Un enfermo de cáncer de próstata ha denunciado que el personal del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) lo amenazó con no incluirlo en las listas de espera para realizarle una biopsia si no daba su consentimiento informado de los riesgos de su operación mediante una firma electrónica, sin conocer a qué se comprometía ni cuáles eran esos riesgos y sin que su médico estuviera presente.

Según el paciente, cuya identidad responde a las iniciales P.C.R., el 30 de junio del año pasado, primero, y el 30 de octubre, posteriormente, fue requerido por el personal del mostrador de admisión del CHUS para que firmase en una tableta, similar a la que se emplean en muchos comercios para las tarjetas de compra, el consentimiento informado para una operación de cataratas, primero, y para una biopsia por cáncer de próstata, en la fecha siguiente. Según el hospital, el paciente ya había sido informado de los riesgos que corría por el galeno que lo trataba.

“Indiqué que estaba dispuesto a firmar el documento en papel, como hice para el anestesista, pero no sobre una tableta por considerar que no tenía garantía respecto de lo que estaba firmando”, asegura el afectado. Ante la insistencia del personal de administración “y bajo el apercibimiento de que si no firmaba dejaría de estar incluido en la lista de espera”, decidió firmar con un alias para no comprometer su visto bueno sin haber leído previamente el consentimiento.

El 11 de diciembre, el CHUS se dirigió al paciente para advertirle de que esa firma no era válida y que no sería operado si no daba fe correctamente de su aceptación mediante los medios digitales que le ofrecía el hospital. Ante su nueva negativa, el caso quedó en manos de los servicios jurídicos del centro, que tres días después, el 14 de diciembre, convocaron de nuevo al enfermo para que pudiera, finalmente, leer y firmar el documento en su versión tradicional en papel. A mayores, el afectado alega que la queja que presentó en el servicio de Atención al Paciente el pasado 27 de noviembre ni siquiera ha sido contestada por la gerencia del centro.

El Servicio Galego de Saúde (Sergas), al que está adscrito el hospital, aseguró en un primer momento que todo fue fruto de una supuesta confusión del enfermo, al que no se habría obligado a firmar el consentimiento informado en una tablet sino sólo la admisión en la lista de espera. Esa versión contradice el documento oficial resultante de la firma electrónica que rubricó con alias el afectado el pasado 30 de octubre, bajo cuyo encabezamiento en negrita (“Consentimiento informado”), y en el formato habitual que el hospital y el Sergas utilizan para estos tipo de escritos, figuran sus datos personales.

En el texto, el paciente manifiesta que fue informado por el médico “del procedimiento Biopsia Prostática y de los beneficios que se esperan y del tipo de riesgos que comporta esa intervención”, por lo que consiente a que los profesionales del servicio de Urología le practiquen “el procedimiento mencionado y descrito en el presente documento”. Por si faltaran dudas sobre la forma en que se rubricó, el documento añade esta frase en el apartado destinado al médico, junto al alias en firma electrónica del paciente: “Firmado digitalmente en Santiago de Compostela (Galicia) con fecha 30/10/2017”.

Tras conocer que Público había accedido a ese documento, el hospital admitió que lo que se le había ofrecido a firmar al hombre habían sido, conjuntamente, el consentimiento informado y la admisión en las listas de espera. Y aseguró que si detectaron que su firma era falsa fue por la queja que interpuso ante el departamento de Atención al Cliente.

La Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS, que se ha hecho eco de la denuncia, asegura que los procedimientos utilizados “vulneran derechos fundamentales e incurren en conductas sancionadas como infracciones por el ordenamiento jurídico”. Primero, porque se conculca “el derecho a la información al pretender otorgar el consentimiento informado sin conocer su contenido concreto, cercenando así su sentido final que no es otro que prestar autorización libre y voluntaria a una actuación en el ámbito de la salud previa obtención de la información adecuada, suficiente y comprensible”.

En segundo lugar, “se produce una incorrecta prestación del consentimiento al separarse el acto informado verbalmente que debe suministrar el médico y el acto de firma del consentimiento, dando lugar a que el paciente no pueda tener constancia de que la información reflejada por escrito sea congruente con la recibida verbalmente”.

En tercer lugar, porque el Sergas obliga “mediante amenaza de no realizar la intervención quirúrgica” a firmar en una tableta, olvidando que la ley de Procedimiento Administrativo Común reconoce a los ciudadanos el derecho a elegir no relacionarse con las administraciones públicas mediante medios digitales.
“No resulta tolerable”, añade la Asociación, “que sean los propios servicios administrativos del CHUS los que levanten obstáculos y barreras burocráticas para recibir la asistencia sanitaria requerida y prescrita por el personal facultativo, y los que ignoren, a costa de nuestra salud, los derechos esenciales de los pacientes”.