La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció hoy los asesinatos y arrestos en Nigeria en relación con la ofensiva de las fuerzas estatales contra los integrantes de la secta radical Boko Haram, incidentes que ya han causado más de 800 muertos.

Pillay se refirió a los "asesinatos de civiles durante los enfrentamientos, los arrestos a gran escala, los desplazamientos y las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares" en el norte del país.

Aunque reconoció que el Gobierno se enfrenta a una crisis importante debido a los combates que tienen lugar en varios estados norteños, mostró su esperanza en que "haga un esfuerzo para mejorar la seguridad y el total respeto de los derechos humanos".

"Debe hacerse todo lo posible para evitar las ejecuciones ilegales, las detenciones y los encarcelamientos arbitrarios", añadió Pillay.

Además, pidió al Gobierno de Nigeria que "investigue todos los incidentes y haga que los culpables paguen por ello".

El presidente nigeriano, Umaru Yar'Adua, ordenó el 28 de julio pasado a todos los cuerpos de seguridad del país que actuaran para contener y repeler los ataques de Boko Haram contra comisarias y edificios públicos, después de que los islámicos radicales asaltaran dos días antes la jefatura de la Policía en el vecino estado de Bauchi y mataran a todos los agentes de guardia.

La violencia se extendió rápidamente a otros cinco estados del norte nigeriano, predominantemente musulmanes, con el epicentro de los enfrentamientos en Maiduguri, el feudo de la secta, conocida también como "Los talibanes de Nigeria" y dirigida por Muhammed Yusuf, de 39 años.

Soldados del Ejército nigeriano y los militantes combatieron durante cuatro días con un saldo de cientos de muertos, en su mayoría miembros de la secta, y cerca de 4.000 civiles desplazados de sus hogares.