El Comité de Bioética de España (CBE), organismo que asesora al Gobierno en materia relacionadas con la ética y la salud, pide prohibir la maternidad subrogada al considerar que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor.

Entre las conclusiones, recogidas su Informe  sobre los aspectos éticos y jurídicos de
la maternidad subrogada, elaborado a iniciativa del propio Comité, destacan que, "si bien el deseo de una persona a tener un hijo constituye una notable decisión, ello no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas". Aunque las conclusiones no son unánimes, el CBE resalta que la mayoría de sus miembros entiende que "todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio"

Otros miembros del Comité, aunque aceptan en línea de principio que esta práctica podría regularse de modo que compaginara la satisfacción de dicho deseo con la garantía de los derechos e intereses de los otros, no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual y afirman que "Las propuestas regulatorias que se manejan y las experiencias de otros países son
claramente deficientes en la tutela de la dignidad y derechos de la gestante y del menor."

El Comité de Bioética de España es un órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo y que desarrolla informes sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud. Si bien sus recomendaciones no son vinculantes, sí deben ser tenidas en cuenta como una voz autorizada.

El tema de la Maternidad Subrogada (también conocido como vientres de alquiler) ha generado en los últimos meses un acalorado debate público en la sociedad española. La propuesta de Ciudadanos de crear una ley para legalizar este tipo de gestaciones ha chocado frontalmente con un amplio grupo de partidos políticos y organizaciones sociales que califican esta práctica como una explotación del cuerpo de la mujer, cosa que el CBE viene a ratificar.

En España la gestación subrogada está prohibida y tampoco se reconocen los contratos realizados por españoles en el extranjero. A pesar de esta prohibición (recogida expresamente en la Ley de reproducción asistida), existe una forma legal de inscribir a los menores nacidos por esta técnica para evitar su desprotección.

Aunque el CBE reconoce que entre sus competencias no está la de traducir sus recomendaciones a leyes, sí ofrece en su informe algunos criterios que pretenden orientar una posible legislación sobre la gestación subrogada. Entre las recomendaciones del Comité destacan el "dotar de verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos, de manera que resulte aplicable también a los celebrados en el extranjero, para lo que podría considerarse la posibilidad,
entre otras medidas legales, de sancionar a las agencias que se dedicaran a esta actividad". 

También propone que se promueva a nivel internacional un marco regulatorio común que prohíba la celebración de contratos de gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño. 

Por último, asegurar una transición segura para evitar la desprotección de los niños resultante de esta práctica "en los que pueden estar inmersos actualmente varios españoles. Para ello, según los miembros del CBE, puede garantizarse que su filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo.