El presidente de CiU, Artur Mas , afirmó antes de ayer en rueda de prensa y sin complejos que es amigo de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ahora encarcelados por la operación Pretoria y antes ex cargos de los Gobiernos de Jordi Pujol.

Veinticuatro horas después el alcalde de Sant Andreu de Llavaneres y miembro de CiU, Bernat Graupera, puso algunos puntos sobre las íes.

'Una cosa es la amistad; pero todos los partidos tienen que tener muy claro que el que la hace, la paga y eso está por encima de la amistad'.

Graupera ya ha había anunciado que el consistorio se personará como acusación particular en la causa que instruye el juez Baltasar Garzón a pesar de que estén implicados miembros de su partido.

Su determinación contrasta con la actitud de convergentes como el diputado Carles Puigdemont, que han abierto en Facebook un grupo de apoyo a los imputados. Precisamente ayer la plataforma ciudadana con representación en el consistorio, SOS Llavaneres, explicó que la Fiscalía de Catalunya ha aceptado a trámite un escrito en el que se denuncia el convenio urbanístico firmado hace dos años entre el Ayuntamiento de Llavaneres (en manos de la coalición PSC-PP) y la empresa Cortijosa.

Genís Carbó deja su cargo por verse implicado en el caso

Según éste, una masía llamada La Bodega pasaba a ser propiedad municipal a cambio de que la sociedad se quedase con unos terrenos de 6.700 m² para construir viviendas. Según SOS Llavaneres en la permuta Cortijosa obtuvo unos doce millones de euros, ocho veces más de lo que costaba la masía.

En realidad, en 2007 la plataforma ciudadana presentó esta misma denuncia a la Fiscalía y ésta la rechazó por falta de pruebas aunque sí veía 'indicios especulativos', según cuenta Josep Ruiz, regidor del consistorio y presidente de SOS Llavaneres. La diferencia entre 2007 y 2009 es el auto del juez Garzón.

A partir del escrito del magistrado, SOS Llavaneres pudo deshacer y comprender una maraña de nombres, empresas y relaciones hasta llegar al nombre clave de la operación Pretoria: Luis García, conocido como Luigi, ex diputado socialista. 'Al leer el auto de Garzón nos dimos cuenta de que Cortijosa compartía administradores con la empresa de Luigi, Niesma Corporación', explica Ruiz.

En su interlocutoria, Garzón escribe que tanto Prenafeta como Alavedra, 'habrían percibido dentro de la trama la suma mínima de 637.590 derivada de las operaciones Niesma (Sant Andreu de Llavaneres) y Badalona, no excluyéndose otras'.

Debido al entramado de corruptelas que el auto de Garzón ha destapado, tanto ERC como SOS Llavaneres propusieron al pleno del consistorio paralizar el plan urbanístico municipal. Uno de los motivos es que uno de los nombres que aparece en el auto de Garzón es el de Genís Carbó, que entre 1996 y 2004 fue jefe de Planificación Territorial del departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat.

La Generalitat explica que Prenafeta le intentó vender un inmueble 

El ex cargo de CiU cobró, según Garzón, una comisión de 244.011 de Niesma Corporación, propiedad de Luigi, después de que el Ayuntamiento de Llavaneres recalificara los terrenos de Can Riviere. Carbó dejó ayer su cargo como coordinador técnico de planificación del Ayuntamiento de Valls. La propuesta de SOS Llavaneres y ERC fue rechazada por el pleno municipal ya que según contó ayer el alcalde inmovilizaría 'toda la actividad del municipio'.

Ayer la Generalitat se adelantó a posibles titulares incómodos y explicó que la inmobiliaria Espais, presidida por el excarcelado Lluís Casamitjana intentó vender a la Administración catalana un edificio de la zona del Forum de Barcelona a través de Lluís Prenafeta. Las conversaciones entre las dos partes no llegaron a buen puerto porque, según explicó ayer la conselleria d'Economia, 'la propuesta no se adecuaba a los requerimientos de la política inmobiliaria de la Generalitat'.