Tres familias en exclusión recurrirán a Estrasburgo para evitar un desahucio

Barakaldo, tres de la tarde. Ricardo Navia está en el sofá, mirando el telediario. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Sin embargo, de un momento a otro la Ertzaintza podría derribar la puerta y echarle de esta casa. No sólo él, sino también a sus cuatro hijos, a su mujer y a otras dos personas –todas ellas desempleadas y en riesgo de exclusión social- que desde el pasado 21 de septiembre ocupan este antiguo piso de acogida de menores, vacío –y perfectamente amueblado- desde marzo de 2014. El ayuntamiento baracaldés, actual titular de la vivienda, asegura que tiene previsto instalar allí a refugiados sirios, pero de momento sólo hay un decreto de expulsión contra sus actuales moradores.

“¿Sabes lo que significa no tener nada, absolutamente nada, que perder?”, se pregunta Asier Azkarraga, padre de familia en paro

También se lo preguntó hace dos meses, cuando decidió acompañar a Richard hasta el ex centro de acogida de menores de Barakaldo, antes gestionado por la Diputación de Bizkaia, ahora en manos del Ayuntamiento. La puerta estaba abierta. Entraron. Luego llegaron los niños, la pareja de Richard y Sandra, una mujer que antes tenía casa y ahora no.

“Queda claro que desde el actual equipo municipal de gobierno las únicas actuaciones que se han realizado es criminalizar a las familias para rentabilizar políticamente su desalojo”, destacó este colectivo. En ese contexto, tanto Richard como Asier aseguran que desconocían que este piso iba a ser empleado como lugar de acogida para refugiados sirios, tal como argumentó el Ayuntamiento tras conocerse que había sido ocupado. En cualquier caso, no se trataría del único piso municipal que existe en Barakaldo, por lo que los afectados estiman que, de existir voluntad, podrían estudiarse otras soluciones.

Mirando a Europa

“Sabemos que aquí estamos de paso. Lo que queremos es una solución”, dice Richard. Este ex trabajador autónomo no oculta una de sus peores pesadillas: perder a sus hijos por no tener un lugar digno donde vivir. “Estoy luchando para que eso no suceda”, apunta. Precisamente, ahí podría estar la clave para no perderlo todo. “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya estableció en anteriores resoluciones que no se puede dejar a nadie en la calle, y mucho menos si, como ocurre en este caso, hay menores de edad”, explica a Público el abogado de estas familias, Iñaki Carro.

El pasado lunes, este letrado llevó el caso a los juzgados de Bilbao. “Hemos solicitado que se suspenda la orden de desalojo. Si nuestra demanda no es admitida por los tribunales de aquí, recurriremos a Estrasburgo”, señala Carro.

Richard y Asier aseguran que desconocían que el piso era para acoger refugiados, tal como argumentó el Ayuntamiento tras conocer que había sido ocupado

Ese camino a Europa ya fue recorrido en anteriores ocasiones por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Uno de los casos más sonados se produjo en 2013, cuando consiguió paralizar el desahucio de un bloque de viviendas en Salt (Girona), donde vivían más de cuarenta personas. Entre ellas había unos 20 niños.