A pesar de la liberalización del mercado eléctrico de este verano, un 95 por ciento de los consumidores podrán seguir acogiéndose a un precio de la electricidad fijado por el Estado, dijo el viernes el Ministerio de Industria, gracias a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR).

La TUR será la única tarifa vigente a partir del 1 de julio, fecha de la liberalización del mercado eléctrico. Su objetivo, en principio, es proteger a los pequeños consumidores fijando el precio que las eléctricas podrán cobrarles.

El Consejo de Ministros del viernes aprobó que el techo de potencia contratada para acogerse a esta tarifa se fije en hasta 10 Kilovatios (KW).

Según el Ministerio de Industria, con este baremo la liberalización tan sólo será obligatoria para 1,2 millones de clientes, un 4,7 por ciento del total que actualmente pagan la luz a tarifa responsables de un 32 por ciento del consumo en este tramo. Los clientes de alta tensión ya negocian sus contratos con las compañías desde el verano pasado.

incluidos aquellos con derecho a TUR - podrán optar por acudir al mercado liberalizado y negociar con las comercializadoras, dijo Industria. El ministerio creará una Oficina de Cambio de Suministrador para informar a los clientes sobre sus alternativas y facilitar el cambio de suministro.

El Ministerio explicó que fijará la TUR eléctrica mediante orden ministerial, aunque no dio detalles sobre la financiación de esta tarifa.

el déficit tarifario -, y les otorgaba el derecho a cobrárselo de vuelta, con intereses, a través del recibo de la luz.

Actualmente, los españoles todavía adeudan a las eléctricas unos 12.000 millones de euros.

El Gobierno tampoco hizo mención a otra medida esperada por el mercado, la "tarifa social", que afectaría a consumidores con una potencia contratada de hasta 4,5 KW y baja renta según analistas.

La reforma del sistema de tarifas está en el centro de las negociaciones que el Gobierno mantiene con las compañías eléctricas para eliminar este sistema de déficit tarifario.

Algunos analistas creen que, en el marco de estas negociaciones, el Ministerio quiere que las eléctricas financien tanto la TUR como la tarifa social. En su nota diaria del viernes, Banesto Bolsa estimó el coste de estos cambios en una banda de 700 a 900 millones de euros, ó un 4-5% de su resultado bruto de explotación (Ebitda) total.

El Ministerio designó a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y E.ON como comercializadoras de último recurso que se verán obligadas a ofrecer esta tarifa regulada a sus clientes.

El sistema de tarifas de último recurso está vigente desde el pasado verano en el mercado del gas.

MENOS CONSUMIDORES REGULADOS EN GAS

El Gobierno también aprobó el viernes reducir el número de consumidores de gas que pueden beneficiarse de las tarifas reguladas hasta un máximo de 50 MWh de suministro debido al "éxito" de la liberalización del mercado gasista.

"Ya que el 96 por ciento del consumo ya se contrata libremente, el Gobierno ha decidido profundizar en la liberalización con la eliminación de las tarifas T3 y T4 a partir del 1 de julio", dijo el Ministerio.

Industria explicó que la medida afectará a pequeñas y medianas industrias, al sector terciario y a consumos colectivos, unos 60.000 clientes o un uno por ciento de los consumidores, según cálculos del Ministerio.