La violencia de género ha dejado en ocho años alrededor de 524 huérfanos, el 58,9% de ellos menores de edad, según los cálculos de Fundación Mujeres, la entidad que gestiona el Fondo de Becas Soledad Cazorla que acompaña a las familias que asumen la crianza de estos niños.

En la presentación del V Informe Anual del Fondo de Becas Soledad Cazorla, la entidad ha señalado que entre el 1 de enero de 2013 (año en que se comenzó a contabilizar a los huérfanos de esta lacra) y el 20 de mayo de 2021, son 309 los menores que han sufrido el asesinatos de sus madres consecuencia de la violencia de género y alrededor de 524 si se contabiliza a los mayores de edad.

Sin embargo, han explicado, esta última cifra es una estimación, ya que las cuentas de los huérfanos mayores de 18 años no se actualizan a menudo, según han explicado.

El promotor de los Fondos, Joaquín García Cazorla ha destacado, además, el trabajo que han tenido que realizar durante la pandemia del Covid-19, para ayudar en mayor medida a aquellas que estuvieran en situación de especial vulnerabilidad.

Según ha explicado la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, la entidad quiere impulsar dos iniciativas legilastivas: una para la mejora de la situación patrimonial que deriva de los asesinatos de las madres, que tiene que ver con "impedir la tributación indirecta en las transmisiones e bienes distintos del efectivo"; y otra relacionada con centrada en el acceso de estos huérfanos a la liquidación del régimen económico matrimonial.

Soleto ha explicado que hay padres que no tienen liquidez para pagar a sus hijos la indemnización por responsabilidad civil tras el asesinato de la madre y deben pagarlo a través, por ejemplo, de la casa. Estas retribuciones requieren una tributación para el huérfano que no se pueden permitir y, por tanto, no pueden acceder a la indemnización. También existen problemas, ha indicado cuando los herederos de las víctimas de la violencia de género quieren acceder a la liquidación del régimen económico matrimonial.

Del mismo modo, la entidad cree que es necesario realizar una nueva evaluación de la situación. La Fundación recuerda que en 2019 se realizó una modificación que elevó considerablemente las cuantías de esta pensión (de unos 200 euros a un mínimo de unos 700) al desvincular la misma a la cotización de la víctima. Esto ha permitido, ha explicado García, que 75 niños mejoraran su situación anterior, ya sea porque se les aumentó la cuantía o porque optan a la pensión cuando antes no podían.

Pero Soleto reconoce que, en la actualidad, están "preocupados" por la "tendencia descendente" en la aplicación de estas medidas. Según ha apuntado, "la mitad" de los huérfanos aún no han visto mejorada su situación y cree que estas son cifras suficientes estudiar "cuáles son los que se quedan fuera" o qué "dificultades y obstáculos tienen las familias".

Desde Fundación Mujeres advierten también de los problemas que existen en familias que se plantean adoptar a estos menores y que no lo hacen porque su decisión impide al menor cobrar la pensión. Esta retirada de la prestación no tiene en cuenta la renta de las familias de acogida, por lo que la adopción puede llevar a esta "a una situación de pobreza extrema".

Desde la entidad piden modificaciones para que los menores puedan conservar la pensión o alguna ayuda de algún tipo, de forma que las familias de rentas más bajas que quieran adoptar puedan hacerlo.

También existen problemas, ha explicado Soleto, cuando el padre del huérfano no es el agresor. En este sentido, Soleto ha reclamado un estudio de la situación ya que, en el caso de familias monoparentales, hay peligro de que se produzca una situación de desamparo.