La Delegada del Gobierno contra la Violencia machista, Victoria Rosell, ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha medidas urgentes para atajar las violencias machistas, algunas contenidas ya en el pacto de Estado, y que contribuyan a la seguridad de las mujeres a la hora de denunciar los malos tratos y romper las resistencias que existen a la hora de denunciar.

Ninguna de las 10 asesinadas por este tipo de violencia desde que comenzara el año habían presentado denuncia sobre los malostratos que sufrían, y de las 55 mujeres asesinadas a lo largo de 2019, tan solo 11 habían dado la voz de alarma. Una proporción extremadamente baja que, según Rosell, se debe a diversos factores. Entre ellos el miedo que les produce a las mujeres no ser creídas cuando entran en el sistema de justicia, lo que previene al 13% de ellas a interponer denuncias y la inseguridad que les provoca hacerlo, lo que puede frenar a otro 28% a denunciar. 

Estos datos forman parte de un reciente informe sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en denunciar o en verbalizar su situación, elaborado por la Delegada del Gobierno. Otras de las conclusiones del estudio indican que las mujeres tardan de media 8 años y 8 meses en denunciar la violencia que sufren. Si las mujeres tienen hijos mayores de 18 años este plazo se incrementa hasta los 15 años. Y en el caso de mujeres cuyos hijos tienen menos de tres años de edad, la denuncia se realiza algo más rápido, pero la media se sitúa en los seis años. 

"Para este Gobierno feminista hay políticas que son de supervivencia. Son vitales" ha explicado Rosell y ha afirmado que desde hace ya décadas nuestras leyes, la ONU y su comité antidiscriminación (CEDAW), el Convenio de Estambul y la conferencia sobre la Mujer de Beijing de 1975, han dejado claro que lo que motiva esta violencia es "la desigualdad y la situación de discriminación de la mujer con respecto al hombre", afirmó.

Por eso, para acabar con este drama, "la única solución es más igualdad".  Para la Delegada del Gobierno "todos los cargos políticos deberíamos mostrar mayor respeto a la violencia y no hablar de partidismo". Afirmó, en clara referencia a la postura negacionista de Vox y a las manifestaciones del Partido Popular y exhortó a que "un año después de la foto de Colón, habría que recuperar la derecha del pacto de Estado". Un documento aprobado por todos los grupos del Congreso en septiembre de 2017, al que Unidas Podemos se abstuvo por considerarlo escaso. Su puesta en funcionamiento, sin embargo, ha sido escaso hasta la fecha.
Acompañamiento judicial personalizado.

Entre las medidas urgentes que anunció Rosell que se pondrán en marcha, figura precisamente el compromiso 113 del pacto de Estado, que establece la necesidad de diseñar y poner en marcha un plan de acompañamiento y asesoramiento judicial personalizado de la víctima. "Esta medida debe implicar a las diferentes administraciones, que contemple la asistencia de la víctima y sus hijos e hijas con carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento", afirma el documento. Este acompañamiento irá acompañado de medidas de formación obligatoria especializada a todos los y las agentes implicados. 

La medida contempla, además, revisar el protocolo de los Juzgados competentes en violencia de género para que la información sea más accesible a las mujeres víctimas de violencia de género, más transparente el itinerario y los procedimientos y haciendo más transparente el recorrido judicial desde que e interpone una denuncia hasta el final del proceso.

Rosell reconoció que es necesario trabajar en coordinación estrecha con diversas instituciones de la administración pública para asegurar que estos mecanismos se ponen en marcha.

Otra de las medidas clave será impulsar el título habilitante que acredite la situación de 'víctima de violencia de género' a una mujer maltratada sin necesidad de que haya interpuesto denuncia. Una medida que el Gobierno aprobó en 2018 a través de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo del 'Pacto de Estado contra la Violencia de Género' pero que necesita de mayor coordinación para que sea efectiva.

Para ello, Rosell anunció que se reunirá con la comunidades autónomas en una nueva conferencia sectorial antes de que finalice marzo, para asegurar que las víctimas sean reconocidas por los servicios sociales, servicios especializados y otros que se pacten", sin necesidad interponer denuncias. 

Esta medida busca, entre otras cosas, acabar con "la bolsa negra" de mujeres asesinadas por violencia de género que no habían denunciado previamente su situación de maltrato.

Más dispositivos de seguimiento

"Hay que insistir en lo que funciona", ha afirmado Rosell. Por ejemplo, la aplicación de los dispositivos de seguimeniento, puesto que "no ha habido ninguna mujer asesinada cuando los llevaba". Se trata de las conocidas pulseras de seguimiento telemático. El único caso en que una mujer que tenía este dispositivo fue asesinada ocurrió en Valencia y fue porque se lo había quitado para ver a su maltratador, momento en que la mató.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Público, a 31 de diciembre pasado el número de estos dispositivos activos era de 1.577 y según las estadísticas su uso se había incrementado en un 33,3% en el último año.  Se trata, según dichas fuentes, del mayor incremento registrado. Su uso, sin embargo, depende directamente de los órganos judiciales.​

No sirve un enfoque únicamente penal

Frente a las voces que hablan de denuncias falsas y que afirman que la ley de violencia de género no funciona, Rosell fue categórica: "Lo que no funciona es el "reduccionismo y al absurdo del enfoque únicamente penal para acabar con la violencia de género, al igual que con las violencias sexuales. Oímos demasiadas voces desde la ultraderecha que dicen que vuestra Ley no funciona y es tan absurdo como intentar derogar los códigos penales o los códigos de la circulación porque sigue habiendo delitos o siniestros"

"Funciona también la educación, la formación en igualdad y en perspectiva de género", así como "la coordinación institucional", añadió. "Nuestra ley no es el código penal. La ley 1/2004 contra la violencia de género tenía y tiene varios títulos que hacen referencia a la prevención, al ámbito sanitario, al de la comunicación, al de la publicidad, al ámbito social y solo hay un título, el cuarto, sobre la protección penal. Esto sólo terminará con menos trabas, con más recursos, tal como está recogido en el pacto de estado, y con más implicación de toda la sociedad.

Desde que comenzaran a recopilarse datos sobre este tipo de violencias en el 2003, un total de 1.043 mujeres han sido asesinadas en nuestro país por sus parejas o exparejas. Las dos últimas este fin de semana, una en Granada y otra en Lugo.