Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al alcalde popular de La Nucía, Bernabé Cano, y a los primeros ediles de Els Poblets y El Verger, Carolina Vives y Ximo Coll, ambos del PSPV y matrimonio, por un posible delito de cohecho tras recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid el pasado mes de enero saltándose el turno de vacunación.

La causa ha sido derivada a los juzgados de La Vila Joiosa y de Dénia, en la provincia de Alacant, para continuar su instrucción, según han confirmado fuentes del ministerio Público a Europa Press.

Según adelanta el diario Información, se han archivado la investigación en relación con otros cinco cargos públicos sobre los que se había abierto diligencias para determinar las circunstancias en las que se les administró la vacuna.

Estos cinco cargos cuyos casos han se han archivado corresponden al obispo de la Diócesis Orihuela-Alacant, Jesús Murgui; el diputado responsable del centro Doctor Esquerdo de la Diputación, el 'popular' Juan Bautista Roselló; el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Orihuela, José Galiano, del PP y el excomisionado de Sanidad de Torrevieja y edil socialista de Benejúzar, José Antonio García.

También contra la exteniente de alcalde de Dénia, Cristina Morera, del PSPV, que dimitió tras hacerse pública su vacunación. Del mismo modo, se han archivado las diligencias para el cuñado y la hermana del obispo y contra el vicario general, Vicente Martínez.

En el caso de los alcaldes de El Verger y Els Poblets, el PSPV abrió expediente y les suspendió de militancia tras hacerse pública su vacunación irregular en un centro de salud debido a que "sobraban dosis". Ambos descartaron dimitir durante las celebraciones de plenos extraordinarios solicitados por la oposición para debatir sus reprobaciones. De otro lado, la Diputación de Alacant retiró las competencias a Cano, que se mantiene como diputado en la institución provincial.

La Fiscalía de Alacant abrió diligencias en febrero para investigar la vacunación contra la covid-19 de alcaldes y concejales de la provincia a raíz de que dos presidentes de colectivos vecinales de la capital presentaran una denuncia en la que solicitaban la posibilidad de inhabilitar a los cargos públicos que no hubieran respetado los protocolos.