Al conmemorarse cinco años de los atentados del 11 de marzo de 2004, las víctimas, que son quienes aportan el dolor, intentan superar lo insuperable, olvidar lo inolvidable y rehacer sus vidas desde las cenizas y destrozos causados por los yihadistas; al otro lado, algunos medios y personas continúan un proceso mediático e irreflexivo sustentado en intereses oscuros y lucrativos que llevan a la desestabilización institucional.

Indigna que este triste aniversario sea celebrado, afortunadamente sólo por unos pocos, con una seguidilla de seudoinformaciones carentes de cualquier sustento probatorio que permitiese, siquiera, asignarles la más mínima credibilidad a sus sempiternas elucubraciones. La defensa que se está realizando de varios de los condenados, así como de una versión alternativa, es la misma que se realizó durante la fase de instrucción, el juicio y la casación; estamos viendo la continuidad de un proceso mediático cuyo fin es restarle credibilidad a las resoluciones judiciales que no les interesan.

Sentencia firme

Hay sentencia firme y la misma ha de respetarse para evitar un cuestionamiento interminable de unos hechos, unas pruebas y unos razonamientos demoledores: los atentados de Atocha fueron obra del yihadismo, como respuesta a la participación española en la guerra de Irak y sustentado en unas ideas seudorreligiosas sectarias y dogmáticas ajenas a cualquier razonamiento serio e irrespetuosas con los principios básicos imperantes en nuestra sociedad; buscar algo distinto es como discutir sobre el sexo de los ángeles.

La sociedad española y las víctimas del 11-M necesitan tranquilidad, precisan el sosiego posterior a la búsqueda de la verdad y, sobre todo, exigen que su tragedia deje de ser utilizada en clave política o económica para así poder avanzar en un trabajo de larga duración como es el de curar las heridas causadas por tan brutal tragedia.

Una sociedad mentalmente sana no puede vivir en constante cuestionamiento de unos hechos en los que la verdad material y la verdad jurídica son casi coincidentes; en cualquier caso, se trata de sentencia firme que ha resistido los pasos procesales necesarios, ha sido modulada (con mayor o menor acierto) y confirmada mayoritariamente por el Supremo.

Intereses mediáticos

Seguramente sea necesario preguntarse cuáles son los intereses tras la campaña mediática retomada con ardor en estos días. La respuesta sólo la tienen aquéllos que han retomado, con renovados ímpetus dicha actividad pero, a simple vista, no caben muchas respuestas que no tengan que ver con los intereses económicos o con uno más perverso como el de distraer la atención sobre hechos judiciales actuales en lugar de anquilosarnos en temas que son cosa juzgada.

A muchos nos gustaría revisar resoluciones judiciales con las que no estamos de acuerdo y que tanto nos han afectado, directa o indirectamente, pero la sanidad mental y el respeto a las instituciones nos obligan a asumir la realidad tal cual se presenta y a avanzar en la búsqueda de una más sensata convivencia que, obviamente, no es posible conseguir cuando cada tanto, y porque no encajan las cuentas o para generar humo sobre otros problemas o realidades, se vuelven a abrir los temas, no ya por el hallazgo de nuevas y mejores evidencias sino por torticeras interpretaciones de lo que siempre ha estado sobre la mesa.

Después de cinco años y ante la persistencia en la defensa mediática y obstinada de personas condenadas en firme por terrorismo cabe preguntarse si la misma es por cuestiones económicas o ideológicas; en uno u otro caso se podrán sacar las consecuencias jurídicas pertinentes porque nunca antes se habían visto tantos y tan reiterativos esfuerzos por presentarnos como víctimas a quienes no son más que victimarios.

En cualquier caso, lo relevante es que nadie está afirmando que la sentencia de la Audiencia Nacional, ni mucho menos la del Supremo, sean perfectas, porque los jueces se equivocan pero, sin duda, los mercenarios de la especulación se equivocan aún más.