Aguas de Barcelona (Agbar) ha solicitado la ejecución inmediata de la resolución que invalidó la adjudicación de Aigües de Ter-Llobregat (ATLL), para revocar el contrato con Acciona y que se le adjudique ya la gestión de la compañía, a la que optaba a Agbar, el otro ofertante. La empresas lo ha pedido a través de un escrito judicial, que da un plazo de diez días hábiles y advierte que podría denunciar a la Generalitat ante la Comisión Europea y que está 'evaluando' la posibilidad de pedir una indemnización.

En el escrito, el grupo que preside Ángel Simón ha lamentado que la Generalitat actúa como si la suspensión cautelar ' le hubiera sido otorgada', cuando las resoluciones judiciales previas van en sentido contrario.

El texto está dirigido a la sección quinta de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la misma que el 26 de marzo de 2013 dio la razón a Agbar y denegó suspender de forma cautelar la resolución del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC). Agbar alega que este organismo no tiene capacidad para ejecutar estas resoluciones, por lo que considera imprescindible la ejecución judicial, que cree que 'no admite ulterior demora' pues ha transcurrido un plazo razonable desde el auto que denegó la suspensión cautelar, apunta.

La Generalitat y Acciona presentaron en su momento sendos recursos sobre el fondo de la cuestión, esto es, sobre si tiene razón el OARCC cuando dice que el grupo que preside José Manuel Entrecanales debió ser excluido del concurso porque no cumplía con el calendario de inversiones requerido. No obstante, los letrados de Agbar insisten en que no cabe esperar a la resolución de recurso alguno, porque la adopción de medidas cautelares ya ha sido denegada explícitamente por el TSJC.  La Conselleria de Territori, entonces dirigida por Lluís Recoder, eligió a Acciona con el argumento de que aseguraba una menor subida de tarifas.

La privatización de la gestión de la empresa pública ATLL es la más importante llevada a cabo por la Generalitat, porque se trata de la empresa que se encarga del tratamiento, almacenamiento y distribución del agua en más de un centenar de localidades del área metropolitana. La Generalitat ya ha ingresado casi 300 millones por la privatización de ATLL, pero se apuntó contablemente el año pasado los 1.000 millones que prevé obtener en los próximos 50 años por esta operación con el fin de reducir el déficit de 2013.