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Todas las autonomías en las que no gobierna el PP se oponen a la reválida de la Educación Secundaria

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"Ni las queremos, ni benefician a nadie, ni nos hacen falta" ha criticado el consejero asturiano de Educación. / EUROPA PRESS

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MADRID.- Asturias, Andalucía, Baleares, Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha han expresado un rotundo rechazo al real decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato de la LOMCE, más conocidas como reválidas. Además, Catalunya ya ha anunciado que va a recurrir el decreto y, de momento, Castilla-La Mancha, Canarias y Aragón estudian esta posibilidad.

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En la misma línea, el consejero asturiano, Genaro Alonso, ha reiterado la necesidad de abrir una mesa de debate sobre el nuevo decreto: "Ni las queremos, ni benefician a nadie, ni nos hacen falta",  y las ha calificado como "el elemento más contestado y más perverso de la LOMCE". Canarias y Castilla-La Mancha planea ir más lejos y contempla la posibilidad de interponer un recurso como en su día hizo el gobierno canario con la evaluación de 6º de Primaria. Para el responsable castellanomanchego, Ángel Felpeto, estas pruebas "condicionan el futuro de quienes no aprueben estos exámenes", a pesar de haber aprobado los cuatro cursos de ESO y los dos de Bachillerato.

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Reacciones en Twitter

Tras aprobar el Consejo de Ministros el decreto que regula estas reválidas las reacciones no han tardado en llegar a las redes sociales.

El portavoz parlamentario de Educación del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha denunciado en Twitter que Rajoy pide la abstención de los socialistas en su investidura "mientras aprueba las reválidas segregadoras". "#VaASErQueNO", era el hashtag que utilizaba para expresar su rechazo a esta decisión del Gobierno en funciones.

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En otro tuit alertaba de que "un alumno puede obtener el título de Medicina si le aprueban sus profesores de la Facultad sin prueba externa, pero no puede el de ESO y Bachiller sin reválida". Precisamente, el Ejecutivo valenciano denunció la semana pasada que el Gobierno aún no había aprobado el decreto que regula estas pruebas a un mes del inicio del curso 2016-2017 en el que debería entrar en vigor y a partir del cual las autonomías tienen que hacer sus propios desarrollos normativos.

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