La Policía Nacional ha coordinado una operación internacional en la que se ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de ciudadanos ucranianos para su explotación laboral y sexual en distintos países de la Unión Europea, en los que habría introducido al menos a 3.500 personas.

Por el momento hay 65 detenidos, y en el dispositivo han participado más de 200 policías nacionales. La operación se ha desarrollado en España, Portugal, Italia, Polonia, Hungría y Eslovaquia, países a los que se desplazaron agentes españoles para una mejor coordinación.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre del pasado año cuando la Policía tuvo conocimiento de la existencia de una organización integrada por ucranianos que traficaban desde hacía cuatro años con personas.

El grupo criminal captaba a sus víctimas en Ucrania mediante anuncios en prensa, tarjetas de visita y por el 'boca a boca' entre intermediarios, agencias de viajes o empresas de transporte de mercancías y viajeros para trabajar en la UE, especialmente en España y Portugal, en la economía sumergida o ejerciendo la prostitución.

La organización disponía para el traslado de los inmigrantes de una flota de furgonetas y minibuses que eran conducidos por ucranianos con permiso de residencia en España, Portugal y, en menor medida, en Italia y Francia.

La mayor parte de los inmigrantes transportados eran portadores de visados Schengen de corta duración con los que simulaban ser turistas y que eran expedidos por las delegaciones diplomáticas de Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría, a pesar de que no eran éstos sus destinos finales.

En otras ocasiones eran introducidos clandestinamente por la frontera de Eslovaquia mediante camiones de mercancías, en habitáculos previamente habilitados y disimulados entre la carga.

La organización engañaba a sus víctimas haciéndoles creer que con esos documentos podrían entrar en la Unión Europea y obtener, sin problemas, permisos de trabajo y residencia y, así, les cobraban por el viaje entre 2.500 y 3.000 euros.

Una vez llegados eran alojados en los denominados 'pisos-patera', situados principalmente en Milán (Italia) y en Málaga (España).

Para asegurar el cobro de las cantidades estipuladas no dudaban en retenerles los pasaportes y documentos que portaban y, si era necesario, les mantenían encerrados en pisos de los que no podían salir hasta que recibían el dinero.

En España se han practicado cinco registros en Gerona, Valencia, Málaga y dos en Palma de Mallorca, mientras que los agentes portugueses han realizado otros nueve en su país y la policía italiana ha realizado uno más.

En los registros efectuados en España se han intervenido un arma corta de fuego real y una de fogueo, seis vehículos y un remolque, más de 16.000 euros en efectivo, dos ordenadores portátiles, teléfonos móviles y abundante documentación.

En la operación han participado Europol y Eurojust, éste ultimo el órgano de coordinación de la cooperación judicial europea que, por primera vez, ha tomado parte en el operativo policial, al que envió a dos miembros para solventar cualquier problema de coordinación entre las autoridades judiciales y fiscales de los diferentes países.