El Tribunal Supremo ha rechazado la consulta sobre la tauromaquia que quería realizar el Ayuntamiento de Ciempozuelos para que los vecinos decidieran si deben gastar dinero municipal en la organización de festejos taurinos, algo que ya había prohibido el Consejo de Ministros en 2017.

La sentencia, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y fechada el pasado 7 de marzo, rechaza por tanto el recurso presentado por el Ayuntamiento a la decisión ministerial y le impone el pago de las costas judiciales por valor de 4.000 euros.

El dictamen concluye que "la Ley no da libertad a las Administraciones Públicas para promover o no la conservación de la tauromaquia", sino que hay una obligación de ponerla en valor ya que se la considera patrimonio cultural inmaterial, aunque se reconoce que las administraciones no tienen el deber de "desarrollar una actividad de fomento" de estas actividades.

Fuentes municipales han indicado que la petición de autorización por parte del gobierno local se motivaba en que los vecinos "se manifestasen sobre si el consistorio debe destinar parte de sus presupuestos a la realización de festejos taurinos, y en ningún caso para prohibirlos", por lo que creen que es "difícil entender la argumentación de la sentencia" debido a que reconoce de manera explícita la capacidad del Ayuntamiento para decidir no gastar en festejos taurinos y, en cambio, "declara ilegal que se pregunte a los vecinos si lo estiman conveniente".

No obstante, toda vez que no cabe recurso contra la sentencia, el equipo de gobierno acata la decisión del Tribunal y señala que sobre esta cuestión "atenderá a la voluntad de las vecinas y vecinos que, sin duda, se expresará por cauces de legalidad incuestionable"

San Sebastián tampoco podrá decidir sobre los toros

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha afirmado que "no queda otra que aceptar" la desestimación por parte del Tribunal Supremo (TS) del recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento donostiarra contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de marzo de 2017, por el que se denegó la autorización de la consulta popular sobre la celebración o no de corridas de toros en la ciudad, y ha mostrado su "preocupación" por la "limitación" que, a su juicio, esta decisión judicial supone a la "libertad" de los consistorios.

En declaraciones a los medios, Goia ha señalado que en este fallo judicial hay "dos aspectos muy llamativos y preocupantes" desde el punto de vista de autonomía municipal.

En este sentido, ha criticado que se limita a los ayuntamientos recurrir a las consultas populares, un instrumento que, a su juicio, debería estar "cada vez más normalizado" para "poder conocer la opinión de la ciudadanía a la hora de adoptar decisiones como Ayuntamiento" y por, otro lado, "la limitación que establece a la autonomía municipal para determinar a qué fin destina los recursos de los que dispone".

En este sentido, ha opinado que "establece una especie de obligatoriedad que supone una merma a lo que es la propia autonomía municipal". "Esta segunda derivada es muy limitativa de la libertad de un ayuntamiento y esa interpretación me genera preocupación", ha señalado.