MADRID.- La red de prostitución desarticulada este lunes en seis comunidades autónomas camuflaba los cargos que los clientes hacían en sus tarjetas de crédito a través de una empresa radicada en San Sebastián que facilitaba a los locales los terminales en los puntos de venta (TPV) y les prestaba asesoría fiscal, informaron fuentes jurídicas.

El nombre de esta empresa, que se encuentra en el centro de la trama descabezada con la operación Pompeya, era el que aparecía en los extractos bancarios de las tarjetas de crédito de los clientes, que de esta manera podían simular sus gastos en los clubes como cargos de otra índole.

La red de prostitución desarticulada este lunes en seis comunidades autónomas camuflaba los cargos que los clientes hacían en sus tarjetas de crédito a través de una empresa radicada en San Sebastián que facilitaba a los locales los terminales en los puntos de venta (TPV) y les prestaba asesoría fiscal, informaron fuentes jurídicas.

El nombre de esta empresa, que se encuentra en el centro de la trama descabezada con la operación Pompeya, era el que aparecía en los extractos bancarios de las tarjetas de crédito de los clientes, que de esta manera podían simular sus gastos en los clubes como cargos de otra índole.

En los registros la policía se ha incautado de un millón de euros en metálico y ha descubierto un fraude de 150 millones. La operación por delitos fiscales y de blanqueo de capitales se ha saldado con 56 detenidos. También se han encontrado dos armas de fuego.

La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y en ella han participado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria.

Fraude

Los investigadores consideran que los propietarios de los clubes, entre los que se encuentran dos situados en Madrid, uno de Alicante, otro de San Sebastián y otro de La Jonquera (Girona), habrían evadido los impuestos que les correspondería abonar por servicios como el alquiler de las habitaciones o la venta de bebidas alcohólicas.

Según las fuentes consultadas en la Audiencia Nacional, la operación no investigaría los delitos fiscales en los servicios prestados por las prostitutas, que se encontraban en nómina y desarrollaban su actividad cumpliendo todos los requisitos legales.

La Audiencia Nacional sería competente para asumir esta investigación, según estas fuentes, por desarrollarse en varias provincias del territorio nacional y tener repercusión en la economía nacional. En concreto, la operación ha tenido lugar en Catalunya, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra.