· TODOS LOS RETOS DEL NUEVO GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ - VER ESPECIAL

El país que hereda Pedro Sánchez es sin duda una manzana envenenada. Los datos macroeconómicos que deja Rajoy son buenos: la economía crece, el paro baja y la recuperación parece consolidarse. Sin embargo, bajo estas cifras que el PP esgrime a diario para justificar sus políticas se esconde una realidad de desigualdad social, aumento de la pobreza, precariedad laboral, salarios a la baja y un repunte del precio de la vivienda.

Sánchez no puede decir que es ajeno a estos males. Desde la oposición ha criticado el rumbo que el PP tomó para dejar atrás la recesión, ha hecho propuestas claras y el programa electoral del PSOE era tajante en ese sentido. De hecho, la precariedad laboral y la desigualdad social estuvieron muy presentes en sus intervenciones en el Congreso durante la moción de censura que le ha llevado a La Moncloa.

"Tenemos una tarea muy importante por la cohesión social, es necesario estabilizar socialmente a nuestro país", afirmó tras recibir el apoyo de la Cámara el pasado viernes. Para Sánchez hay "urgencias sociales" de mucha gente que sufre "precariedad y desigualdad". El problema es que no tiene cuatro años para acometer las reformas que su partido planteó en la última campaña electoral.

Los socialistas hicieron campaña hace dos años con la escandalosa tasa de riesgo de pobreza que, según el INE, se situó en el 22,2% en 2016 mientras que se elevaba hasta el 30,1% en el caso de los menores de 16 años. Por eso, una de las promesas estrella de los socialistas fue el Ingreso Mínimo Vital, una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos y en situación de necesidad, similar a las pensiones no contributivas, de la que podrían beneficiarse unos 730.000 hogares. Ahora tendrá que decidir si esa medida es prioritaria o puede esperar.

En material laboral, la baza más fácil que tiene el nuevo Ejecutivo para paliar mínimamente la precariedad es al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Actualmente se encuentra en 736 euros mensuales, aunque los sindicatos llevan tiempo pidiendo su equiparación a las grandes potencias europeas. Sánchez ha afirmado en más de una ocasión que su objetivo es elevarlo a los mil euros para 2020 y además se ha comprometido a avanzar en una Ley de Igualdad Salarial para combatir la brecha de género.

También tiene la oportunidad de convertir en realidad una de sus promesas electorales más publicitada: la derogación de la reforma laboral del PP, para lo que contaría con apoyos suficientes en el Congreso.

La pobreza energética también se coló en las últimas campañas electorales y el propio Sánchez ha pedido explicaciones al ministro de Energía, Álvaro Nadal, por los repetidos aumentos del precio de la electricidad. Desde el Gobierno, el presidente puede poner en marcha, por ejemplo, la “tarifa social” que prometió en campaña para “consumidores vulnerables”. En su momento cifró el coste de esta medida en 120 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que quedaría descarta para 2018, ya que los presupuestos están aprobados. Sin embargo, sí puede endurecer la normativa para evitar que se corten los suministros energéticos para hogares sin recursos.

Pinchar la burbuja del alquiler

Sin duda, uno de los principales problemas de los últimos tiempos pasa por encontrar una vivienda asequible. El precio de los alquileres en las principales ciudades del país se ha disparado y el propio PSOE presentó en el Congreso hace dos meses una Proposición de Ley para frenar la tendencia. Contemplaba, entre otras medidas, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y aumentar la duración de los contratos a cinco años y otras cláusulas para proteger a los inquilinos frente a repentinos cambios de propietarios. También incluía desgravaciones fiscales para el que alquila. Sin embargo, ahora desde Moncloa puede ir más allá y regular directamente el alquiler turístico, uno de los principales factores que ha aumentado los precios.

Imagen de archivo de una casa en alquiler. EFE

Por otra parte, Sánchez ha prometido impulsar desde el Gobierno central una ampliación del parque público de viviendas, se ha propuesto un mayor control de la SAREB, el llamado banco malo que absorbió los activos tóxicos de los bancos provenientes de la burbuja inmobiliaria y la crisis hipotecaria, y ha deslizado la posibilidad de penalizar a las entidades financieras que tengan viviendas vacías.

Pero de poco servirían todas estas medidas si el nuevo Gobierno mantiene el marco legal que permite a los grandes inversores y a los fondos buitre especular con el precio de la vivienda sin apenas pagar impuestos en España. Diferentes colectivos sociales y también Unidos Podemos han exigido regular y endurecer las condiciones de las Socimi (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), a las que el PP allanó el camino en 2012 y que ahora controlan un gran pedazo del pastel inmobiliario del alquiler.