Las personas y las organizaciones que defienden la sanidad pública aseguran que la reforma sanitaria de Alberto Núñez Feijóo, que ya ha iniciado su tramitación en el Parlamento de Galicia, abocará a los gallegos a contar con un sistema sanitario precario, dependiente de los hospitales privados y discriminatorio con sus usuarios, en especial con los que habitan en las zonas interiores de la comunidad. Mientras el PP asegura que las multitudinarias protestas contra la reforma son sólo "un intento de desgastar al Gobierno por unos cuantos votos", las asociaciones de profesionales y de pacientes, los sindicatos y la oposición política alertan de que la nueva ley acabará con las estructuras de salud construidas en los últimos treinta años.

Lo cierto es que ese proceso de desmantelamiento ya ha comenzado, a juicio de esas organizaciones, y se ha hecho notar con dureza en los hospitales comarcales, levantados, curiosamente, durante los gobiernos de Manuel Fraga, en los que Feijóo participaba directamente en la aplicación de la estrategia sanitaria como secretario xeral de la Consellería de Sanidade. 

Según señalan los portavoces de la Asociación Batas Blancas, que integra a médicos y personal de enfermería de toda la comunidad, la puesta en marcha de esos centros comarcales tuvo un impacto social muy relevante en sus comarcas. Además de las ventajas evidentes sobre la salud de la población y de que por cada hospital se crearan entre 300 y 500 puestos de trabajo directos, su apertura tuvo una "enorme repercusión en la población joven y en el empleo femenino, en los proveedores y empresas locales, en el mercado inmobiliario y en la disminución del gasto y de los trastornos familiares, al evitar numerosos desplazamientos a otras áreas sanitarias". 

La llegada al Gobierno de Feijóo, sin embargo, ha supuesto, a juicio de la asociación, la reversión de ese proceso. Y el ejemplo paradigmático es el Hospital do Salnés, en Vilagarcía de Arousa, que da servicio a una comarca nueve municipios y más de 112.000 habitantes. Fue constituido como Fundación Pública, un modelo ideado por el ex conselleiro y ex ministro de Sanidad Manuel Romay Beccaría, cuyo hombre de confianza, por cierto, era Feijóo, y que fue hartamente utilizado por el PP para dotar a la sanidad pública de fórmulas de gestión privada. 

El Hospital de O Salnés fue inaugurado por el propio Fraga en enero del 2001, y a pesar de estar ubicado en una de las pocas comarcas gallegas que ganan población sostenidamente, desde el año 2009, los recortes de Feijóo han hecho que haya ido perdiendo progresivamente autonomía, personal y departamentos. 

Según Batas Blancas, primero se cerraron los servicios de Radiología y Análisis Clínicos de la Casa del Mar de Vilagarcía y se trasladó al hospital de Pontevedra la sala de Digestivo, lo que supuso dejar sin recursos propios de radiodiagnóstico y analíticas al departamento de Atención Primaria. El resultado fue que alrededor de cuarenta pacientes tuvieron que empezar a desplazarse cada día a esa ciudad para recibir la atención que precisaban. 

Después se eliminó la unidad de Parto Natural, que había permitido al centro de O Salnés recibir de Unicef la acreditación de “Hospital Amigo de los Niños”, una referencia con la que sólo contaban otros siete centros en toda España. También se suprimieron las especialidades de Neurología, Andrología y Salud Sexual –esta última la única en Galicia-. El servicio de Farmacia pasó a ser una Unidad de dispensación, mientras que algunos departamentos administrativos, como Informática, Control de Gestión, Contabilidad, Personal, Almacenes, Compras y Suministros se trasladaron también a Pontevedra o pasaron a depender de ese hospital. 

Algo parecido sucedió con otros servicios médicos, como Medicina Interna, el más importante por volumen de pacientes, y Radiodiagnóstico, que fueron reformulados para hacerlos dependientes de Pontevedra. También se eliminó la sección de Otorrinolaringología y se privó de autonomía a las especialidades de Urología, Oftalmología y Digestivo. 

"El servicio de Psiquiatría ha pasado a realizar las interconsultas de los pacientes ingresados telefónicamente, sin que vea al paciente ningún especialista", aseguran los portavoces de Batas Blancas, que advierten también de que los médicos especialistas del hospital de O Salnés son considerados como "profesionales de segunda" dado que para derivar enfermos a Pontevedra, sus decisiones "han de ser revisadas por otro facultativo"  de ese centro. 

"Tampoco se ha cumplido con la ampliación de la cartera de servicios prevista a través de la creación de la unidad de Hemodiálisis, de la de Corta Estancia, de la ampliación de la hospitalización a domicilio, de la sala de tratamientos oncológicos, la casa de partos y la renovación del equipamiento tecnológico", abunda Batas Blancas, que afirma que el desmantelamiento de servicios incluso llegó a la periferia: "Se cerró la escuela infantil Mafalda –una guardería para el personal abierta también al público-, a pesar del gran déficit de plazas que hay en la comarca. Se creó un parking de pago eliminando gran parte de los aparcamientos públicos y se suprimió la concesión de la lavandería a una empresa de la zona, que daba empleo a personas con discapacidad, derivándola a empresas de fuera de O Salnés". 

Batas Blancas ofrece toda esta historia retando al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, a rebatirlos más allá de una descalificación no motivada. Pero Almuíña niega la mayor. En respuesta a una pregunta parlamentaria de su partido sobre las mejoras implementadas en O Salnés, el conselleiro aseguró recientemente que las inversiones de la Xunta en el hospital desde que Feijóo es presidente rondan los 9,3 millones de euros, y que gracias a ellas se ha "incrementado un 27% sus espacios y dotaciones". Además, añade a esa cuantía las de otras inversiones previstas por más de 300.000 euros. 

Mientras tanto, la sanidad gallega sigue dando muestras evidentes de una depauperación inaudita, no sólo en O Salnés, sino también en los grandes hospitales. La semana pasada, la Asociación de Pacientes y Usuarios del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago hacía pública su enésima denuncia sobre el colapso de las urgencias del centro, donde se ha convertido en habitual la imagen de pacientes en camillas y sillas de ruedas esperando en los pasillos a recibir asistencia. 

Este lunes, Manuel Martín, presidente de SOS Sanidade Pública, la plataforma que reúne a la mayoría de las organizaciones que rechazan la reforma de Feijóo, ha vuelto a remitir una carta al presidente de la Xunta en la que pide una entrevista para solicitar la retirada de la nueva ley de salud y la apertura de "un proceso de negociación participativa abierta a todos los agentes sociales" para abordar los graves problemas en los que ha derivado la política de recortes presupuestarios en la sanidad.