Violencia de género El Gobierno inicia los trámites para un nuevo indulto a María Salmerón

En la mañana de este pasado miércoles María Salmerón tenía una citación para presentarse en la comisaría de Dos Hermanas de Sevilla. En el escrito, que recogió su hija el día anterior, sólo se decía que se personara en comisaría por "un asunto de su interés". El temor de Salmerón era que se tratara de una cita para notificarle su inminente ingreso en prisión, después de que una jueza de Sevilla emitiera un auto de ingreso inmediato en julio pasado y de que la Audiencia de Sevilla rechazara el recurso de sus abogados. Sin embargo, se trataba de un trámite protocolario que forma parte del proceso del indulto que el Gobierno estudia concederle.

Según su abogado, José Estanislao, "cuando se presenta un indulto, el Ministerio de Justicia abre un expediente y pide al juez que elabore un informe que tiene que incluir información del Ministerio Fiscal, de la Policía, del propio condenado y de la parte contraria. En este caso desde el juzgado han librado un oficio a la subdelegación del Gobierno de Andalucía para que los cuerpos y fuerzas de seguridad que correspondiera, en este caso Policía Nacional, emitieran un informe de conducta y de peligrosidad social sobre María Salmerón".

Hace unos días, cumpliendo las órdenes del Ministerio de Justicia, el juzgado de lo penal número 6 de Sevilla, el mismo que en julio pasado había dictado un auto de prisión contra ella, abrió una pieza separada para iniciar las diligencias para un posible indulto.

Para Estanislao se trata de una buena noticia que suspende la orden de entrada en prisión. "Siempre que se inicia un procedimiento de indulto y la pena de prisión es de menos de dos años, como es este caso, queda en suspenso hasta que se tramite el indulto y haya una respuesta afirmativa o negativa".

En caso de que la respuesta del Gobierno fuera afirmativa, se trataría del cuarto indulto del Estado a Salmerón. Los otros tres indultos parciales (impedían la entrada en prisión pero no las cuantías económicas a las que había sido condenada), los concedieron varios Gobiernos del Partido Popular. En todas las ocasiones la pena de prisión fue por el mismo delito: incumplir las visitas de su hija con su exmarido, condenado por malos tratos a 21 meses de prisión, aunque no llegó a entrar el la cárcel debido a que la condena era menor de dos años y que no tenía antecedentes.

El 27 de julio, poco después de conocerse la orden de entrada en prisión de Salmerón, la ministra de Igualdad, Irene Montero, difundió un tuit en el que daba a entender que el Gobierno estaría en disposición de indultarla. En el mensaje, Montero afirmaba que "ninguna mujer debería ser condenada, mucho menos entrar en prisión, por proteger a sus hijos de la violencia machista y del maltratador. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se cometa una injusticia con María Salmerón. Gracias por luchar por luchar por los derechos de todas".

Ninguna mujer debería ser condenada, mucho menos entrar en prisión, por proteger a sus hijos de la violencia machista y del maltratador. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se cometa una injusticia con María Salmerón. Gracias por luchar por los derechos de todas.

— Irene Montero (@IreneMontero) July 27, 2020

Violencia institucional

El caso de María Salmerón ejemplifica a la perfección la violencia institucional que sufren muchas mujeres en el sistema de justicia cuando se oponen a cumplir órdenes judiciales que obligan a sus hijos a ver a sus padres maltratadores. Tras su última condena, Salmerón declaraba a Público: "Mi exmarido quiere acabar conmigo y la justicia está siendo su cómplice en el maltrato".

Su hija, que hoy tiene 20 años, lleva más de siete declarando en diversas instancias judiciales que no quiere ver a su progenitor. La última vez que lo dijo fue precisamente en el juicio de 2019 en el que condenaron a su madre a una pena de nueve meses de prisión, que es la que ahora puede ser indultada. Su hija, entonces, ya era mayor de edad y nadie puede obligarla a ver a su padre.

Desde hace casi dos décadas, la expareja de Salmerón, que pertenece a una asociación que niega la violencia de género, no ha dejado de interponer denuncias contra ella, algunas de las cuales han acabado en condenas. Hasta el momento nunca ha entrado en prisión, pero tal como afirmaron recientemente diversas juristas a Público, el indulto es una medida excepcional, no la solución del problema.

Un nuevo indulto impediría que entre en prisión por esta condena concreta, pero no evita que otras denuncias y otra condena a cinco meses de cárcel emitida en verano por el juzgado número 1 de Sevilla, sigan su proceso. Esta última sentencia ya ha sido recurrida por la defensa de Salmerón.

Más de 300 organizaciones y 500 personas piden su indulto

La petición de indulto para María Salmerón no ha sido presentada por su defensa. La promovió el Fórum de Política Feminista y fue apoyada por más de 300 organizaciones y otras 500 firmas individuales. Está dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

En la nota, que fue enviada a principios del mes de septiembre al presidente del Gobierno y registrada en el Ministerio de Justicia, se explica que "nos encontramos reclamando un cuarto indulto para una mujer cuyo único delito es haber defendido, con uñas y dientes, a su hija de un hombre violento, su padre. Un maltratador que ha conseguido evitar la cárcel pese a que fue condenado a un año y nueve meses y orden de alejamiento por un delito de malos tratos en el ámbito familiar".

El documento afirma que el de María Salmerón "es un caso más en el que, desde la justicia, se ejerce violencia institucional contra las mujeres, una violencia cuyo máximo exponente se encuentra en el caso de Ángela González Carreño, que interpuso 51 denuncias contra su maltratador antes de que este asesinase a su hija".

Los firmantes explican en el escrito de indulto, que juzgar sin perspectiva de género tiene como consecuencia que mujeres y niñas "no accedan en condiciones de igualdad a un sistema judicial patriarcal". Para que ello no ocurra, explican, es necesario entender que "se necesita analizar los casos sabiendo identificar estereotipos y prejuicios de género y buscar soluciones justas para situaciones desiguales. Algo que, evidentemente, no ha sucedido en este caso".

El documento concluye pidiendo a las instituciones que actúen "antes de que se cometa una nueva injusticia, porque cuando nos tocan a una, nos tocan a todas".