Violencia de género El frenazo a los presupuestos de 2018 pone en riesgo la aplicación del pacto de Estado

El pleno del Congreso vota este jueves el texto para un pacto de Estado contra la violencia de género elaborado por la subcomisión que la cámara baja creó para este fin y que fue aprobado el 28 de julio por la comisión de Igualdad tras seis meses de trabajos y búsqueda de consensos. 

Pero el acuerdo, logrado con mucho esfuerzo de todas las fuerzas políticas y aireado no sin pocas alharacas, va a encontrarse con dos factores que ensombrecen el día grande de su aprobación.

Todos los grupos parlamentarios volverán a presentar ante el pleno los votos particulares (enmiendas) que ya expusieron en julio en la comisión de Igualdad y que no fueron aprobados. En aquella sesión, la comisión del Congreso sólo pudo aprobar el dictamen por mayoría, pero sin unanimidad, debido a la decisión de Unidos Podemos de abstenerse.

Así, la formación morada volverá a presentar sus votos particulares, entre los que se incluye una enmienda a la totalidad del texto pactado, por lo que, de no aprobarse ésta, volverá a abstenerse en la votación. Y no habrá, por tanto, la tan buscada unanimidad.

Según Ángela Rodríguez, portavoz de Igualad de En Marea, "a no ser que salga adelante nuestra enmienda a la totalidad y pudiéramos reescribir ese pacto, nuestra postura será la abstención. Se trata de un cuestionamiento político por falta de coincidencia en el enfoque sobre cómo se ha escrito ese texto". "Creemos que tiene medidas que están muy bien, pero no compartimos el enfoque y desde luego le faltan cuestiones importantes, incluidas las garantías para su ejecución". Entre ellas cita las garantías económicas.

De hecho, el pacto llega a su aprobación en el Parlamento en medio de la incertidumbre sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que por falta de apoyos el Gobierno ha decidido postergar sin fecha. De no aprobarse en plazo, esto supondría la prórroga de los presupuestos de 2017, por lo que no existirían las partidas nuevas acordadas en el pacto para luchar contra la violencia de género.

1.000 millones en el aire

El documento estipula la inversión de 1.000 millones de euros de dinero adicional durante los próximos cinco años para aplicar las más de 200 medidas que contiene, comenzando en 2018.

Por su parte, el grupo Socialista en el Congreso volverá a presentar 12 enmiendas que no fueron tenidas en cuenta en la comisión de Igualdad en julio, y una más, negociada con todos los grupos parlamentarios, que garantiza que las madres cuyos hijos son asesinados por violencia machista sean inmediatamente reconocidas como víctimas de violencia de género.

Entre las medidas que el PSOE intentará incluir en el pacto figuran la modificación del artículo 146 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no permita la dispensa de la obligación de la víctima o los testigos a declarar contra el maltratador.  Otro de los votos tiene que ver con la actuación de los juzgados en casos de sustracción internacional de menores en los que existan indicios de violencia de género (recuérdese el caso de Juana Rivas) y otra más que pedirá al Estado medidas de reparación del daño por parte de la Administración del Estado cuando exista mala praxis, en clara referencia al caso de Ángela González Carreño.

El pleno votará primero el dictamen de la Comisión de Igualdad tal y como fue acordado. Posteriormente deberá aprobar los votos particulares que se incluyeron en julio en la Comisión de Igualdad y por último, votará los votos particulares que cada grupo presente en el debate.