Inocentes. Así se declaran los cinco hombres acusados de violar a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016 al inicio de juicio que comenzó hoy en Pamplona y que se extenderá hasta el próximo 24 de noviembre.  No ha habido ninguna sorpresa. Las claves de la defensa habían sido aireadas durante los últimos días en diversos medios de comunicación en los que el abogado de varios de los acusados ha hablado abiertamente de cuál será su estrategia: afirmar que la relación fue consentida y verter las culpas sobre la víctima.

Se trata de un caso emblemático por la brutalidad de los agresores que actuaron en grupo. Ellos se autodenominan la manada, en referencia a un grupo de Whatsaap que comparten con otros amigos y en el que comentaron lo que habían hecho poco después de dejar a la joven abandonada dentro de un portal, robarle el móvil y deshacerse de la targeta SIM para que no pudiera comunicarse con nadie. 

El escrito del fiscal no deja espacios a la duda. Según su relato, los cinco acusados se ofrecieron a acompañar a la joven hasta su coche. Durante el trayecto los hombres estuvieron buscando un lugar donde, según la fiscalía, pudieran tener relaciones sexuales aunque la joven no era consciente de esto, apunta. Lo intentaron en unas escaleras que bajaban hacia los baños de un bar. Lo volvieron a intentar en el Hotel Europa, donde solicitaron una habitación por horas, hasta que finalmente uno de ellos entró en el portal de una edificio de viviendas aprovechando que una mujer abría el puerta y comentando que estaba alquilando uno de los pisos. Subió en ascensor al segundo y volvió a bajar para abrir a sus compañeros que se habían quedado fuera.

Dos de los acusados sujetaron a la joven por los brazos y la empujaron dentro del  portal, advirtiéndole para que se callara y no gritara, continúa el relato. La llevaron “a un pasillo sin salida que da acceso a los cuartos de luz y electricidad”. El fiscal considera probado que, tras rodearla y bajarle el pantalón y la ropa interior, “ellos, a su vez, se bajaron los pantalones y la ropa interior y, valiéndose de su superioridad física y numérica, y de la imposibilidad de la víctima de ofrecer la más mínima resistencia ante el temor a sufrir un daño aún mayor, la obligaron a realizar diversos actos sexuales con cada uno de ellos, actuando de común acuerdo y con ánimo libidinoso”.

El relato del fiscal detalla los actos sexuales, felaciones, penetraciones vaginales y anales, los ‘besos negros’… Mientras se cometían, “sin el conocimiento de la víctima, pero con el consentimiento del resto de los acusados”, dos de ellos grabaron con sus móviles y sacaron fotografías de la escena. Poco después lo anunciaban su hazaña en el chat la manada que compartían con un grupo de amigos: “follándonos a una entre cinco. Hay vídeo”

“Cuando los acusados se dieron por satisfechos, se vistieron. Pero, antes de salir, valiéndose de la situación intimidatoria ante la víctima, y de común acuerdo, le quitaron el móvil, le sacaron la tarjeta SIM y la arrojaron en el mismo portal con el objetivo de que la víctima no pudiera pedir auxilio", añade el relato de la fiscalía. Todo transcurrió en unos 15 minutos entorno a las 3 de la madrugada del 7 de julio de 2016. 

Por estos hechos la fiscalía solicita 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los cinco acusados (18 por un delito continuado de agresión sexual, dos años y 10 meses por un delito contra la intimidad y otros dos por robo con intimidación). Sin embargo, la mayor petición corresponde al Gobierno de Navarra (25 años y nueve meses de prisión), que se presenta como acción popular junto al Ayuntamiento de Pamplona. En este primer día de juicio, la defensa de los acusados intentó eliminar a estas dos instituciones públicas del juicio, aduciendo que no existe base legal para que ejerzan la acción popular,  y que esta actuación está restringida a los casos de víctimas de violencia de género. Sin embargo el juez rechazó esta petición y tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento, continúan en el proceso.

"No se trata de una relación no consentida, como estamos viendo que se denomina a este hecho en algunos medios de comunicación. Lo que se está juzgando es un delito de violación", afirma a Público Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres juristas Themis. "No es consentido. Se trata de cinco hombres contra una joven de 18 años y la víctima no tiene porqué hacer acciones heroicas que pongan en peligro su vida o su integridad. No está obligada. En este caso, el consentimiento mutuo está viciado. La defensa va a ir a poner en duda la integridad de la joven, aducir que ella que ella los incitó. 

Por ello, para esta jurista, es imprescindible que el tribunal garantice que el interrogatorio de la joven no derive en una ataque contra la víctima. "Esto es algo que el tribunal no debería permitir bajo ningún concepto. Que se culpabilice a la joven. Esto implicaría que la víctima sería doblemente violada", concluye Fernández.

En el mismo sentido se manifiesta Yolanda Besteiro, abogada y presidenta de Federación de Mujeres Progresistas al afirmar que el escrito del fiscal es claro y concluyente y que indica una premeditación de las acciones, puesto que los cinco hombres estuvieron buscando un lugar donde perpetrar los hechos. El escrito del ministerio público es muy duro y sería muy complicado que no los culpen, aunque no conozco las pruebas que se aportarán en el juicio".

La joven agredida será la primera en prestar declaración en el juicio. Lo hará este martes a solas. No hay posibilidades de que coincida con sus agresores, puesto que estos no estarán en la sala y prestarán declaración el próximo 22 de noviembre.

Incluir la violencia sexual como violencia de género

La violencia sexual, no está contemplada en las leyes españolas como una violencia de género. Sí como una que se comete contra las mujeres. Pero el matiz es importante, sobre todo en lo que a derechos y protección social se refiere.

La ley contra la violencia de género de 2004 sólo contempla como víctimas de violencia de género a las mujeres que son agredidas por sus parejas o exparejas. Esta consideración de víctima es importante, porque abre todo un abanico de actuaciones y protecciones que no tendrán las víctimas de otros delitos  (apoyo psicológico, jurídico, económico, médico...). Todos los tratados internacionales en materia de género firmados y ratificados por nuestro país (el de la CEDAW de Naciones Unidas o el Convenio de Estambul del Consejo de Europa), afirman que la consideración de violencia de género tiene que ser extendida a supuestos que hoy por hoy nuestra legislación aún no contempla.

El documento para un pacto de Estado contra la violencia machista sí contempla la ampliación de los supuestos, pero requerirá de reformas legales para que esta ampliación sea efectiva.

En un comunicado, las organizaciones feministas Andrea y Lunes Lila de Pamplona, integradas en la Plataforma 7N, hacen dos peticiones principales de cara al juicio y al tratamiento de la víctima. Por un lado reclaman "que en el proceso judicial participen profesionales con formación en género, que entiendan y comprendan las particularidades de las denuncias y procesos judiciales relativos a violencia sexual y violencia machista". Por otro, que "durante todo el proceso judicial, así como posteriormente, la víctima sea atendida por los órganos competentes y no se sienta sola, garantizándole la atención psicológica y jurídica gratuita". Eso pasa por "modificar la ley estatal de 2004 sobre la violencia de género, para que incorpore esta realidad: la violencia sexual". Sin esta inclusión, las víctimas de violencia sexual no pueden acceder a todo un abanico de apoyo y asistencia que contempla la ley.

Ambas organizaciones reclaman "un proceso judicial limpio y justo. No lo decimos sin fundamento. Hace una década vivimos el proceso judicial por el asesinato de la joven Nagore Laffage a manos de José Diego Yllanes Vizcay en los Sanfermines de 2008. Un juicio injusto y que despreciaba los derechos de las mujeres ya que se concedió credibilidad absoluta al acusado", afirman en el comunicado.

Fiestas más seguras

El caso de esta violación múltiple en Sanfermines que hoy se juzga, supuso un antes y un después en la concepción de las grandes fiestas municipales y locales. Si bien en muchos lugares como Navarra esta era una tendencia que había comenzado ya unos años antes, el caso supuso un cambio en las actuaciones, los medios y la publicidad sobre la tolerancia cero hacia este tipo de eventos.
​Los Sanfermines de este año contó con un gran número de efectivos y de protocolos de actuación, sobre todo para hacer posible las denuncias de abusos sexuales que frecuentemente son menos denunciados. 

También el Ayuntamiento de Madrid activó el pasado verano una amplia campaña contra las agresiones machistas. Además de incrementar los protocolos de actuación, habilitó una página web y un teléfono móvil de denuncias permanente durante todo el período de fiestas. "No es no. Cuando sea, como sea, donde sea" fue uno de los lemas más repetidos en la acción, que contó con la participación de actores de renombre que prestaron su imagen y su voz a diversos vídeos divulgativos.

La popular tomatina de Buñol se unió este año a las fiestas sin violencia con medidas y carteles que buscaban la tolerancia cero hacia este tipo de agresiones. ​