Gallegos y portugueses le llaman A Raia (la raya) y sus habitantes se conocen como arraianos, independientemente del idioma en que esté consignado su pasaporte. Es la frontera natural que dibuja el río Miño entre Galicia y Portugal, de tradición trovadoresca y contrabandista (no siempre por ese orden), y, hoy, un limbo laboral para los trabajadores que operan en la zona. Hasta el punto de que la Confederación Intersindical Galega (CIG) y el primer sindicato portugués (CGTP-IN) denuncian que empresas de una y otra vera del río aprovechan la lasitud reguladora de ambos Gobiernos y de la Unión Europea para incrementar sus beneficios a costa de la “sobrexplotación laboral” de trabajadores gallegos y lusos.

“Es habitual la presencia en Galicia de trabajadores portugueses con condiciones laborales de su país, y gallegos trabajando en España bajo convenios portugueses, que son un 50% más bajos [incluyendo incentivos, horas extras...]”, denuncian desde la CIG, que inició recientemente junto al citado sindicato luso una campaña de movilizaciones. Los denunciantes califican estas prácticas como “dumping social” y “nueva forma de esclavitud”.

“Es una modalidad más de precarización de las condiciones laborales que se viene permitiendo desde que estalló la crisis”, explica a Público Paco Sío, secretario de negociación colectiva de la central sindical gallega. “Hay empresas que trabajan incluso para organismos oficiales y están montando sucursales en Portugal, en teoría para prestar servicios al sur de la frontera. Pero lo que hacen realmente es, desde esa sede, contratar a trabajadores gallegos y portugueses que, con las condiciones lusas, trabajan indistintamente al norte y al sur de A Raia. Y hay que tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional allí es 200 euros mensuales inferior al de España”.

La picaresca empresarial en A Raia también abusa del “traslado de trabajadores de un lado a otro de la frontera para evitar tener que convertir en indefinido a personal eventual con contratos de obra y servicio”, añaden desde la formación sindical. “A los trabajadores que llevan tres años en España con contratos de servicio, cuando legalmente los tienen que hacer fijos, los obligan a trasladarse a las plantas que la misma empresa tiene en Portugal. Después de un año, les ofrecen quedarse en Portugal con un salario bajo, o volver a España con otro contrato temporal”, asegura Francisco Sío.

En el caso de “las compañías de automoción y limpieza, cada vez es más común que abran delegaciones en suelo portugués para contratar tanto personal autóctono como gallego en peores condiciones”, aunque a la postre trabajen en ambos países. Lo mismo sucede en el sector del transporte, según los denunciantes: “Casi todos los camioneros de las empresas del sur de Galicia son ya portugueses, y cobran entre 8.000 y 9.000 euros menos al año”.

Pero incluso en las grandes obras públicas del sector de la construcción, añaden, las subcontratas portuguesas se aprovechan de este limbo legal para someter a sus trabajadores a “condiciones que rozan la esclavitud, con jornadas de 12 y 14 horas de lunes a sábado y sin vacaciones. Sabemos de jornadas de hasta 20 horas. Es esclavitud”.

Sío no puede precisar el número de trabajadores afectados por estas prácticas. “De momento, es imposible de cuantificar. Tenemos un protocolo de acción con el sindicato mayoritario portugués, desde el momento en que empezamos a percibir esta nueva modalidad de precarización. Y, desde que empezamos a estudiar la situación, nos hemos dado cuenta de que va afectando a todos los sectores en los dos países, y que es transversal. No puedo darte cifras, pero sí te puedo asegurar que es algo inmenso. En cada sector que vamos investigando, nos encontramos con que las empresas van normalizando estas prácticas: conserva, textil, construcción, piedra, transporte, automoción, servicios, naval… Es en todas partes”.

Hace más de un año, el sindicato denunció estas prácticas ante la Inspección de Trabajo de la Xunta de Galicia. Sin ningún éxito. “Lo más peligroso, y lo que hace esto más sangrante, es la falta de ética de los poderes, que utilizan las necesidades de unos y de otros para enfrentar a los trabajadores portugueses y gallegos cuando ambos están igual de sometidos”.