Sólo el dos por ciento de la cifra total de abortos en 2008 se practicaron en hospitales públicos, en un año en el que el número total de interrupciones voluntarias del embarazo aumentó en un 3,27 por ciento, informó el jueves el Ministerio de Sanidad y Política Social.

En 2008 hubo 3.674 abortos más que en 2007 y el número total de embarazos interrumpidos ascendió a 115.812, de los cuales sólo 2.208 se practicaron a través de la Seguridad Social, según demuestra el Informe IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) publicado por el Ministerio.

Desde 2004, el aumento medio anual ha sido de un seis por ciento y las cifras de 2007 respecto a las de 2006 mostraron un aumento de un 10,3 por ciento, por lo que el Ministerio considera que el aumento en 2008 supone una cifra más estable.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía son las regiones con mayor número de abortos, con más de 20.000 en cada caso.

El informe presentado este año recoge por primera vez datos de la interrupción voluntaria del embarazo según lugar de residencia y nacimiento de la mujer.

Las mujeres nacidas y residentes en España suman el 54,5 por ciento del total de IVE practicadas en 2008, mientras que las mujeres procedentes de otros países y residentes en España suponen el 43,6 por ciento. De éstas últimas, las que más abortan son las sudamericanas y europeas.

Respecto a las menores de 18 años, en 2008 se practicaron 10.221 abortos, un 1,27 por ciento inferior a la cifra registrada en 2007. La tasa de IVE por cada mil mujeres en las menores entre 15 y 18 años fue de 10,91 en 2008, una centésima menos que el año anterior.

La tasa general de IVE por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, considerada la edad fértil, fue de 11,54 en 2008, seis centésimas más que en 2007.

El Informe IVE se publica ahora que el Gobierno plantea una reforma de la ley del aborto, que contempla el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

La reforma propone también que las adolescentes, entre 16 y 18 años, puedan tomar esa decisión sin verse obligadas a consultar a sus padres, y más seguridad jurídica a las mujeres y los profesionales sanitarios.

El Gobierno busca complementar estas medidas con una serie de iniciativas educativas, pasando por distintas acciones para promocionar el uso de los métodos anticonceptivos.