El 23 de septiembre alrededor de 500 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado participaron en una de las operaciones antiterroristas más visualmente espectaculares de los últimos años. Se trataba de la detención de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Se difundieron imágenes de varios agentes derribando puertas a golpe de ariete. Los medios de comunicación se hicieron eco de la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional: los independentistas detenidos tenían planes avanzados para atentar en fechas próximas. El Mundo, por ejemplo, abría su edición en papel con el titular Los CDR ultimaban un atentado terrorista en Cataluña "el día D". Siete de ellos fueron enviados a prisión incondicional y la teoría de que existía un terrorismo independentista catálan dispuesto a atentar corrió como la pólvora entre medios y población. Fuentes de información no faltaban. El diario ABC informaba de que los detenidos "preparaban un ataque al Parlament", que "ya habían probado los explosivos en una cantera" y que "preparaban también un ataque contra el cuartel de [la Guardia Civil] Canovellas". 

Sin embargo, apenas tres meses después, todos los detenidos de este supuesto grupo terrorista, que había sido llamado 'Equipo de Respuesta Técnica' y que habían sido detenidos en la Operación Judas, han sido puestos en libertad bajo fianza. La Audiencia Nacional ha decretado este viernes libertad bajo fianza de 30.000 euros para Jordi Ros y de 15.000 euros para Germinal Tomàs, que eran los dos únicos que quedaban en prisión. Antes que ellos, el 20 de diciembre, habían sido liberados los tres primeros bajo caución de 5.000 euros. Seis días después, el 26 de diciembre, la Audiencia Nacional también puso en libertad a Ferrán Jolis, bajo fianza de 5.000 euros y ese mismo día, otro auto, también decretaba la libertad bajo fianza de 10.000 euros para Alexis Codina. 

La decisión del juez García-Castellón de liberar a los últimos dos detenidos llega después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya cuestionado que los investigados integren un grupo terrorista. El tribunal vio "indicios suficientes" sobre los hechos investigados, pero sembró dudas sobre la imputación de delitos de terrorismo que pesan sobre los siete integrantes de los CDR detenidos en varias resoluciones. 

Asimismo, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal señaló que no se habían encontrado pruebas de "la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores), disponiendo el recurrente de documentos con información para elaborar explosivos".

No obstante, García-Castellón, en los autos emitidos este viernes, si bien deja en libertad bajo fianza a los dos últimos CDR que permanecían en prisión, también responde a algunas de las dudas planteadas desde la Sección Segunda de la Audiencia Nacional. El juez mantiene "la naturaleza terrorista de la organización de la que tratamos" y defiende que esta resulta "acorde con las últimas tendencias legislativas y jurisprudenciales que han abordado el tema de la irrupción y proliferación de grupos terroristas inmersos como ocurre recientemente en el islamismo violento, donde priman las estructuras horizontales en detrimento de las verticales". 

Así, García Castellón mantiene que este grupo de los CDR es "una célula fuertemente organizada y clandestina, integrada en el paraguas de los CDR, cuyos miembros abogan por un aumento manifiesto de la radicalidad en sus acciones, a los que los elementos probatorios hallados situaban en un avanzado estadio respecto a la confección de materiales explosivos y/o incendiarios, susceptibles de ser utilizados en acciones que comprometerían gravemente la integridad de personas y bienes", dice el juez, que resalta que la actividad detectada a los detenidos "excede con mucho al mero delito de orden público".

"Judicialmente no se sostiene"

El portavoz de Alerta Solidaria, que está llevando la defensa de los acusados, Xavier Pellicer, asegura que el hecho de que todos los detenidos están ya en libertad bajo fianza muestra que la causa abierta por terrorismo en la Audiencia Nacional "no se sostenía judicialmente" ni tampoco "los delitos que se les imputan". "Se les acusa de los mismos delitos que los supervivientes que participaron en el acto de Las Ramblas. No se sostiene", incide Pellicer. 

En opinión de Alerta Solidaria, la operación Judas, que llevó a la detención de nueve personas acusadas de estar preparando atentados en Catalunya, tuvo un "interés político" en un "contexto político determinado" como era las semanas previas a la celebración del aniversario del 1 de octubre y de la publicación de la sentencia a los líderes políticos del procés. 

"Ha sido muy grave la utilización que se ha hecho del término terrorismo para englobar cualquier forma de disidencia política. Nos parece muy grave y muy peligroso para todos los movimientos políticos del conjunto del Estado. Se ha hecho uso de un derecho penal del enemigo", ha asegurado Pellicer, en declaraciones a Público. 

Una tesis de terrorismo inminente que pierde peso

Sin embargo, y a pesar de la tesis de García Castellón y de la Fiscalía, lo cierto es que a día de hoy todos los detenidos están en libertad bajo fianza y que la tesis de un terrorismo en Catalunya prácticamente listo para atentar ha perdido fuerza.

Tras la detención, a finales de septiembre, de los CDR se difundieron un buen número de informaciones que apuntaban a la posibilidad de un grupo terrorista prácticamente listo para actuar. Como se ha dicho anteriormente, el diario El Mundo, por ejemplo, abría su edición en papel del 24 de septiembre con el titular Los CDR ultimaban un atentado terrorista en Cataluña "el día D".  En el interior se decía la tesis principal que manejaban entonces las fuentes de la investigación consultadas por el diario era que "esas acciones terroristas iban a ejecutarse el día en que la Sala Segunda del Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia del procés"

Por su parte, El Confidencial, el mismo día de las detenciones, señalaba que los CDR "estaban preparando acciones violentas" y explicaba durante los registros se había hallado "una mezcla reactante empleada para desencadenar explosiones denominada termita" y "tenía intención de atentar y manejaba documentos con informaciones de posibles objetivos, entre ellos, una casa cuartel de la Guardia Civil.

La Razón también dedicaba una parte de su portada de aquel 24 de septiembre al asunto con el siguiente titular: Los CDR de Torra aprietan: iban a atacar un cuartel con explosivos.  La cascada de informaciones y filtraciones continuó. Asimismo, según publicó El Periódico, el sumario seguido en la Audiencia Nacional por terrorismo contra los miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) también incluía en varios momentos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su sucesor, Quim Torra. 

Otra acusación de terrorismo a una CDR

No obstante, esta no ha sido la única vez que se ha acusado a miembros de los CDR de preparar ataques terroristas en la Audiencia Nacional. En abril de 2018, fue detenida bajo las mismas sospechas y por orden del mismo juzgado Tamara Carrasco. Fue acusada de delitos de terrorismo y rebelión.

Sin embargo, el exjuez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el magistrado Diego Egea, acordó su puesta en libertad al considerar que, con los indicios recabados, sólo podía ser acusada de desórdenes públicos. El instructor acabó inhibiéndose a los juzgados de Barcelona al entender que no era el juez competente para investigar los hechos.

Tras la detención de nueve CDR el pasado 23 de septiembre, Tamara Carrasco declaró lo siguiente a la publicación La Marea: "Tengo la sensación de que nosotros fuimos la prueba piloto, que no salió bien. Ahora nuestros compañeros llevan a sus espaldas acusaciones muy graves, además de haber entrado en prisión preventiva sin fianza. Como en nuestro caso, los medios de comunicación se han encargado de sembrar la duda, pero sobre todo el odio; está filtrándose información aunque hay secreto de sumario y se están vulnerando sus derechos más fundamentales".