Un sindicato de trabajadores de servicios públicos gestionados por empresas privadas se ha unido en Cádiz a una cooperativa de juristas para promover la remunicipalización como vía para acabar con una "precariedad laboral" cada día más acentuada en su sector, y extender la revuelta a otros municipios de España donde empleados como ellos sufran similares problemas. El arma principal con la que cuentan es la Ley de Contratos del Sector Público, que determina la finalización del contrato para la concesión de un servicio público si se produce un impago de salarios o un incumplimiento del convenio laboral.

La remunicipalización, es decir, la recuperación de un servicio público cuya gestión ha concedido un ayuntamiento mediante licitación a una empresa privada durante un periodo de tiempo determinado, no resulta un proceso sencillo, porque ha de tener en cuenta las cláusulas y contrapartidas económicas y legales establecidas en el mismo contrato y, por tanto, afrontar un largo y costoso proceso judicial. Pese a ello, España es el cuarto país del mundo donde más remunicipalizaciones se han llevado a cabo hasta el año 2020, según un estudio del Transnational Institute (TNI), un órgano internacional de investigación. De acuerdo con este informe, titulado El futuro es público, en nuestro país se han registrado 110 remunicipalizaciones, una cifra sólo superada por Francia, Estados Unidos y Alemania.

Abastecimiento y saneamiento del agua, servicios sociales, gobierno local (limpieza, jardines, seguridad, vivienda) y energía son los sectores que han tenido un mayor número de remunicipalizaciones en España, según este estudio, en el cual se destaca que el número de procesos se duplicó con creces desde 2017 y que un "movimiento vecinal y municipalista muy fuerte" logró que se acabara con la privatización del servicio de agua en 38 ayuntamientos.

Pero mientras que esos procesos de remunicipalización han sido dirigidos, en la mayoría de los casos, por las propias administraciones locales, en la rebelión que acaba de surgir en Cádiz son los propios trabajadores de las empresas privadas que gestionan los servicios públicos los que pretenden promover la recuperación de las concesiones, a través de la denuncia del incumplimiento de las condiciones laborales estipuladas en el contrato. Esta semana, varias decenas de esos trabajadores, fundamentalmente empleados de empresas de parques y jardines, limpieza, mantenimiento de fuentes ornamentales y servicio de ayuda a domicilio, se han reunido en la capital gaditana para estudiar estrategias y aunar esfuerzos para organizar una plataforma común.

Derechos "sistemáticamente incumplidos"

La idea partió del Sindicato de Contratas Concertadas y Servicios Públicos de Cádiz, una organización con más de un centenar de afiliados que se creó en 2020 para defender los derechos de los trabajadores "sistemáticamente incumplidos" en esas empresas, y de la Sociedad Cooperativa Andaluza Gestea, que les asesora jurídicamente y se ha encargado de la defensa laboral de un buen número de empleados por despidos o vulneración de su convenio.

"Hemos detectado que hay incumplimientos continuos, recurrentes y gravosos, en las empresas del servicio de jardines, de fuentes ornamentales, de ayuda a domicilio, de limpieza... Y ese maremágnum de incumplimientos, esa reducción del coste social, es el que facilita el beneficio a las empresas", explica Pedro Castilla, abogado y mediador de Gestea.

La constatación de un incumplimiento "generalizado" de los convenios laborales de estos trabajadores es la que llevó a esa cooperativa a profundizar en el estudio de la normativa que afecta a sus empresas y de las resoluciones judiciales y administrativas dictadas en diferentes instancias y puntos de España. Como resultado de ese estudio, ha elaborado un "manual de instrucciones" para promover la remunicipalización, que tiene como columna vertebral dos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, una norma de rango estatal por la que deben regirse los acuerdos contractuales para conceder la explotación de un servicio público a una empresa privada.

En esos dos artículos, el 211 y el 212, se establece como causa de resolución –cancelación- de un contrato "el impago de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato".

Y se precisa que en este caso la resolución "solo se acordará, con carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista, excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogación de conformidad con el artículo 130 y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de adjudicación del contrato, en cuyo caso la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio".

Y aunque son poco conocidos, hay antecedentes de concesiones de servicios públicos que han sido revocadas aplicando esos artículos. Uno de ellos es el contrato para el servicio de vigilancia y atención al alumnado en los centros escolares públicos dependientes de la Delegación Territorial de Educación de la Junta en la provincia de Sevilla, cuya resolución fue estimada favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía en 2019.

Este órgano consideró "inaceptable" el planteamiento de la firma adjudicataria de encuadrar a los trabajadores en una categoría profesional inferior y con menor retribución, y dictaminó que todo ello permitía concluir que la empresa no había pagado a todos sus trabajadores el salario debido y, que por tanto, procedía la resolución del contrato por concurrir la causa prevista en el artículo 211.1.i de la Ley de Contratos del Sector Público.

"Nos hemos dado cuenta –explica la letrada Marina Escobar- de que éste es el único modo en que los trabajadores puedan instar a las administraciones públicas para hacerles ver que no se están respetando sus derechos en las empresas, o al menos para que se introduzcan en sus convenios cláusulas que garanticen el cumplimiento de esos derechos".

El principal problema es "la precariedad laboral"

José Luis Moreda Nieto es el presidente del comité en la empresa que gestiona el servicio de parques y jardines en Cádiz, y el coordinador del Sindicato de Contratas Concertadas. Y desde esa posición tiene muy clara cuál es la raíz del problema en su sector: "El principal problema que nos encontramos es la precariedad laboral –dice-. Estamos dando pasos atrás, porque las empresas se presentan a las licitaciones públicas con contratos temerarios, con unos presupuestos muy a la baja, y luego la única forma que tienen de ganar algo es recortando de la masa salarial. No pueden regatear con el precio del gasóleo, pero sí con lo que pagan a los trabajadores. Así que desde el primer día que entran, ya empezamos a tener problemas con lo que nos tienen que pagar, con nuestros derechos adquiridos".

El nivel de precariedad es tal, según Moreda, que en lo que va de año ya han presentado más de 40 demandas por despidos, contratos fraudulentos o incumplimientos de los convenios laborales en unas ocho empresas que explotan servicios municipales en la Bahía de Cádiz. Él empezó a trabajar en el servicio de jardines en 1995 y desde entonces ha pasado por nueve empresas diferentes, con cada una de las cuales ha tenido que lidiar lo suyo para que respeten los derechos adquiridos previamente. La última, Raga, entró el pasado 1 de marzo, sustituyendo a la multinacional española Acciona, y en sólo siete meses ya le han interpuesto 14 demandas por incumplimientos en el pago de pluses salariales y en materia de salud laboral y prevención de riesgos.

"La única manera de acabar con esta precariedad es la remunicipalización o municipalización de los servicios, porque así se respetarían los derechos adquiridos, sería algo ya inamovible, y no tendríamos que ir al juzgado un día sí y un día no para que respeten los contratos. No nos queda otra, o remunicipalización o seguir con la lucha diaria, acudiendo constantemente a los juzgados a defendernos", subraya José Luis Moreda.

En el estudio de TNI se concluye que "la privatización elimina empleos, empeora las condiciones de trabajo y menoscaba la negociación colectiva, por lo que es un poderoso impulsor del trabajo precario". Y los autores del informe señalan que se trata de un problema que no afecta solo a los trabajadores, sino también a sus familias, a las comunidades locales y a los usuarios, "dado que disminuyen la calidad y accesibilidad del servicio". "Estos casos demuestran –se añade- que ofrecer empleo de calidad y mejorar las condiciones de los trabajadores, al tiempo que se valoran sus conocimientos y experiencia sobre cómo deben funcionar y organizarse los servicios, están en estrecha relación con la creación de servicios públicos accesibles y económicamente eficientes".

Precisamente, uno de los principales objetivos de la reunión convocada esta semana en Cádiz por las entidades que luchan por la remunicipalización ha sido promover una unión ahora muy dispersa en un montón de batallas individuales en los juzgados. Según Marina Escobar, de Gestea, su propósito es proporcionar información sobre una realidad jurídica y legal muy poco conocida y propiciar que los trabajadores creen una especie de plataforma para presionar de forma conjunta a las empresas y a los poderes públicos para que se respeten sus derechos.

Empresas poco arraigadas y sin mucho interés en el servicio

Escobar dibuja un perfil medio de las adjudicatarias de los servicios municipales que sería el de empresas sin arraigo en el lugar donde consiguen el contrato, en muchos casos grandes compañías multinacionales, que están tres o cuatro años y luego se van, porque no renuevan en la siguiente licitación o porque les interesa más otro sitio, otra oferta de contratación. "No suelen tener mucho interés –afirma- en que el servicio se preste en unas buenas condiciones, ahorran en materiales, no hacen todas las reparaciones necesarias, y a los trabajadores no les proporcionan el material adecuado, les niegan permisos hasta por casos de enfermedad o fallecimiento, no les pagan pluses de peligrosidad. Son problemas generalizados que te llevarían a estar todos los meses en los juzgados, y eso crea impotencia y resignación en las plantillas".

Sin embargo, el proceso de remunicipalización no resulta fácil y puede conllevar daños colaterales si no se toman las debidas precauciones. Marina Escobar apunta al respecto, por ejemplo, la posibilidad de que se rebajen las condiciones contractuales de los trabajadores, como muestra el caso de una sentencia del Tribunal Supremo, de enero de este año, que en un recurso de casación ratificó una sentencia de un juzgado de lo Social de Pamplona que declaró como trabajadora fija del ayuntamiento de esa ciudad a una mujer del servicio de ayuda a domicilio prestado por una empresa privada, a la que la administración municipal había subrogado como parte de su personal indefinido no fijo.

El Ayuntamiento de Cádiz se sumó en 2019 al proyecto del Centro de Recursos sobre Remunicipalización de Servicios Públicos, que gestiona la Fundación Carles Pi i Sunyer, con sede en Barcelona. Desde entonces, el consistorio gaditano, dirigido por José María González Santos, Kichi, de Adelante Andalucía, únicamente ha conseguido poner en marcha la remunicipalización del servicio de playas, y tras una larga batalla judicial. En ese proyecto, dirigido fundamentalmente a la investigación en esta materia, participan también otros ayuntamientos como el de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Santiago de Compostela y Tarragona.

La complejidad del proceso de remunicipalización

Esther Cano, investigadora de la fundación que gestiona el centro, señala que la remunicipalización "es un proceso técnicamente muy complicado" que puede ser muy largo y que implica, además, un riesgo económico evidente para los ayuntamientos que lo afrontan. A ello se unen –añade- las consecuencias posteriores que se puede derivar del hecho de asumir servicios que anteriormente estaban externalizados.

La complejidad de estos procesos es la que, a juicio de la portavoz del Centro de Recursos sobre Remunicipalización de Servicios Públicos, ha podido frenar la efervescencia que surgió en 2019 en muchos ayuntamientos que apostaron por rescatar servicios externalizados en empresas privadas y cuyos responsables políticos desconocían las dificultades de este tipo de procedimientos administrativos. No en vano, según Esther Cano, en los proyectos de remunicipalización hay una alta dependencia de la voluntad política para afrontarlos.

Además, esta investigadora sostiene que, en general, habría que llevar a cabo un análisis más casuístico de cada servicio que se pretende remunicipalizar, estudiando su contexto y elaborando un diagnóstico exhaustivo de su situación, de forma que se puedan adaptar soluciones a cada caso, evitando fórmulas genéricas que en unos sitios pueden funcionar y en otros, no.

En el caso de Cádiz, la plataforma en ciernes que se ha reunido esta semana pretende iniciar el camino de la remunicipalización en esa ciudad andaluza con el servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales, del que se ocupa ahora una empresa con muy pocos trabajadores -no llega ni a la decena- pero que ya acumula dos sentencias por despido improcedente, uno de ellos tras un acuerdo de conciliación. "No lleva ni un año en el servicio la empresa Socamex y ya hay indicios de prácticas laborales muy corrosivas", asegura Marina Escobar. Su cooperativa ha mantenido contactos con responsables del ayuntamiento para abordar ese proceso, pero de momento no ha conseguido avances. Y tampoco este periódico ha obtenido una respuesta del consistorio sobre el proceso de las remunicipalizaciones en la capital gaditana.

Pero el coordinador del Sindicato de Contratas Concertadas y Servicios Públicos no tiene ninguna duda de que el camino que han iniciado es el correcto: "Vamos a demostrar a los trabajadores que la remunicipalización es factible y a los ayuntamientos les decimos que si hicieran un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los pliegos de condiciones, tendrían que sancionar a las empresas que no lo cumplen y no dejarlas presentarse a ninguna otra licitación ni aquí ni en el resto del país".

En el estudio de TNI, un think tank internacional de investigación y promoción de políticas que dice trabajar por "un mundo más justo, democrático y sostenible", se refleja como "impacto positivo más directo de la remunicipalización" la disminución de los costos de funcionamiento de los servicios. "En algunos casos –precisa- la reducción del funcionamiento del servicio ha implicado una disminución de las tarifas de los usuarios [...] y en al menos 264 casos la inversión en la mejora del servicio y la protección ambiental o bien ha aumentado o está previsto que lo haga".

Los autores de este informe subrayan que la crisis de la covid-19 ha puesto en evidencia de "una manera dolorosa los efectos desastrosos de las medidas de austeridad, los recortes a la seguridad social y la privatización de los sistemas de salud en todo el mundo". Y añaden a continuación: "Los movimientos políticos de extrema derecha siguen intentando lucrarse con la inseguridad y la ira de las personas [...]. Las fuerzas progresistas deben brindar solidaridad y soluciones concretas: trabajo decente, servicios públicos para todas las personas y economías locales resilientes".