El Tribunal de Cuentas condena a un alcalde por enchufar a su mujer

ZARAGOZA .- El exalcalde de Alhama de Aragón, Joaquín Antón, deberá devolver al ayuntamiento, de su bolsillo, 3.847 euros por el perjuicio que le causó al enchufar a su esposa, sin el preceptivo proceso de selección de personal, para dar clases de adultos. Así lo ha establecido en una sentencia el Tribunal de Cuentas, que declara al acusado “responsable contable directo” de un “alcance” al que añade 387,51 euros de intereses.

La decisión del Tribunal de Cuentas sobre el enchufe de Alhama, similar a la que tomó hace unas semanas con los exalcaldes populares de Vitoria Alfonso Alonso y Javier Maroto y siete concejales, en este caso por cargar al consistorio con un alquiler desmesurado para un edificio, supone un precedente para los pequeños municipios, cuya gestión también es supervisaba por este órgano de fiscalización.

Un sueldo de 18.000 euros brutos por dos tercios de jornada

El asunto de Alhama se remonta a septiembre de 2011, cuando el ayuntamiento, que tuvo como alcalde a Antón (Cha) desde junio de 2007 hasta que la oposición en bloque —PSOE, PP y Par— lo censuró el 28 de noviembre de 2012, contrató a la esposa de este sin un proceso previo de selección de personal para dar clases de educación de adultos. Iba a cobrar 18.034 euros —16.686 con Seguridad Social— por dos tercios de jornada entre septiembre y junio.

Una decisión irregular que no fue debatida en el pleno

Antón sostuvo ante el Tribunal de Cuentas que la decisión de contratar a su esposa “sin la celebración de un concurso previo no se tomó individualmente, sino que fue compartida por los demás miembros del ayuntamiento, reunidos al efecto”, narra la sentencia, que rechaza que el asunto fuera tratado en el pleno municipal.

“Consecuencia del incumplimiento de las normas”

Tras devolver la subvención —3.291 euros más 168 de intereses— en 2013, Alhama dejó de pedir ayudas para formación de adultos, por lo que la esposa del ya entonces exalcalde dejó de prestar servicios al consistorio. Los juzgados de lo Social calificaron como improcedente su despido.