El Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobado este martes, 31 de agosto, en Consejo de Ministros en primera lectura. Ahora se abre un periodo de información pública para recoger las observaciones de los diferentes colectivos antes de que el Gobierno apruebe el texto definitivo. 

La nueva reforma universitaria pretende acabar con la precariedad del profesorado para ello se va a reducir la contratación temporal de docentes, rebajándola del actual 40 al 20%. También se subirá el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55%, y su implantación se pretende que sea "gradual". 

Esta modificación del sistema universitario tiene cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias.

La aprobación de la LOSU va encaminada a lograr el objetivo número tres: garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador, según constaba en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español enviado a Bruselas a principios de mayo.

Otro de los puntos fuertes de esta nueva ley dice que cuando haya dos candidatos en "igualdad de condiciones de idoneidad", tengan "preferencia" para ser contratadas "las personas del sexo menos representado" en el cuerpo docente o en la categoría que se trate. 

Además, desaparece la figura del Rey de la expedición de títulos universitarios, en su lugar lo harán los rectores o rectoras en nombre del monarca. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Universidades, Manuel Castells, ha subrayado también la intención de su departamento de incrementar la financiación de las universidades públicas hasta el 5% del PIB en una década, situando a España en la media europea, a través de acuerdos con las comunidades autónomas.

La futura ley orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU), es la tercera en democracia tras la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades de 2001, también incorpora un cambio en la designación de los rectores, un cargo reservado hasta la fecha a los catedráticos.

Castells ha declarado que se cambia una "definición por rango a una por méritos", por lo que así podrá ser rector cualquier funcionario que tenga tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y haya desempeñado cargos en la Universidad durante "al menos 4 años".

El personal docente e investigador (PDI) suma 125.471 docentes, la mitad de los cuales tiene más de 50 años y solo el 19% menos de 40.