La sanidad pública da la espalda a las mujeres víctimas de la ablación

La ablación del clítoris, también conocida como mutilación genital femenina (MGF) es la extirpación parcial o total de los órganos genitales femeninos con motivo de eliminar el placer sexual en las mujeres por razones culturales y religiosas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó en 2008 una resolución sobre la eliminación de esta práctica al entender que se trata de una forma de tortura y discriminación que atenta contra el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y mental y, en los casos más extremos, el derecho a la vida.

Las consecuencias de la ablación a medio y largo plazo son la aparición de infecciones recurrentes, complicaciones en partos, quistes y fístulas vesicales y múltiples episodios de dolor 

La mutilación genital femenina se practica, por lo general, a niñas de entre 4 y 6 años de edad. En la mayor parte de los casos sin anestesia. La excisión se efectúa con una simple cuchilla. No hay ningún tipo de control sanitario. Muchas de ellas mueren por infecciones y hemorragias.
Algunas de las consecuencias de la MGF a medio y largo plazo son la aparición de infecciones recurrentes, complicaciones en partos, quistes y fístulas vesicales y múltiples episodios de dolor. 

En España hay 57.251 mujeres procedentes de los 29 países donde la ablación es una práctica común

A consecuencia de los movimientos migratorios, se cree que habitan en Europa 500.000 mujeres mutiladas. En España hay 57.251 mujeres procedentes de los 29 países donde se practica la ablación, según un informe de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Wassu. No existen registros que muestren el número exacto de mutiladas en en España. Sin embargo, este informe estima que las niñas en riesgo de sufrir mutilación genital han aumentado un 60% en los últimos cuatro años en España.

"En la mayoría de las ocasiones basta con una cirugía menor y una noche de ingreso, es un coste fácilmente asumible por la administración"

El coste de la operación suele oscilar entre los 1.500 y los 2.000 euros dependiendo de cada caso y del tipo de mutilación a la que haya sido sometida la paciente. Barri Soldevila cree que este tipo de intervenciones deberían empezar a ser sufragadas por el Estado: "Son operaciones que no deberían suponer ningún coste para los pacientes. En la mayoría de las ocasiones basta con una cirugía menor (en muchos casos ambulatoria) y una noche de ingreso, es un coste fácilmente asumible por la administración". 

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FEMENINO PLURAL