"No tenemos constancia de que haya sucedido antes", afirma a Público María Jesús Vega, portavoz en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también lo señalan: "No había pasado antes y nos preocupa", dice Paloma Favieres, abogada y responsable de políticas y campañas de esta organización.

Grecia decidió de forma unilateral el pasado domingo suspender el derecho de asilo durante un mes. A partir de entonces no aceptará solicitudes de asilo o protección internacional y expulsará de su territorio a quienes hayan entrado en el país "de forma irregular".

El anuncio llegó después de que Turquía abriera sus fronteras e incluso facilitara el trasporte hasta ellas a miles de refugiados, sobre todo afganos y sirios bloqueados en su territorio, para presionar por mejoras en las condiciones de su acuerdo con la UE de 2016 —en Turquía hay más de 3,5 millones de refugiados— y para forzar el apoyo a su postura en el conflicto sirio tras la ofensiva en Idlib de Al Asad.

La respuesta griega y, por tanto, europea, significa que ha quedado sin efecto la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, elaborada inicialmente para solventar el drama de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial que quedaban dispersos por Europa y cuyo protocolo está suscrito por casi 150 países del mundo. Es la base del derecho de asilo y vertebra la normativa en la materia de cada país adherido.

La decisión ha hecho saltar las alarmas de organizaciones humanitarias y de juristas, no solo por su arbitrariedad y la represión policial que ha llevado aparejada contra las personas que huyen de la violencia y los conflictos, sino también por el precedente que genera y por el riesgo de que el Derecho Internacional se convierta en papel mojado en el continente que lo vio nacer.

Preocupa pero no sorprende a la experta en migraciones del CIDOB Blanca Garcés, que destaca que el maltrato europeo al Derecho de Asilo y, por tanto, a los refugiados por parte de Europa es una constante desde hace años. "La decisión griega, junto con el aval del Tribunal de Estrasburgo a las devoluciones en caliente de migrantes sólo confirma una deriva en la que prima el control de fronteras sobre los derechos fundamentales y los convenios internacionales", sostiene.

"Huyen de una guerra que hemos ignorado con toda la desfachatez y aquí se sigue utilizando un lenguaje bélico para justificar estas medidas. Se empieza justificando la excepción para los otros, en este caso, migrantes y refugiados y se acaba aplicando contra los propios ciudadanos de los Estados europeos", advierte. "Los campos de refugiados de Lesbos ya eran una excepción de vulneración y limitación de derechos fundamentales desde 2015. Ahora, esa vulneración ya es directa y argumentada políticamente sin que nadie se ruborice", lamenta.

Sin justificación legal

"Ni la convención de Ginebra del 51 ni la legislación de la UE en materia de refugiados contienen fundamentos jurídicos para hacer esto. El derecho a pedir asilo está internacionalmente reconocido, al igual que el principio de no devolución", apunta la portavoz de ACNUR en España, que pide a Europa que se ajuste a su propia legislación y vele por el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de asilo y refugio.

"Es una decisión vulneradora del Derecho Internacional y parece contraria a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y a la propia normativa de la Unión Europea", precisa Miguel Ángel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Según este experto jurista, los argumentos griegos pueden tener sentido ante la actitud turca, pero nunca pueden justificar que se deje en suspenso en Derecho Internacional.

El Gobierno heleno basó su decisión en el artículo 78.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permitiría tomar medidas excepcionales y temporales si un Estado miembro afronta una "afluencia repentina de nacionales de terceros países". El problema, prosigue Presno, es que esta medida debe ser adoptada por el Consejo Europeo, a propuesta de la Comisión Europea y previa consulta al Parlamento Europeo, algo que no se ha realizado.

Sin embargo, los representantes de estas tres instituciones europeas no sólo no se han pronunciado ni reunido oficialmente para tratar este asunto, sino que han viajado hasta Grecia para respaldar al Ejecutivo de Mitsotakis, "escudo" de la frontera de Europa, dijeron los portavoces. "En todo caso, esas medidas no pueden ser contrarias a los derechos de los que son titulares los demandantes de asilo o protección internacional", añade Presno, que subraya que "así se amenaza no sólo la Convención de Ginebra, sino también el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la normativa de la UE".

Un escalón más tras el aval a las devoluciones en caliente

También precisa que la suspensión en Grecia sigue la línea del aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones en caliente: "Ambas desconocen la normativa internacional y, concretamente, la europea en materia de asilo y tratar de justificarse en el carácter irregular y/o no pacífico de las entradas de estas personas en el territorio de países como España o Grecia, cuando hay derechos que toda persona debe poder ejercer al margen de su situación administrativa o, incluso, penal", puntializa.

Coinciden con él, entre otros organismos de peso, Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Consejo General de la Abogacía Española. En sendos comunicados argumentan que esta suspensión también supone una vulneración directa de los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que garantizan el derecho de asilo y prohíben las expulsiones colectivas cuando hay riesgo de persecución o torturas.

El riesgo de externalizar fronteras

Para Garcés ha quedado claro que cualquier convención o acuerdo "se firma y, a continuación, no se cumple", como ya ocurrió con las cuotas de reasentamiento y reubicación de refugiados que la UE impuso en 2016 a sus Estados miembro para atajar la llamada crisis de los refugiados que, ahora, se ha revelado como una "crisis de humanidad creada por Europa", como han denunciado Médicos Sin Fronteras, CEAR, la Coordinadora de ONGD y Amnistía Internacional.

Esta experta destaca, además, que se están cumpliendo las advertencias de múltiples organizaciones sobre el peligro de dejar en manos de terceros países como Turquía, Libia o Marruecos el control de los flujos migratorios. "Esos acuerdos mantenían la ficción de que Europa respeta los derechos humanos, se pagaba y otros países hacían lo que la legislación internacional no permite a Europa", sostiene. "Ahora ya ni siquiera fingimos, y esas medidas, como devolver a solicitantes de asilo o dispararles gases lacrimógenos se hacen en suelo europeo con descaro y nadie se sonroja por ello", concluye.