fuentes aseguraron que 'no sería de recibo' traer a colación la moralidad del rey.

De hecho, expertos en Derecho Constitucional consultados afirman que el rey no tiene posibilidad de no sancionar una ley emanada del Parlamento. En su artículo 64, se dice que la sanción 'es un mero trámite formal'. El 91 señala que el rey 'no tiene criterio, opinión ni responsabilidad sobre ellas [sobre las leyes]'.