Violencia de género Asociaciones de mujeres exigen al CGPJ que investigue los "maltratos judiciales" a víctimas de violencia machista

Cuando en abril de 2014 Isabel López decidió denunciar a su pareja por malos tratos, pensó que ese sería el principio del fin de su calvario. Sin embargo, tal como relató Público a principios de enero, este paso supuso el inicio de otro calvario judicial que dura ya más de tres años y que aún no ha terminado.

Este lunes, ha decidido presentar una queja ante la comisión disciplinaria del Consejo Genereral del Poder Judicial denunciando su situación y para que se investigue la actuación de la jueza del juzgado número 1 de Arganda del Rey de Madrid, María Jesús López Chacón.

Su queja (30 folios en los que relata los errores judiciales) estará respaldada por las principales organizaciones de feministas, que han denunciado este lunes en rueda de prensa que el de Isabel no es un caso aislado, y que muchas mujeres que finalmente se deciden a denunciar la violencia de sus pareja acaban "revictimizadas por los operadores jurídicos y por el sistema que debería protegerlas", afirmó Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.

Uno de los principales problemas al que se enfrentan las mujeres que denuncian violencia de género, es que los operadores judiciales (jueces y juezas, abogados, servicios sociales....) "no saben y no están formados sobre violencia de género, no saben cómo se produce, cómo reaccionan las mujeres ni conocen su ciclo, por lo que no están  en condiciones para juzgarlos", afirmó Besteriro.

Según las organzaciones -entre las que figuran también Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión Investigación Malos Tratos-, es habitual que los agresores presenten denuncias cruzadas cuando son acusados de violencia de género. Esto es lo que ocurrió en el caso de Isabel, que pasó en la primera vista de ser posible víctima a la que había que proteger, a ser imputada por un delito de maltrato en el ámbito familiar, a pesar de que ella llegaba con un parte de lesiones tras una paliza que le dejó marcas en todo el cuerpo y él con unos arañazos en el cuello. 

Hay patrones que se repitan muy a menudo, según las organizacioens. Uno de ellos es no creer la palabra de las mujeres que denuncian, y otro centrarse en el último hecho por el que la mujer ha decidido denunciar. Según Amelia Fernández, persidenta de Themis, es habitual que cuando la mujer comienza a declarar en una situación de trauma la palabra que escucha es siempre la misma: "vaya al grano".  "Lo que estamos haciendo es un juicio parcial de lo que le ha ocurrido a esta víctima, que lleva años y que concurre en ese último instante y no se la permite hablar de más hechos. No se pueden permitir esos juicios rápidos y que se encorsete el dolor de la víctima en ese hecho concreto", afirma.

Indemnización automática

Para Marisa Soleto, presidenta de Fundación Mujeres, "los datos de las ordenes de protección no han dejado de empeorar. Algunos juzgados deniegan el 75% de estas medidas y no hay ningún tipo de respuesta por parte del CGPJ, ni ningún tipo de investigación", afirma. La violencia de género "es un tipo de terrorismo y el Estado no sabe proteger a las victimas. Así que tiene la obligación de reparar e indemnizar a estar víctimas y debería hacerlo de oficio y de forma universal", afirmó Soleto, que añade que cuando se producen fallos en el sistema de protección, se deja en manos de la mujeres o sus familias el buscar reparación, que nunca se da.

Todas las organizaciones apuntaron a la necesidad de un mayor conocimiento de los mecanismos y ciclo de la violencia de género y la formación de los operadores judiciales. "En la actualidad es obligatorio hacer un curso online de 16 horas sobre violencia de género, pero esto no los capacita para poder juzgar estos casos", afirma Besteiro, quien añadió que este desconocimiento lleva a que en muchos casos se prime el interés del padre en el casos e visitas y custodias, "en lugar de tener en cuenta el interés superior del menor". 

En el caso de Isabel, a pesar de que su expareja fue condenado a dos años y nueve meses de cárcel, no se decretó ninguna medida de protección de la hija que tienen en común y el tiempo se repartió como si de una separación amistosa se tratara. De hecho, Isabel intentó impedir las visitas a solas de su expareja por temor a que él la utilizara para hacerle daño a ella y a la niña y denunció reiteradas amenazas por parte de su expareja. Sin embargo, lejos de considerar los hechos, la fiscal que participó en la vista rápida para revisar la custodia acabó increpando a Isabel y acusándola de querer hacerle más daños a su expareja, preguntándole si esto lo hacía porque "¿no le pareció suficiente la condena?". 

Denuncian otro caso de malas prácticas en sagunto.

La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha explicado que se presentó otra queja en el CGPJ contra el titular del juzgado de primera instancia número 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia) el pasado mes de enero.

"Las mujeres que han sido parte en procedimientos de violencia de género y de derecho de familia seguidos en este juzgado nos han manifestado su malestar por el trato de su titular", que mantiene "actitudes arrogantes y autoritarias, faltas de respeto y consideración y nula empatía", señala el escrito de queja.

Las seis organizaciones anunciaron que examinarán los casos que reciban sobre malas prácticas en los juzgados y que iniciarían una serie de quejas ante el CGPJ para denunciarlas una a una.