Tras los ataques contra el World Trade Center del 11 de septiembre de 2001 el entonces presidente de EEUU George W. Bush declaró la Guerra contra el Terror. Encomendó al "mundo libre" acabar con el terrorismo internacional a cualquier precio. Se podría pensar que fue a partir de ese momento cuando se pusieron en marcha los sistemas de vigilancia masiva y las leyes que sacrifican libertad por seguridad. Pero no fue así.

La BBC, en 1999, informó de la existencia del sistema de espionaje masivo Echelon

En octubre de 1999 (dos años antes del 11-S) la BBC informa de la existencia de Echelon. "Imagine una red de espionaje global que pueda escuchar cada llamada telefónica, fax o e-mail, en cualquier lugar del mundo. Suena a ciencia ficción, pero es cierto", expresaba el periodista de la prestigiosa cadena pública británica. En el crepúsculo del siglo XX, un sistema de espionaje de este calibre parecía sacado de Hollywood, pero era totalmente real. La información de la BBC detallaba que la vigilancia había sido puesto en marcha por EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y aunque los gobiernos británico y estadounidense lo negaban, el australiano había confirmado su existencia.

Fue la primera vez que el mundo supo que esta coalición para compartir información de Inteligencia (conocida oficialmente como pacto UKUSA, o la alianza de Los Cinco Ojos), que data de la II Guerra Mundial, seguía activa. La era digital traía consigo nuevas posibilidades para el espionaje, y la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU (NSA, por sus siglas en inglés) y sus aliados iban a aprovecharlas.

El Parlamento Europeo lanzó una comisión de investigación dada la gravedad de las revelaciones. Justo dos meses antes del 11-S, el 11 de julio de 2001, la Eurocámara publicó los resultados: los diputados concluyeron que "no había dudas" sobre la existencia de un programa de espionaje global llamado Echelon. "Y lo que es más importante, su propósito es interceptar comunicaciones privadas o comerciales, y no las militares", aseveraba el informe. 

Los eurodiputados alertaron por primera vez de que había empezado una carrera de recolección de datos digitales, y que los ciudadanos europeos no estaban protegidos. Recomendaron a las instituciones comunitarias que impulsaran la criptografía como método de protección en un texto lleno de explicaciones técnicas básicas de cada concepto.

La BBC siguió investigando, e informó de que Margaret Thatcher había utilizado el sistema para el espionaje político, 13 años antes de que Edward Snowden probara al mundo que absolutamente todo ciudadano es vigilado en el terreno digital.

La Patriot Act

En octubre de 2001, un mes después del 11-S el Congreso estadounidense promulga la Patriot Act. Esta ley permite, entre otras cosas, la vigilancia electrónica sobre sospechosos de crímenes terroristas e investigarlos sin orden judicial, así como a sus negocios y relaciones personales hasta el sexto grado de contacto.

El entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, firma la renovación de la Patriot Act en 2006, un día antes de que 16 medidas principales de la ley expirasen. PAUL J. RICHARDS / AFP

Aunque la vigilancia masiva sea anterior al 11-S, es la Patriot Act la ley que marca el pistoletazo de salida al recorte de libertades aprobado democráticamente. En el ámbito de Internet y las telecomunicaciones, la legislación estadounidense es particularmente importante debido a la gran extensión de su soberanía tecnológica: si las empresas que operan con datos digitales de sus usuarios son estadounidenses y sus bases de datos están en suelo estadounidense... ¿Adivinan qué legislación las regula? Han acertado: la estadounidense.

La Patriot Act fue la parte pública de una estrategia que, en su mayoría, se desarrollaba alejada de los focos. En 2002 Bush autoriza un programa encubierto de "vigilancia doméstica" sin autorización judicial de la NSA. Lo renovará hasta 30 veces. Tres años más tarde acusará al New York Times de poner en peligro la seguridad nacional por sacar a la luz el programa y publicar que había dado permiso para pinchar teléfonos de ciudadanos sin el visto bueno de un juez.

También en 2002 y siempre bajo la excusa del combate al terrorismo, el Pentágono empieza a trabajar en un proyecto especial. Pretende desarrollar herramientas para analizar toda información almacenada en bases de datos comerciales y gubernamentales de cualquier país del mundo. Se trata del Total Information Awareness Project. Un año más tarde, gracias a la presión popular, el Congreso estadounidense retira la partida presupuestaria del Plan y ordena el cese inmediato del proyecto.

Espionaje cueste lo que cueste

Marzo de 2004. El Fiscal General de los Estados Unidos, John Ashcroft, está hospitalizado. El Fiscal General en funciones, James Comey, se niega a renovar el permiso para que el sistema de espionaje táctico que EEUU mantiene desde 2001 siga en marcha, al considerarlo ilegal. Tras esta decisión, agentes de la Casa Blanca acuden al hospital donde convalece Ashcroft, en cuidados intensivos e incapacitado, para que firme la orden que permita al sistema de espionaje sin garantías judiciales seguir en funcionamiento. Comey también acude al hospital e impide que Ashcroft firme la orden en su estado.

Es la versión que Comey relató en el juicio contra los agentes. Años más tarde será elegido director del FBI, puesto que desempeña de 2013 a mayo de 2017, cuando es cesado por Donald Trump tras negarse a serle leal a cualquier precio. 

En mayo de 2006 USA Today revela que la NSA ha impulsado una alianza público-privada para recolectar en secreto grabaciones de las llamadas telefónicas de decenas de miles de americanos, suministradas por las compañías AT&T, Verizon y BellSouth. En esta ocasión Bush defiende el programa denominándolo Terrorist Surveillance Program (Programa de Vigilancia Terrorista). El presidente de EEUU y sus colaboradores recalcan que el programa ha salvado vidas y está "cuidadosamente dirigido" contra los aliados de Al Qaeda, por lo que los estadounidenses "no deberían preocuparse". 

En 2010 Wikileaks comienza a liberar información secreta estadounidense. La organización, su líder Julian Assange, así como todos sus filtradores conocidos, sufrirán la persecución de EEUU y sus aliados.

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En junio de 2013 llegan las pruebas documentales del proceso de creación del sistema de vigilancia masiva, reveladas por el ex analista de la NSA Edward Snowden. La información que aporta confirma y alarga la extensión del espionaje de la alianza de Los Cinco Ojos liderada por la NSA.

Pacto antiyihadista

La nueva ola de ataques terroristas ha llevado a muchos gobernantes a prometer más seguridad a sus ciudadanos a costa de seguir recortando libertades fundamentales en red. La última en caer ha sido Theresa May, primera ministra del Reino Unido, que ha propuesto coartar la encriptación (considerada un derecho básica de Internet y recomendada por el Parlamento Europeo) tras los atentados de Manchester y Londres.

Francia llegó más lejos y se declaró en estado de excepción durante meses después de los ataques en París y Niza. En España no ha habido ataques yihadistas desde 2004, lo que no ha impedido que se recorten libertades al amparo de la conmoción que genera un atentado.

Mariano Rajoy y Pedro Sanchez se estrechan la mano tras la firmar el pacto antiyihadista. REUTERS/Juan Medina

Para ello se utilizó el paraguas del ataque contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Apenas tres semanas después, PP y PSOE reformaron el Código Penal en forma de pacto antiyihadista que tipificó "terrorismo" de forma tan difusa que activistas de todo tipo podrían ser acusados de ello. Esto es: "desórdenes públicos", "obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo" o, simplemente, "alterar gravemente la paz pública", pueden ser considerados delitos de terrorismo.

A nivel internacional, cercenar la capacidad de las redes para actuar como contrapoder se ha convertido en el objetivo de los gobiernos, anulando con la vigilancia masiva cualquier posibilidad de disidencia. La criptografía, considerada un derecho humano por la UNESCO, es la última frontera. En España, además, se persigue la capacidad de movilización espontánea y el activismo para hacer ilegales los procesos que propiciaron el 15-M en 2011. Una cadena de prohibiciones con muy poco que ver con el terrorismo.