La Abogacía del Estado presentó el jueves ante el Tribunal Supremo dos escritos en los que solicita la anulación de las candidaturas de Democracia Tres Millones (D3M) y Askatasuna, para impedir que ambas formaciones se presenten a las elecciones vascas del 1 de marzo.

El abogado general del Estado, Joaquín Fuentes Bardají, acudió a la Sala del 61 del alto tribunal para plantear un recurso contencioso electoral contra D3M y un incidente de ejecución de las sentencias que ilegalizaron Batasuna, PCTV y ANV por sus vínculos con ETA.

"(Las candidaturas) responden a una estrategia de conformación de listas para que Batasuna esté presente en el Parlamento vasco, (planteamos) que hay contaminación de las personas, que hay contaminación del objeto y que en el diseño y conformación de las listas intervinieron los partidos ilegalizados", señaló De Fuentes.

Fuentes Bardají explicó que desde el "el mundo ilegalizado" se asumía que D3M tenía "tales elementos de contaminación" que iba a ser ilegalizada "con toda probabilidad", y que por eso habían planteado también la opción de Askatasuna, que lleva en sus listas candidatos sin trayectoria política vinculada con las formaciones ilegalizadas.

"Lo que hay que hacer es evitar en lo posible que estas listas sean susceptibles de ser elegidas, (..) porque una vez los electos tienen esa condición, los electos quedan blindados", apuntó Fuentes.

La Abogacía del Estado, a la que el Gobierno instó la semana pasada a actuar contra estas formaciones, se suma así a la iniciativa de ayer de la Fiscalía, que presentó sus impugnaciones contra D3M con el mismo argumento: que nace del entorno ETA-Batasuna.

Esa misma argumentación será previsiblemente la esgrimida esta tarde por el ministerio fiscal para pedir de nuevo al Supremo la anulación de las listas de Askatasuna, que está inscrita en el registro de partidos desde 1998 y se presentó a las elecciones de 2001.

El escrito de la Fiscalía asegura que de los 84 candidatos que integran las listas de D3M, 82 han tenido vínculos "estrechos y recientes con formaciones ilegalizadas" y que sus miembros han estado en actos públicos de Batasuna.

El Tribunal Supremo tiene ahora dos días para pronunciarse sobre estas impugnaciones, que se suman además al proceso penal abierto por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha imputado a 13 personas relacionadas con D3M y Askatasuna por un presunto delito de pertenencia a ETA.

Garzón imputó al presidente, al secretario de Askatasuna y a los representantes del partido ante las Juntas Electorales por cada provincia y a ocho representantes legales de D3M, dejando fuera a su portavoz, Amparo de las Heras, porque ya está en prisión por esta causa.

entre ellas Las Heras - que presuntamente pretendían reconstituir la mesa nacional de la ilegalizada Batasuna.