El 73,6% de los españoles considera 'indispensable' informar a los padres antes de que una joven de 16 o 17 años interrumpa de forma voluntaria su embarazo, según el Publiscopio realizado esta semana, dedicado a la reforma sobre el aborto que el Congreso tramita en este momento.

Las cifras sufren modificaciones si se distingue a los votantes del PSOE y del PP. De esta manera, el 64% de los que apoyan a los socialistas ve 'indispensable' que los padres estén informados, mientras que la cifra sube al 91% entre los votantes del PP. Sólo un 3% de este último grupo cree que las jóvenes de 16 y 17 años pueden abortar sin que sus padres sean informados. Entre los votantes del PSOE, la cifra sube al 28%. Los datos se mantienen parecidos en todas las franjas de edad: un 72% de entre los que tienen 18 y 29 años ve necesario informar a los padres, como también lo creen en la misma proporción los que tienen entre 30 y 59. Sube al 77% entre los encuestados con más de 60 años.

Un 34,3% opina que la menor debe tomar la decisión con sus padres

Un 34,3% de entrevistados cree que si una joven de 16 y 17 tiene que interrumpir su embarazo, la decisión le corresponde tanto a ella como a sus padres. Un 26,1% opina que sólo le atañe a la menor, mientras que un 31,9% que es una decisión de los padres. El que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres se ha convertido en uno de los puntos más polémicos de la reforma planteada por el Gobierno.

Si se pregunta a los entrevistados su opinión sobre la reforma de la actual legislación sobre el aborto (en vigor desde hace 24 años) , el 41,6% está de acuerdo con la propuesta del Gobierno. Respecto a las modificaciones de la norma, el 56,7% en total está a favor extender la capacidad de las mujeres para actuar sobre su embarazo: un 19, 3% quiere que se 'amplíe la posibilidad de abortar' y un 37,4% opina que el aborto debe quedar a la 'libre decisión de la mujer'.

El 64% de los socialistas aprueba informar a los progenitores

En el extremo opuesto, con un porcentaje sólo del 12,5%, se sitúan los que reclaman que se prohíba el aborto y que sea considerado delito, como pidieron los participantes en la manifestación celebrada el pasado 17 de octubre en Madrid. Un 25% de los encuestados cree que la regulación debe mantenerse como está. Esta cifra sube al 40% entre los votantes del PP, mientras que casi tres de cada diez conservadores opinan que el aborto debe prohibirse.

Entre los que votan al PSOE, son mayoría, un 47%, los que creen que debe ser la mujer quien de forma libre elija si interrumpir o no su embarazo. Un 27% de los que apoyan a los socialistas son partidarios de ampliar la opción de abortar.

Por el contrario, tres de cada diez católicos practicantes están a favor de prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, una cifra apenas superior al 28% de los que creen que debe ser una decisión libre de la mujer.

Un 71,4% cree que se deben garantizar los abortos en la sanidad pública

Respecto al proyecto de ley elaborado por el Gobierno que contempla el aborto libre dentro de las primeras 14 semanas de embarazo combinado con una normativa de indicaciones, frente al ya citado 41,6% de los encuestados 'a favor', un 10,6% no está 'ni a favor ni en contra', mientras que un 40,8% está 'en contra' del borrador que está ahora en el Congreso. Este último dato se incrementa entre los votantes del PP hasta el 75%.

Entre los que votan a los socialistas son mayoría, un 65%, los que están a favor del proyecto de ley. En este grupo, dos de cada diez se oponen al borrador presentado por el partido al que suelen votar.

Los favorables a las modificaciones de la norma actual son un 56,7%

Si los encuestados se pronuncian acerca de si el aborto debería garantizarse en los centros públicos, una amplia mayoría, un 71,4%, se muestra a favor. Este punto supone una de las novedades introducida en la futura reforma. La cifra sube hasta el 86% entre los que votan al PSOE y baja al 55% entre los que apoyan al PP.

Más de la mitad (54%) de los que se declaran católicos practicantes cree que los hospitales públicos deben garantizar las interrupciones. En la actualidad, el 97,9% de los abortos voluntarios se realizan en centros privados, según los últimos datos referidos a 2007 facilitados por el Ministerio de Sanidad y Política Social.