La semana en la que el drama social de la vivienda entró en erupción mientras las teles hablaban de okupación

Susana tiene 28 años y trabaja como consultora en una empresa de comunicación. El alquiler del piso en el que vive con una de sus amigas supera los 1.300 euros mensuales –sin contar los gastos–. La vivienda, situada el barrio de Puerta del Ángel, al sur de Madrid, tiene dos dormitorios, cocina, salón y un cuarto de baño. La joven cobra cerca de 1.500 euros al mes, y dedica más del 40% de su salario a pagar la renta correspondiente a una de las habitaciones. El porcentaje se multiplicaría por dos si tuviera que abonar el alquiler completo. El Banco de España recomienda gastar menos de una tercera parte de la nómina en el arrendamiento. A Susana, como a tantos otros jóvenes, no le salen las cuentas. 

Los bajos salarios y la subida de los alquileres frustran cualquier posibilidad, por mínima que sea, de comprar, alquilar e incluso compartir una casa. El problema de la vivienda ahoga cada vez a más familias, pero sigue lejos de tocar techo: España cerró 2023 con 26.659 desahucios y los precios han subido un 5,7% entre abril y junio de este año. El CIS sitúa la vivienda como la sexta preocupación para la ciudadanía, pese a impactar de manera directa en el 15,3% de los españoles. La publicación de los resultados del barómetro se produce en una semana "dramática" para las familias vulnerables, los sindicatos de inquilinas y las asociaciones provivienda. 

La agonía de perder tu casa con 80 años

Aurora y Lola. Madre e hija. 79 y 50 años. Las dos han tenido que hacer frente este lunes al desahucio de la que fue su casa durante más de siete décadas en el municipio de Getafe. Las imágenes, retransmitidas en directo por Público, son estremecedoras: ocho furgones policiales y más de 50 efectivos han cortado tanto el Paseo Pablo Iglesias, donde está el inmueble, como las calles aledañas, en lo que las afectadas definen como un "despliegue violento" y desproporcionado. El aviso de la expulsión "llegó de un día para otro", sin apenas tiempo ni margen de maniobra.

El juez presionó para adelantar varias semanas el desahucio, sin tener en cuenta el informe de vulnerabilidad presentado por la jubilada, que cobra una pensión de 500 euros y tiene afecciones cardíacas. El fondo buitre Dapamali SL también expulsó al resto de familias que vivían en el bloque, utilizando "técnicas de intimidación". Lola Matamala ha hablado con Público, todavía afectada y sin haber podido recoger sus pertenencias del que, hasta la semana pasada, era su hogar: "No me han dado ni 15 días. El Real Decreto que prorroga la suspensión de los desahucios es la única herramienta que tenemos ahora mismo. El Ministerio de Justicia tampoco ofrece mecanismos para la defensa gratuita de las familias que se enfrentan a una situación como esta. Es más urgente que nunca sacar adelante una Ley de Vivienda en condiciones".

España cerró 2023 con 26.659 desahucios y los precios han subido un 5,7%

El Partido Popular tiene la llave para regular los alquileres y declarar zonas tensionadas en las comunidades y ciudades donde gobierna, tal y como ha explicado la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en una entrevista para El País. El Gobierno, sin embargo, puede "dar más pasos" para mitigar el problema de la vivienda. "Están expulsando a la gente de los albergues. Las derechas han votado en contra de cerrar el grifo a los alquileres turísticos y los jueces no aplican las moratorias para detener los desahucios de familias vulnerables, amparadas en la ley. ¿Qué modelo de ciudad queremos construir?", se pregunta Lola Matamala.

El desahucio después del desahucio

Zohra y su hijo de ocho años. Los dos han sido desahuciados hace un par de meses por su casero –propietario de 27 viviendas–. El Ayuntamiento de Madrid y el Samur Social los derivaron a uno de los 32 cubículos prefabricados que integran el centro de acogida temporal Las Caracolas. Este miércoles, tras dos meses en el albergue, han vuelto a quedarse en la calle. El sistema los ha expulsado, con la cómplice "inacción" de las administraciones y los Servicios Sociales. La familia lleva seis años esperando por un alquiler social en la Comunidad de Madrid y un tribunal reconoció administrativamente su situación de vulnerabilidad. La única opción que les ofrece el Samur Social es "buscar piso fuera de la capital" o dormir en una pensión por 50 euros la noche.

"Tienes que abandonar el centro, no podemos darte más tiempo". Esta es la respuesta que la coordinadora de Las Caracolas le dio a Zohra, cuando ella y sus compañeras del Sindicato de Inquilinas trataban de conseguir una prórroga –en ese u otro albergue–. Zohra asegura a este diario que "algunas familias llevan ocho meses alojadas" en el dispositivo municipal y destaca que "a los marroquíes nos echan en cuanto pueden". La familia vive con lo que recibe del Ingreso Mínimo Vital, tal y como han contado en esta entrevista con Público. Zohra no tiene amigas que la puedan acoger y teme la separación definitiva de su hijo.

La última patada de Feijóo y Abascal

Las derechas y la extrema derecha. El PP, Vox y Junts. La propuesta de los sindicatos de inquilinas para regular los alquileres de temporada y por habitaciones no ha sido admitida a trámite en el Congreso de los Diputados. Feijóo, Abascal y Nogueras han votado este martes para tumbar la iniciativa, vehiculada en la cámara por Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG. Lo que se votaba era, simplemente, tomar en consideración el texto e introducirlo en el debate parlamentario para que, en el proceso de enmiendas, las distintas fuerzas políticas pudieran darle forma. Ni siquiera los desahucios de los días previos y las denuncias de los activistas han conseguido torcer el brazo de los partidos conservadores para sumergir la propuesta en el hemiciclo. 

Alejandra Jacinto: "El problema de la vivienda está en fase de ebullición"

"La situación es crítica, tanto para las personas que quieren acceder a un alquiler como para las que buscan comprar una vivienda. Los juzgados no aplican la legislación, llena de grietas, para frenar los desahucios. El PP, Vox y Junts se han aliado con el capital especulativo y las empresas de desokupación, que son organizaciones criminales, actúan pisoteando el Estado de derecho. El problema de la vivienda está en fase de ebullición, es uno de los principales hándicaps que tenemos como sociedad", denuncia Alejandra Jacinto, abogada en CAES y activista por el derecho a la vivienda. 

Sumar forzará una segunda votación en la Cámara Baja para limitar los alquileres de temporada tras el no de Junts, que horas antes del pleno había confirmado su abstención. Los sindicatos esperan que su propuesta no caiga en saco roto y seguirán trabajando para "defender los derechos de los inquilinos", que "no son patrimonio de ningún partido político". Asimismo, insisten en la necesidad de reformar la Ley de Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Jacinto también insta al Gobierno a revisar las normas y pide incluir un régimen sancionador o "prohibir la compra especulativa" de inversores no residentes. "Las casas son para vivir", reivindica.

Y mientras tanto, los okupas

Manu Tenorio, Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega. El mantra de la okupación campa a sus anchas por las tertulias y magazines de televisión, mientras se silencian los desahucios y la inacción administrativa. El Ministerio de Vivienda asegura que sólo el 0,06% del parque inmobiliario de todo el país está en situación de okupación ilegal. Este porcentaje sale de los 16.765 casos denunciados de allanamiento y usurpación, sobre un total de 20,9 millones de inmuebles. El número de desahucios es "tremendamente" superior, pero no recibe, ni por asomo, la misma atención. Esta misma semana, los inquiokupas del cantante Manu Tenorio protagonizaron todos los debates: ni rastro de Lola, Aurora, Zohra o su hijo de ocho años.

"La okupación es una cortina de humo para no abordar el problema del acceso a la vivienda"

"La falsa alarma que tenemos con el problema de la okupación no es más que una cortina de humo para no querer abordar el problema de fondo, que es el acceso a la vivienda", reconoce Alejandra Jacinto. Si no, que se lo pregunten a Charo y José Vicente. La pareja duerme desde el pasado mes de julio en una tienda de campaña en una playa de Alacant, porque no puede pagar el alquiler de un piso y tampoco tiene acceso a una vivienda social. "Vino un momento difícil, pero pagamos lo que debíamos. A los dos días, nos llegó una carta con una orden de desahucio. Los alquileres están tan altos, que no nos da para más", explica la familia en este vídeo. 

La crisis de la vivienda empieza a abrirse paso –lentamente– en algunos canales de YouTube y programas de televisión, aunque desmontar un lustro de bulos e informaciones manipuladas, requerirá tiempo, sobre todo si los anuncios de alarmas y la okupación siguen acaparando todos los focos. En este contexto de burbujeo, una treintena de plataformas y organizaciones han convocado el próximo 13 de octubre una manifestación en Madrid por el derecho a la vivienda. "Tenemos que elegir con qué modelo nos quedamos, si con el de los partidos inmobiliarios, o con el de quienes queremos vivir sin que el acceso a un inmueble sea misión imposible", sentencian los activistas.