Chidi Irondi denunció hace meses haber sido golpeado por varios agentes después de grabar con su móvil una identificación policial por perfil étnico. El caso fue sobreseído, pero el Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente y Rights International Spain también llevaron ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU una denuncia contra la Policía por tortura y abusos racistas.La comunicación enviada al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Relator Especial contra el Racismo, el Relator Especial sobre derechos de personas migrantes y el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes, llega después de que este último hiciera público recientemente los resultados de una investigación que recoge la violencia policial durante la pandemia y en la que por primera vez, España se sitúa entre los países más señalados por la ONU en relación a la violencia contra personas negras, solo por detrás de los Estados Unidos (EEUU).

En la información se señala que "lo vivido por la víctima tenía como objetivo humillarle por su color de piel y su nacionalidad, empleando para ello el terror, la violencia y penas corporales para que borrase imágenes de una actuación policial hacia otra persona de ascendencia africana", por temor a que fueran difundidas en redes sociales y pudieran ser acusados de abuso policial.

Además, la víctima fue sometida al Protocolo de Estambul; proceso que recoge las normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias. Entre los daños sufridos por la víctima se detallan múltiples cicatrices, una en el pómulo derecho, lesiones en ambas muñecas, dolor en el hombro izquierdo, estrés, miedo e impactos psicológicos negativos sobre la identidad y la relación con el entorno.

El 26 de junio de 2020, Chidi Irondi (33 años), de nacionalidad estadounidense, se encontraba en su domicilio situado en el distrito madrileño de Carabanchel. Sobre las 3.00 PM escuchó un alboroto que procedía de la calle. Se asomó al balcón y pudo observar que cuatro agentes de la Policía Nacional rodeaban a una persona negra a la que identificaban. "No me gustó la forma en que lo hacían", señala, "así que empecé a grabar". En ese momento, uno de los agentes se percató de ello y le apercibe de no publicar las imágenes en redes sociales puesto que según el agente, sería un delito.

Horas más tarde, Chidi sale de casa para jugar al fútbol con sus amigos, cerca del portal se encuentra con los mismos agentes que acuden a identificarle. Tiene su pasaporte en casa así que le proponen acompañarlo. Mientras suben por las escaleras siente un fuerte golpe en la espalda. "No recuerdo con qué me golpearon, no lo podía creer, estaba confuso, quería llegar cuanto antes a casa, donde tendría al menos como testigo a mi compañero de piso", señala.

Una vez en casa, les solicita sin éxito el número de identificación obligatoria que no portan visible en el uniforme, como se ve en los vídeos a los que Chidi muestra. Tras unos minutos de discusión, los agentes irrumpen en su domicilio y comienzan a reducirlo. Denuncia que le golpeaban sin que opusiera resistencia, solo se cubría para evitar lesiones ante los puñetazos y patadas que recibía por un número de agentes mucho mayor al inicial. En el suelo lo arrastran de los pies, desde el pasillo de casa hasta el rellano del portal.

Al comprobar su nacionalidad norteamericana, según recoge la denuncia y narra el propio Chidi, el agente que tenía una rodilla sobre su cuello comenzó a hacer bromas sobre la muerte de George Floyd, el joven afroamericano que hacía tan solo unos días había perdido la vida a manos de un policía que le presionó sobre el cuello hasta matarlo. "Gritaba que no podía respirar, tenían mi cuerpo inmovilizado y, aún así, el agente mantenía su rodilla sobre mi cuello. No sé cuánto tiempo duró pero para mi fue mucho", recuerda.

A continuación, fue detenido y trasladado a la comisaría del distrito de Carabanchel, a un calabozo que describe como "insalubre y sucio". Allí le retiraron unas dosis de autoconsumo de cannabis que portaba encima y que han sido empleadas como justificación de la actuación. Una versión que no explica la prueba que Chidi alberga y que los agentes no citan, el video de la identificación del otro joven que habían llevado a cabo y que él grabó desde su balcón. Así mismo, añade que durante el tiempo que pasó en comisaría llegó a recibir amenazas de alteración del relato policial a la hora de incriminarlo en un delito de consumo de drogas. "Me decían que había tenido suerte de no estar en EEUU y que esto me pasara en España", señala.

La comunicación remitida a la ONU, también recoge que no se respetó su derecho a contactar con el consulado estadounidense, a pesar de solicitarlo, tampoco se le permitió hacer una llamada. En este sentido, señala que uno de los agentes le propuso permitirle llamar por teléfono si accedía a borrar las imágenes que había grabado con su móvil, "querían negociar mis derechos, me pedían borrar el video a cambio de hacer una llamada" indica. Tras una larga insistencia se le facilitó la carta de lectura de derechos en inglés. Sin embargo, no se rellenó con lo que él indicó.

No pudo contactar con un abogado ni con un intérprete hasta el día siguiente, cuando por fin pudo hacerlo, "lo primero que me dijo el abogado de oficio fue que iba a hablar con la otra parte para hacer un trato, yo me negué porque no había hecho nada malo y no iba a asumir esa culpa". Señala que al mismo tiempo, el intérprete con el que había hablado, trató de quitar hierro a la situación y sin hacer caso de lo que él decía, le espetó "en España los policías no son racistas".

Como tampoco le facilitaron el derecho a ser asistido por un médico, una vez puesto en libertad, acudió al Centro Hospitalario de Nuestra Señora del Rosario, donde fue examinado. Allí le recomendaron reposo, la inmovilización del brazo izquierdo y medicamentos antiinflamatorios a consecuencia de la brutal agresión sufrida.

También en el Centro Hospitalario se sintió cuestionado. Necesitaba el parte médico como justificante para el trabajo al que no pudo acudir por lo sucedido. La profesional que lo atendió no aceptaba incluir otra justificación que no fuera la policial y que relacionaba sus lesiones con una desobediencia a la autoridad. "Sentí que todos me culpaban, desde la policía, a la doctora, al juez... era como si todos justificaran lo que me había pasado, como si lo mereciera".

La comunicación a la ONU es un procedimiento que suele tardar meses en ser respondido, durante ese tiempo, la organización internacional analiza toda la documentación recibida y solicita al Estado español su versión de los hechos antes de emitir un dictamen. Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción que lleva la denuncia de Chidi contra los agentes de policía, acaba de acordar el sobreseimiento provisional del delito de lesiones sufrido por él, sin mencionar las denuncias de torturas que el Estado español estaría obligado a investigar, más cuando van acompañadas de un informe pericial y un Protocolo de Estambul. La defensa se encuentra en la actualidad redactando un recurso, que no afecta a la investigación iniciada por la ONU.

Desde Andalucía, a donde tuvo que marchar Chidi tras abandonar la habitación que tenía alquilada a consecuencia de lo sufrido, explica que su denuncia tiene como fin que los hechos no queden impunes. Y aunque manifiesta una reducida confianza en la justicia, señala que lo hace para visibilizar que estas cosas suceden, "no creo que yo sea la única historia", concluye.