El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) exigirá responsabilidades al Gobierno al considerar que la diplomacia no atendió a los abogados que asistieron como observadores en Marruecos a un juicio contra activistas saharauis donde hubo enfrentamientos y vivieron situaciones de peligro.

Así lo ha asegurado hoy la letrada Inés Miranda a su llegada al aeropuerto de Madrid procedente de Marruecos junto con otros abogados, donde asistieron a un juicio contra siete activistas saharauis en el que dos periodistas españoles fueron agredidos.

Miranda ha señalado que durante estos incidentes solicitaron auxilio a los servicios diplomáticos españoles y "en ningún momento" se les atendió.

"Nos dijeron que los abogados españoles no eran asunto de ellos", ha lamentado la abogada, que ha asegurado que sólo se ocuparon de ellos cuando todo el riesgo había pasado.

España es un Estado de derecho, ha destacado, y además de garantizar su seguridad dentro del país "también tiene que hacerlo fuera de sus fronteras. No puede ser de otra manera".

La representante del CGAE ha asegurado que durante el juicio celebrado en Ain Sbaa se produjeron hechos "muy graves, condenables. No basta con una lamentación tibia sobre lo que ha sucedido".

Así, ha relatado, la sala en la que se iba a celebrar el juicio estaba completamente ocupada por la policía y abogados marroquíes gritando consignas contra los españoles e insultando al pueblo español.

A la llegada de los activistas saharauis, ha agregado, los propios abogados marroquíes se lanzaron contra las personas que iban a ser juzgadas acusadas de atentar contra la seguridad del Estado de Marruecos.

Con estos hechos -ha denunciado Miranda- se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, a la información, a la libertad de expresión y sobre todo el derecho de defensa.

"Lamentamos y condenamos que el derecho de defensa haya sido vulnerado, violado, saqueado, tanto por parte de abogados marroquíes como por parte del aparato judicial" de ese país y por la "violenta actuación" de la policía contra los observadores internacionales, la población saharaui y los periodistas, ha recalcado.

Durante estos altercados, ha continuado, los letrados del CGAE que se encontraban en el juicio como observadores llamaron al teléfono de emergencias consulares para pedir que enviaran a alguien porque "existía peligro" y -ha dicho- les contestaron que "no eran responsables de los abogados".

Sólo cuando el cónsul acudió a asistir a los dos periodistas españoles que habían resultado heridos en los incidentes, se enteró de que los abogados estaban allí, ha insistido la abogada.

"Vamos a exigir que se cumplan todas las responsabilidades que correspondan", ha advertido.