MADRID. -Un total de 216 municipios españoles con más de seis millones de habitantes estarán expuestos a los residuos radiactivos que se deriven hasta el almacén nuclear de Villar de Cañas (ATC) en caso de que finalmente se construya. En un informe publicado por Greenpeace, la organización ecologista alerta de los “riesgos” que supone el transporte de este tipo de mercancías y denuncia que las localidades implicadas “no están participando en la toma de decisiones de este proyecto, ya que no han sido consultadas”.

Según el plan diseñado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), responsable del ATC, unos 40 camiones circularán anualmente por las siete rutas que configuran el mapa entre las centrales nucleares en la Península y el almacén de Cuenca. Catalunya, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura son las comunidades afectadas con una media de tres transportes al mes.

“Los accidentes no se pueden descartar, y en ese caso la evacuación, refugio y descontaminación para la población que vive a lo largo de dichas rutas es muy difícil”, ha dicho en rueda de prensa Raquel Montón, responsable de Energía Nuclear de Greenpeace.

Aunque la organización ecologista reconoce que las dosis individuales de radiación que recibirá la población durante el transporte de estas mercancías son “habitualmente pequeñas”, Greenpeace alerta de que es imposible predecir los accidentes. En este sentido, avisa de que los contenedores donde se transportan los materiales radiactivos “no soportan una caída libre de nueve metros” y en caso de incendio “sólo soportan 800 grados durante 30 minutos”. Asimismo, denuncia que actualmente “no existe un plan de emergencia en caso de accidente nuclear en ruta”.

“Despilfarro”

Además de los riesgos para la salud y el medio ambiente, Greenpeace ha contemplado también en su informe el “riesgo para la economía” que supone el almacén nuclear. Según la ONG, el ATC supone un “despilfarro” de 1.000 millones de euros que tendrá que asumir toda la ciudadanía, frente a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada almacén individualizado en cada uno de los reactores y que son asumidos por las propias centrales. Greenpeace apunta, además, que el almacén supondrá una bajada del valor de las propiedades inmobiliarias que estén en la ruta de los camiones y que causa “un perjuicio al turismo”.