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Raquel Gago, absuelta de asesinato en el caso de Isabel Carrasco por fallos del juez en las preguntas al jurado

La agente de policía local ha sido condenada a 5 años de prisión por encubrimiento y tenencia ilícita de armas. Por su parte, Montserrat González y su hija Triana Martínez han sido condenadas a 22 y 20 años de prisión respectivamente por los delitos de asesinato en concurso con un delito de atentado agravado por el uso de armas de fuego.

La policía local y acusada, Raquel Gago, junto a su abogado Fermín Guerrero. EFE/J. Casares

EFE

LEÓN.- La sentencia por el crimen de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco absuelve del delito de asesinato a una de las acusadas, la policía local Raquel Gago, en contra del veredicto, al asumir el tribunal que las preguntas que debía responder el jurado estuvieron mal formuladas. El fallo condena a esta acusada a cinco años de prisión por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de armas, mientras que Montserrat González, autora confesa del asesinato, y su hija, Triana Martínez, se enfrentan a penas de 22 y 20 años, respectivamente.

El tribunal ha condenado a Montserrat González y a su hija por los delitos de asesinato en concurso ideal con un delito de atentado agravado por el uso de armas de fuego.

La sentencia no considera a Raquel Gago cooperadora en el crimen, según estableció el veredicto del jurado popular, aunque sí como encubridora, por lo que la condena a una pena de tres años de cárcel -de la que hay que descontar los ocho meses que pasó en prisión preventiva- y a dos años por tenencia ilícita de armas.

El tribunal ha considerado que el objeto del veredicto del jurado no estuvo bien planteado, un error del que se ha responsabilizado el presidente-magistrado del tribunal, Carlos Álvarez. Básicamente, el tribunal entiende que algunas de las más de ochenta preguntas que se le entregaron al jurado para que contestase y cuyas respuestas tenían que ser la base de veredicto no estaban bien formuladas.

Al respecto, precisa que ese incorrecto planteamiento dio pie a que el jurado incidiera en la calificación jurídico-penal de los hechos que declara probados, algo para lo que carece de toda competencia.

Gago no tendrá que ingresar en prisión ya que el presidente del tribunal que la ha absuelto de asesinato decidió el pasado 27 de febrero, junto con los otros dos magistrados de la sección tercera de la Audiencia de León, que la policía local podía seguir en libertad provisional hasta que se resuelvan los recursos que ha anunciado su defensa.

El tribunal ha condenado a Montserrat a 22 años de prisión al considerarla autora material del crimen, con el agravante de disfraz y el atenuante de reparación parcial del daño, ya que ha hecho frente parcialmente a las indemnizaciones que la exigen la fiscalía y las acusaciones particulares. Por los delitos de asesinato y atentado a la autoridad le impone la pena de 19 años de prisión, a los que hay que sumar otros 3 por tenencia ilícita de armas.

La sentencia establece que Montserrat no podrá acercarse a la hija de Isabel Carrasco, Loreto Rodríguez Carrasco, ni a la pareja sentimental de la presidenta de la Diputación asesinada, Jesús López Brea, ni comunicarse con ellos por ningún medio durante un periodo de 25 años.

A Triana Martínez la condena como cooperadora necesaria del asesinato, con atentado a la autoridad, uso de arma de fuego y agravante de disfraz, aunque también atiende la atenuante de reparación parcial del daño. Por los delitos de cooperadora y atentado a la autoridad le impone una pena de 17 años y 6 meses de prisión y por la tenencia ilícita de armas a 2 años y 6 meses. Igual que su madre, no podrá acercarse ni comunicarse con la hija y la pareja de la víctima durante 25 años.

Acusaciones y defensa recurrirán la sentencia


Las dos acusaciones particulares y la Fiscalía han anunciado que recurrirán la sentencia que absuelve a Gago del delito de asesinato; y las defensas también han anunciado que recurrirán.

Isabel Carrasco murió a las cinco y cuarto de la tarde del 12 de mayo de 2014 tras recibir tres disparos cuando atravesaba una pasarela peatonal sobre el río Bernesga para dirigirse a la sede del PP en el Paseo de Salamanca.

La Policía detuvo veinte minutos después a Montserrat González y a su hija Triana Martínez como supuestas autoras de su muerte gracias a la colaboración de un agente de policía jubilado que presenció la agresión y siguió a la primera.

Casi cuarenta y ocho horas después, Raquel Gago entregó en la Comisaría de León el arma homicida y explicó que la había encontrado en su coche sin saber cómo había llegado hasta allí.

Montserrat González declaró que había sido la única responsable del crimen y explicó que había actuado movida por el odio, ya que responsabilizaba a Isabel Carrasco del despido de su hija de la Diputación de León y de cercenar su carrera política en el PP. EFE

Sanción del 1.000 euros para el abogado de Gago

Por su parte, el abogado de la Policía Local Raquel Gago ha sido sancionado a una multa de mil euros por no comparecer en una de las jornadas del juicio. La Audiencia Provincial de León ha decidido en una pieza separada sancionar al letrado Fermín Guerrero por su incomparecencia del día 27 de enero que motivó la suspensión de la vista oral de ese día.

El abogado ha mantenido siempre la incógnita sobre su misteriosa desaparición durante 20 horas y la ha achacado a la esfera de lo privado. Nunca ha desvelado si su desaparición fue motivada por enfermedad o alguna causa justificable alegando que "eso pertenece a la intimidad".

Su desaparición y la imposibilidad de contactar por ningún medio con él creó una gran alarma en el mediático juicio por el crimen de Isabel Carrasco.

Tras ser localizado por la Policía Local en una céntrica calle de León, el letrado reconoció que su desaparición había sido voluntaria y debido exclusivamente a "motivos personales imprevistos", a la vez que negó que la ausencia se debiera a ninguna estrategia legal. Al día siguiente y tras reanudarse la vista oral el abogado pidió perdón y ofreció explicaciones al presidente del tribunal, Carlos Álvarez, y a su defendida Raquel Gago, quien a pesar de la situación mantuvo su confianza en el letrado.

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