Si hace dos años España suspendía en políticas de igualdad en su examen regular frente al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés), nuestro país volverá a suspender en la revisión intermedia que deberá remitir a este comité antes del 29 de julio.

Así lo afirma la Plataforma CEDAW Sombra, que engloba a unas 60 organizaciones, fundaciones y coordinadoras feministas de toda España y que será remitido a las expertas que conforman el Comité de la ONU como parte de la revisión de carácter intermedio a la que tiene que someterse España.

Según la Plataforma, nuestro país ha hecho oídos sordos a la mayor parte de las recomendaciones que Naciones Unidas le hizo en julio de 2015. En concreto denuncian que se ha incumplido lo relativo a revisar y ampliar la legislación vigente en materia de violencia de género para incorporar todas las formas de violencia contra la mujer, tal como se comprometió España al ratificar la Convención CEDAW y más recientemente el Convenio de Estambul en 2014. 

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género vigente en España desde 2004 sólo hace referencia a la violencia que sufren la mujeres en el ámbito de la pareja o expareja. Sin embargo los convenios internacionales firmados y ratificados por España exigen que se legisle de forma más amplia incorporando otro tipo de violencias que se producen de manera cotidiana y sistemática tanto en espacios públicos como privados, como la violencia sexual en sus diversas manifestaciones (acoso, abuso, agresión, stalking-acecho-), la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso, la violencia obstétrica, la violencia cometida por cuidadores contra mujeres mayores o con diversidad funcional o la violencia contra mujeres migrantes trabajadoras del servicio doméstico, entre otras.

Si bien la Plataforma CEDAW Sombra reconoce que  el Parlamento ha comenzado un proceso de diálogo para establecer un Pacto de Estado contra la violencia de género, también advierte de que este proceso lento y poco transparente "no garantiza que vaya a traducirse en un cambio claro de la legislación.

Otro de los apartados en los que las organizaciones resaltan que España no ha hecho sus deberes, es en su obligación de proporcionar un tratamiento adecuado a mujeres y niñas refugiadas, incorporando una perspectiva de género en los programas de asistencia.

Según el informe, "más allá del clamoroso incumplimiento por lo que respecta al número de personas refugiadas que ya deberían estar aquí, es especialmente terrible comprobar cómo la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), responsable de los procesos de instrucción de las solicitudes, no garantiza los mínimos que han de aplicarse en los procesos de entrevista con las mujeres solicitantes de asilo, muchas de las cuales son posibles víctimas de trata". 

Formación deficiente

Otro de los ámbitos analizados por las organizaciones y que suponía un área en la que España debía mejorar, según el dictamen de la CEDAW de 2015, es el de la formación en violencia de género.

Según el informe de CEDAW Sombra, esta formación es obligatoria en la actualidad a las personas que desarrollan su labor en organismos especializados en violencia de género, como es el caso de los juzgados, las fiscalías de violencia o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, denuncian que esta formación es obligatoria antes de incorporarse a su destino y que no está previsto ningún proceso de actualización de conocimientos. 

Este esquema deja fuera a muchos profesionales que en el día a día tienen competencias para resolver asuntos como las ordenes de protección, unidades de valoración forense (cuya función es fundamental para realizar las pericias médicas o psicológicas) o a los profesionales sanitarios, cuya formación es muy desigual por depender de cada Comunidad Autónoma.

La Plataforma destaca, también, las carencias en la recopilación de datos y análisis sobre violencia de género por parte de organismos oficiales y vuelven a recordar que ésta se centra casi exclusivamente en los casos de víctimas mortales derivadas de la violencia en el ámbito de la pareja y en el análisis de los casos de denuncias.