La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) recurrirá ante los tribunales cualquier decisión del Gobierno que no sea ampliar el funcionamiento de la central nuclear de Garoña (Burgos) por diez años más y reclamará el resarcimiento del perjuicio económico causado.

Esta es una de las decisiones adoptadas por la AMAC en una Asamblea extraordinaria celebrada hoy, según ha informado el gerente de la asociación, Mariano Vila, quien ha señalado que una eventual decisión de cierre de Garoña "podría no ser ajustada a ley".

En una rueda de prensa, Vila ha explicado que se está estudiando el tema jurídicamente para fundamentar la impugnación, pero ha adelantado que se trataría de un recurso por vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.

Ha señalado que aun es prematuro cuantificar la reclamación económica, pero ha asegurado que calcular la estimación de la pérdida directa de ingresos es fácil y no lo es tanto la pérdida de ingresos indirectos.

Villa ha subrayado que la AMAC defiende "en todo momento el prestigio y la validez de las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear", que ha emitido un informe favorable a la ampliación de funcionamiento de la central por diez años, que no es vinculante para el Gobierno.

Ayer, el Ministerio de Industria pidió al órgano regulador nuevos informes sobre la renovación de la licencia de explotación durante 2, 4 o 6 años, lo que "no es serio", según Rafael González, alcalde de Valle de Tobalina, localidad donde se encuentra ubicada Garoña.

Entre 2.000 y 2.500 personas se verían afectadas por el cierre de la planta, ha dicho el alcalde, quien ha precisado que solo defienden "los puestos de trabajo de familias humildes", al margen de consideraciones políticas.

Los 70 municipios agrupados en la AMAC han decidido también convocar una manifestación de alcaldes y concejales próximamente en una fecha aún sin concretar y han pedido a otras instituciones y organizaciones que se sumen.

La AMAC insta a los grupos parlamentarios a modificar la normativa nuclear para que en el futuro la autorización sobre el funcionamiento de las instalaciones nucleares dependa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como única manera de sacar el debate del ámbito político.

AMAC exige también al Gobierno que finalicen las inversiones pendientes en lo planes de emergencia nuclear, así como que se afronte el desarrollo económico de las zonas nucleares de con antelación suficiente a la finalización de la explotación para asegurar el futuro de los ciudadanos afectados.

Además, pide que las políticas que se establezcan a partir de este momento tengan efectos retroactivos con respecto a la central de Zorita, cerrada en 2006.

Los municipios nucleares se han manifestado en contra de la construcción de almacenamientos de residuos en el emplazamiento de la central de Garoña y han exigido la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC).