La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, ha respaldado en un informe la autonomía del País Vasco para dictar normas fiscales propias, diferentes a las del Estado, una decisión saludada con unánime satisfacción en el País Vasco.

La abogada general, un cargo equivalente al de fiscal, ha hecho público hoy su informe sobre el caso que tiene que juzgar el Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre la fiscalidad vasca. Habitualmente, este Tribunal suele seguir las recomendaciones de la abogada general, por lo que la respuesta en el País Vasco ha sido de satisfacción pero prudencia hasta conocer la sentencia definitiva.

El caso llegó a Luxemburgo como una consulta planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que tiene que decidir sobre unos recursos presentados por las Comunidades Autónomas vecinas de La Rioja y Castilla y León y por el sindicato UGT-Rioja contra el impuesto de sociedades vasco del año 2005.

El Superior vasco planteó la cuestión al Tribunal de Luxemburgo, lo que conllevaba un pronunciamiento de éste que puede ratificar o anular la capacidad de las instituciones vascas para emitir normas fiscales propias, diferentes a las del resto del Estado.

En su informe, la abogada general no ve razones para cuestionar la autonomía del País Vasco, aunque considera que corresponde a la Justicia vasca determinar si las medidas concretas del impuesto de sociedades del 2005 fueron o no contrarias a la legislación europea.

Kokott recuerda la jurisprudencia del Tribunal de la UE según la cual, las medidas fiscales de una entidad regional son generales y no una ayuda de Estado cuando tal entidad posee "suficiente autonomía" y un régimen que beneficia de la misma manera a todas sus empresas.

Es la llamada "doctrina de las Azores", que reconocía la especificidad fiscal de las islas y que era la tesis defendida también por las instituciones vascas.

La tesis vasca era discutida por las autonomías de Castilla y Léon y La Rioja, por considerar que las ventajas fiscales favorecen la marcha de sus empresas al vecino País Vasco, y por la propia Comisión Europea, partidaria de armonizar los sistemas fiscales europeos.