El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda de un padre para reclamar un permiso de paternidad de igual duración que el de maternidad y pagado al cien por cien, alegando que la actual regulación es discriminatoria.

En una providencia, el TC acuerda resolver en Pleno el recurso de amparo presentado por ese progenitor, con el apoyo de la Plataforma por permisos Igualitarios e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), al apreciar una "especial trascendencia constitucional".

El TC explica que este recurso "puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de cambios normativos relevantes", ya que el asunto planteado "plantea una cuestión jurídica relevante y general de repercusión social o económica".

Además estudiará si el derecho fundamental que el progenitor alega que se vulnera pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general.

Con esta resolución, el tribunal acepta estudiar el recurso de amparo de uno de los nueve padres que, apoyados por la PPIINA, iniciaron un proceso judicial en 2016 para reclamar un permiso de paternidad igualitario.

Los padres demandaron a la Seguridad Social por discriminación, pidiendo un permiso intransferible de igual duración que el de maternidad y pagado al cien por cien de la base reguladora.

Para esta plataforma, el pronunciamiento de TC "es una oportunidad para superar una doctrina constitucional antigua, trasnochada y que no se sustenta en las que deberían ser las finalidades de los permisos".

"Una regulación obsoleta que ya no se adapta a las aspiraciones de igualdad de la ciudadanía: los permisos deben no solo permitir el cuidado de la criatura recién llegada, sino además que dicho cuidado se realice de forma igualitaria entre ambas personas progenitoras", explica la PPIINA.

Esta plataforma, que agrupa a más de 150 asociaciones, propone el único diseño de los permisos, que conseguiría que padres y madres se queden al cargo de sus bebés en solitario durante el mismo tiempo el primer año de vida.

Alegan que el sistema actual es explícitamente discriminatorio al conceder a los hombres un permiso cuatro veces menor que el de las mujeres.