Marilin Figueroa migró desde Colombia a España hace dos años. En cuanto puso un pie en este país encontró trabajo como cuidadora interna. Muchos pensarán que es una suerte para los tiempos que corren, pero Marilin no tenía contrato de trabajo.

"Al poco tiempo me quedé embarazada. No estaba planeado. Al no estar contratada y poder cotizar por falta de documentación, quedé totalmente desprotegida. No pude darme de baja por embarazo, ni un permiso de maternidad, nada de nada. Las personas que no tenemos una regularización, aunque estamos trabajando para este país, no tenemos ningún tipo de protección social, ni derechos", lamenta.

Su pareja, Duverney Plaza, también con nacionalidad colombiana, lo tuvo un poco más difícil. Él es solicitante de protección internacional por persecución política. Asegura que, ya unos meses antes de tomar la decisión de migrar a España, fue "secuestrado por la guerrilla para reclutarlo en el monte y trabajar para ellos", pero consiguió escapar.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, todavía no podemos hablar de posconflicto en Colombia, ya que después de los Acuerdos de Paz tras la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), todavía continúan al menos cinco conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia.

Ni Marilin tiene la documentación necesaria para una regularización, ni a Duverney le llega una resolución a favor o denegada de su petición de asilo. Se encuentran en un limbo a pesar de que su hija, de tan solo un año, cuenta con la nacionalidad española.

La nueva orden de Migraciones

Pero todo eso ha cambiado en cuestión de días, ya que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó a finales de septiembre
una instrucción que permite a migrantes extracomunitarios con hijas e hijos españoles menores de edad conseguir un permiso de residencia de cinco años. Se trata, además de una demanda histórica en materia de Extranjería impulsada por organismos como el Defensor del Pueblo.

"Hemos pasado de vivir con miedo a vivir con ilusión", afirma Duverney. Y es que migrar en busca de una vida mejor no siempre es un camino fácil y cuando hay menores de por medio, la situación se puede complicar. "Nuestra vida e intereses cambió cuando llegó la bebé. Ahora teníamos la responsabilidad como padres de darle también un futuro a ella, pero sin la ayuda de nuestros amigos y familiares eso no hubiera sido posible", sostiene. Por ello, el objetivo de esta instrucción, según Inclusión, es "garantizar un entorno estable para el desarrollo de un menor".

Según esta orden, un progenitor extracomunitario de un menor de nacionalidad española también podrán beneficiarse de la autorización de residencia, "atendiendo así a la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", según el Ministerio.

En menos de 15 días

Y así ha sido. Ni 15 días ha tardado en salir la resolución del permiso de residencia de esta familia con nacionalidad colombiana al acogerse a esta nueva instrucción. "Ya me ha llamado la abogada de Málaga Acoge para informarnos de que por fin vamos a tener cada uno una residencia de cinco años. Ha sido una bendición porque llevamos tiempo esperando y ni siquiera con la protección internacional encontrábamos una respuesta", agradece Marilin.

Cinco años de residencia es lo que permite a familias como Marilin, Duverney y la bebé, según esta instrucción de la Dirección General de Migraciones. En este caso, no tendrán que acreditar medios económico y antecedentes penales, como ocurría antes, sino que tendrán que demostrar el vínculo familiar y su dependencia.

"Hasta ahora ha sido complicado y nos han cerrado muchas puertas por no estar regularizados. Por ejemplo, no podía tener trabajo sin documentación, pero sin documentación no podía optar a un empleo. Creo que ahora todo va ser más fácil", afirma el padre.

Marilin tiene claro que lo primero que va hacer es buscar un trabajo. Lo que más le gustaría es poder viajar a Colombia para que la familia conociese a la bebé. Sin embargo, esta situación de irregularidad no solo le ha negado la oportunidad de encontrar un empleo o de acogerse a sus derechos sociales como trabajadora, sino que también le ha privado del acceso a la educación.

"No he podido convalidar en España mis estudios en Colombia. Tampoco he podido continuar formándome. Espero que ahora, con los papeles en orden, pueda hacerlo", confía.

Un pequeño paso en las reivindicaciones

Fue a raíz del estado de alarma cuando se intensificaron las reivindicaciones de colectivos migrantes y ONG por un amplio proceso de regularización de personas indocumentadas, totalmente desprotegidas durante la pandemia. La campaña #RegularizacionYA logró que ERC, con apoyo de otros partidos, llevara al congreso su propuestas en una Proposición No de Ley para una regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que residen en el Estado español. Pero fue rechazada por mayoría en el justo en la semana que se aprobó esta instrucción. Una de cal y cientos de arena.

No obstante, desde la Secretaría de Estado de Migraciones se han aprobado varias instrucciones en este sentido, aunque dar el paso a una regularización más amplia de las personas migrantes es algo que no está en la agenda desde el Ministerio de Inclusión, ni desde la Dirección de Migraciones.

Pero los datos son tozudos. El reciente informe Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España, elaborado por Gonzalo Fanjul, desde la Fundación porCausa, e Ismael Gálvez-Iniesta, de Universidad Carlos III de Madrid, muestra las ventajas económicas y sociales de una regularización de las personas en situación administrativa irregular.

"Ojalá pronto, con nuestra residencia, podamos contribuir y cotizar en este país, porque las personas extranjeras ya lo hacemos. Trabajamos en España y todos nuestros gastos están en España, pero necesitamos también tener las mismas oportunidades que cualquier persona que ha nacido en España", concluye Marilin.