Enfermedades, delincuencia, inseguridad y amenaza terrorista son los conceptos racistas que, junto al desconocimiento, marcan las declaraciones políticas de la derecha y la ultraderecha ante la gestión por parte del Gobierno de la actual crisis migratoria que se vive en Canarias.

Se trata de una campaña antimigrantes que no sorprende en el caso de Vox, pero a la que se han abonado diferentes cargos del PP a nivel nacional, autonómico y municipal. En muchos casos, los mismos que declararon una política de brazos abiertos para los refugiados ucranianos tras la invasión rusa de 2022, aunque en esta ocasión reaccionan con recelo, prejuicios o, directamente, bulos cuando la población que requiere acogida es africana de raza negra.

En el punto de mira de ambas formaciones están los traslados a la Península de gran parte de los migrantes recién llegados a las islas en una oleada de cayucos y neumáticas, sobre todo salidos de Senegal, que no tiene precedentes desde la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando desembarcaron más de 31.000 personas, cifra récord hasta ahora.

En lo que va de año han llegado de forma irregular alrededor de 28.000 personas migrantes a Canarias, un 80% más que en el mismo periodo de 2022; 13.000 de ellas solo en octubre. Con una media diaria de más de 500 supervivientes desembarcados y un ritmo de llegadas lejos de aflojar, los recursos de acogida habilitados desde la crisis de 2020 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el archipiélago se han quedado pequeños, mientras que el compromiso del ministro José Luis Escrivá es que no haya más de 6.000 migrantes en la treintena de instalaciones desplegadas en Canarias.

Los traslados a otros centros de acogida en la Península que realiza habitualmente el Ministerio para evitar situaciones de colapso y hacinamiento se han acelerado después de que Migraciones declarara la semana pasada la situación de emergencia por el repunte migratorio.

3.000 nueva plazas

Este trámite burocrático ha permitido desplegar con rapidez plazas de acogida en hostales, hoteles y otras instalaciones en diferentes ciudades y pueblos de España, al tiempo que Escrivá prepara otras 3.000 nuevas plazas de emergencia en las próximas semanas con "campamentos transitorios" en terrenos de uso civil del Ministerio de Defensa en Carabanchel y Alcalá de Henares (Madrid) y Cartagena (Murcia).

Los vuelos a la Península con migrantes a bordo han pasado de uno cada mes a uno cada semana y media, explican fuentes ministeriales. Más de 7.000 personas, sobre todo senegalesas, han sido trasladados desde Canarias en las últimas semanas, y se espera que el ritmo se mantenga hasta que se reduzca el ritmo de salidas, algo en lo que trabaja el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con sus homólogos de Senegal y Mauritania

Esta llegada, repentina en algunos casos, ha levantado críticas de alcaldes, consejeros autonómicos, concejales y diputados de PP y Vox, que acusan al Gobierno de falta de información, pero que también destilan grandes dosis de racismo y xenofobia que no se reflejaron con los 180.000 refugiados ucranianos que España acogió en apenas un año.

Escrivá organizó este martes una videoconferencia informativa con los alcaldes de las principales ciudades españolas y de los municipios en los que el Ministerio tiene los centros más grandes. También participaron la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García Pelayo, y los consejeros en materia migratoria de todas las comunidades autónomas. La razón de esta reunión, según Escrivá, es el "enorme desconocimiento sobre cómo funciona nuestro sistema de acogida", que el ministro achaca probablemente a los recientes cambios de Gobierno en muchos pueblos y regiones.

"Sin dinero ni oficio de beneficio"

La primera presidenta autonómica en sumarse a la criminalización de las personas migrantes fue la madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La pasada semana "alertó" de los primeros traslados desde Canarias a Madrid, acusó al Ejecutivo central de tratar a los migrantes como "fardos" que puede dejar en cualquier sitio, y lamentó el "reparto de miles" de migrantes por las comunidades "en un momento de máximo temor por la seguridad nacional.

La línea de Ayuso ha sido asumida por la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), que denunciaba falta de información sobre la próxima llegada de 450 personas previstas para la base Primo de Rivera de la localidad, donde se podrían alojar un máximo de 1.100 personas. Piquet celebró el lunes una Junta Local de Seguridad celebrada esta mañana en la que pedía explicaciones a la Subdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Elena Bernardo.

"No sabemos si hay protocolos de convivencia, de seguridad, qué tenemos que hacer si un inmigrantes sufre un desvanecimiento, si acudirán a talleres ocupacionales o estarán acompañados por organizaciones no gubernamentales, o si estarán deambulando por nuestra ciudad sin oficio ni beneficio ni dinero", llegó a asegurar la regidora.

Fuentes del Ministerio han explicado que el centro estará gestionado por personal de la ONG ACCEM, y se da por hecho que será un recurso de régimen abierto, ya que los migrantes en situación irregular no están detenidos; ya han pasado el periodo de 72 horas de custodia policial al llegar irregularmente, en el que son identificados, filiados policialmente y se comprueban posibles antecedentes u órdenes de detención internacional, se estudia si pueden ser devueltos y, en ese caso, son internados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante un máximo de 60 días.

Pozuelo de Alarcón, de la acogida a la psicosis

En la misma dirección se ha movido la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paola Tejero (PP) donde se habilitó en 2022 el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) para refugiados ucranianos. Hace cinco días, Tejero pidió un refuerzo policial por la "gran preocupación" que, al parecer, le generaba la llegada de 142 migrantes reubicados desde Canarias. Todo ello a pesar de que en el CREADE, que ha alojado a familias ucranianas desde su inicio, ya hay cientos de migrantes y refugiados de 13 nacionalidades distintas sin que haya habido el menor problema.

Esta preocupación, que no se mostró durante la acogida de ucranianos, instala una falsa narrativa de inseguridad que se ve agravada por el acoso de medios de comunicación ultras a los migrantes alojados.

Enfermedades y hoteles de lujo

A estas declaraciones se han sumado otras más graves, como la de Rafael Hernando, diputado del PP, que acusaba al Gobierno de "colaborar con el negocio organizado por las mafias del tráfico ilegal de personas, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena". La razón era el alojamiento de 350 migrantes en un hotel de El Toyo (Almería).

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Agüero, también cargó contra el Ejecutivo por este traslado "sin información" previa. Y se suma a otros gobiernos del PP, como el de Extremadura, cuya portavoz, Victoria Bazaga, criticó la reubicación de 40 migrantes a Cáceres y 140 en Malpartida de Cáceres, junto a otros 200 en el Albergue Municipal de Mérida.

La narrativa empleada, mejor o peor disimulada, sigue en todos los casos la vinculación de la migración con la delincuencia y la inseguridad. El pasado miércoles, el concejal del PP en Torrox (Málaga) Salvador Escudero, insinuó en una entrevista que los migrantes trasladados a esta localidad desde Canarias podrían introducir el tifus, entre otras cosas.  "Por muy bien que estén" aquí, no se sabe "por dónde van a ir" ni "qué harán", "si van a tirar por la carretera, si van a robar un coche o si van a buscarse la vida porque no tienen nada", sostuvo.

No es el único que vincula posibles epidemias a los migrantes. El alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Guzmán Gómez Alonso (PP), habló la pasada semana de "incertidumbre y miedo" en la localidad, donde residen 20.000 habitantes. La razón no era otra que el alojamiento en un hotel balneario a las afueras de varios centenares de migrantes. Además de la alerta antiterrorista, el edil esgrimía que los reubicados podrían desatar brotes "de cualquier enfermedad" poco detectada en España. "No sabemos cómo vienen ni cómo se llaman... si te dicen el nombre y que están vacunados, ¿te lo tienes creer?", aseveró.

Lo que desconocía u ocultaba Gómez Alonso es que todos los supervivientes que llegan a las costas españolas pasan chequeos y exámenes médicos tras ser rescatados.

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), no dejó pasar la ocasión y se grabó en vídeo en la puerta del hotel balneario para repetir los mantras de su formación sobre los migrantes: "Jóvenes varones en edad militar" que crean "sensación de inseguridad" y que son traídos por un Gobierno que "se arroga la protección de las mujeres", deslizando la posibilidad de que cometan agresiones sexuales.

Abascal pide rebeldía a sus cargos en Gobiernos

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este lunes "a sus representantes en los gobiernos regionales y en los distintos ayuntamientos donde gobiernan" que "se opongan al reparto" de lo que llama "inmigración ilegal", una figura que no existe en el Código Penal, pues la entrada irregular en el país no es un delito, sino una falta administrativa.

La petición de Abascal es una instrucción sin efecto, ya que las competencias en materia de inmigración y protección internacional no recaen ni en los ayuntamientos ni en las comunidades autónomas, sino en el Gobierno central, tal y como establece al artículo 149 de la Constitución. Por otra parte, las plazas habilitadas están sufragadas por el Ministerio y se encajan en centros privados o instalaciones de titularidad estatal, por lo que es imposible que un consistorio o un presidente autonómico impida su acogida.

vox habla abiertamente de "para la invasión" de migrantes, aunque lo que han demostrado las pasadas crisis migratorias es que la gran mayoría de los supervivientes que logran desembarcar en España acaban en pocos meses en otros países europeos.