El racismo y la burbuja inmobiliaria dejan sin casa a los refugiados: "Me piden un año de alquiler por adelantado"

"No te lo vas a creer, pero no miento. He llamado a más de cien anuncios de pisos en seis meses", asegura Fereidun desde el salón de su casa provisional, en el distrito madrileño de Vallecas. Iraní, de 54 años, soldador de profesión y refugiado desde hace más de ocho años. De su pasado no quiere hablar mucho; esboza un periplo largo por Turquía hasta que, hace un año más o menos, España aceptó su reubicación. Tuvo que huir de su país cuando él y su familia decidieron cambiar de religión, un delito penado por la ley islámica que impera en Irán y que conlleva la condena a muerte —como mínimo a prisión— si se niegan a convertirse de nuevo al islam.

Pero lo que le importa ahora a Fereidun, a su mujer y a sus dos hijas veinteañeras no es el pasado, sino el presente. Y se dibuja difícil. "Mucho más que en Turquía. Allí encontraba trabajo y no era difícil alquilar. No eran las mejores condiciones, pero aquí estamos en manos de Dios", ha empezado a comprender. Daban por hecho que ser refugiados en España no sería un camino de rosas. "Aprender la lengua, encontrar trabajo, cambiar de ciudad, de país, de cultura, empezar de cero", enumera. Pero en su lista de retos no figuraba el primero, la barrera más importante, la pequeña isla desde la que todo se puede reconstruir: el hogar.

Fereidun necesita una casa, un piso en alquiler en un país asolado por la especulación rentista y la desconfianza —a veces puro racismo inmobiliario— de los propietarios ante los extranjeros. "Desde hace seis meses vivimos con muchos nervios. Nos quedan siete con ayuda del Gobierno, pero no somos capaces encontrar un alquiler", asevera.

El pasado enero respiraba tranquilo. Una de las ofertas le interesó, su hija llamó al propietario y no pusieron problemas cuando notaron el acento foráneo. Quedaron a la espera de formalizar el contrato. "Cuando volvimos a preguntar nos dijeron que sin nómina solo nos lo podían alquilar si pagábamos por adelantado el año completo. Eran unos 9.000 euros. Nosotros no tenemos tanto dinero, ni siquiera tengo aún trabajo", lamenta el hombre. Siguen sin casa y el tiempo corre.

Como esta familia hay miles en España; demasiadas, según alertan varias ONG que gestionan plazas del sistema estatal de acogida de refugiados y solicitantes de asilo, siempre al límite, y ahora bajo presión doble por la llegada de ucranianos, a los que se les concede la protección automáticamente.

Una habitación para una familia

Es el caso de Irina, que llegó hace casi un año a Madrid, cuando Putin invadió su país y las bombas empezaron a llover sobre cualquier ciudad de Ucrania. De la noche a la mañana, Irina y su hija de ocho años pasaron de tenerlo todo en Leópolis (oeste del país) a vivir en un país extraño junto a personas extrañas por tiempo indefinido. Ya habla un castellano más que correcto, lo suficiente para notar la desconfianza en cada llamada que hace para alquilar.

"Habré llamado a 40 anuncios y no me han dejado visitar casi ningún piso"

"En dos meses habré llamado a 40 y no me han dejado visitar casi ninguno. Ni en Madrid ni en Guadalajara. Todos superan el precio que podemos pagar con la ayuda del Gobierno. Todos te piden nómina. Te desesperas", dice. Al final ha conseguido una habitación que alquila a otra familia ucraniana. "Una casa entera es imposible, y solo he encontrado algo gracias a conocidos de conocidos", resume. Hasta entonces, vivía en un piso de la ONG Accem, que gestiona más de 7.000 plazas en las diferentes fases del programa.

El Gobierno reconoce que es consciente del problema. El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ve cómo se tensan las costuras del sistema, cómo se bloquea el paso de una fase a otra del itinerario de acogida a pesar de haber aumentado un 150% su tamaño. "Se ha pasado de una capacidad de atención de 15.000 personas a principios de 2022 a superar las 37.500 en enero de 2023", asegura la Secretaría de Estado de Migraciones. Pero no está siendo suficiente, porque para que nuevos refugiados lleguen a esas plazas, lo que las ocupan tienen que ir saliendo a pisos independientes. Y el flujo es lento, tortuoso, genera cuellos de botella y, en gran parte de los casos, las condiciones de las casas que encuentran no son las adecuadas para ellos.

"Mi familia y yo hemos tardado ocho meses en encontrar una habitación", explica por teléfono Shadab Rahimi. Es afgano, va a cumplir 27 años y llegó a la base de Torrejón de Ardoz el verano de 2021, cuando los talibanes recuperaron el control de Kabul. Fue cuando los militares de los países occidentales salieron precipitadamente de la capital afgana y el pánico cundió entre la población local en general y entre los que trabajaron para cualquier extranjero en particular.

"Pago 550 euros por una habitación con cocina y baño. He tardado ocho meses", dice un refugiado afgano

Era el caso de Rahimi, ingeniero informático, que aterrizó junto a su mujer, entonces embarazada, y sus padres en uno de esos vuelos chárter a los que esperaba una cohorte de ministros a los pies de la escalerilla, en plena pista de aterrizaje.

Un año y medio después, sus padres siguen en la primera fase de acogida, alojados en Aranjuez, mientras que ellos, ya con un bebé de seis meses, se han visto obligados a aceptar un cuarto con baño y cocina en un piso compartido. Pagan 550 euros al mes.

"Es muy pequeño para tres personas, pero era la única opción. En dos meses teníamos que dejar de casa de acogida. Por eso lo hemos elegido", explica. Han pasado por Simancas (Valladolid) y por Leganés (Madrid), siempre con el apoyo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "Da igual dónde busques en Madrid. Todo es muy caro y piden una o dos nóminas o dinero por adelantado. Particulares o inmobiliarias. No les sirven que tengamos una ayuda económica asegurada durante varios meses", ilustra. "Teníamos mucha prisa. Ojalá encuentre pronto trabajo para poder buscar una casa mejor. No puedo volver a Kabul, los talibanes pueden matarme", sentencia.

Colapso del sistema

El funcionamiento del sistema de asilo es complejo, y los plazos estipulados no suelen cumplirse nunca. El itinerario que sigue un solicitante de asilo hasta que se le reconoce el estatus de refugiado se divide en dos fases que se alargan desde los 18 meses de protección estatal a 24 en caso de familias vulnerables. La primera, llamada de acogida temporal, cubre las necesidades básicas (alojamiento temporal, manutención, atención y orientación social, psicológica y legal, cursos de idioma...). Se resume en centros de atención a refugiados o dispositivos y pisos gestionados por ONG con financiación pública. No debería durar más de seis meses, pero en la práctica se sobrepasan los tiempos, reconocen todas las ONG consultadas.

Ni siquiera las ONG son capaces de encontrar pisos para alojar a solicitantes de asilo y refugiados

Fereidun y su familia siempre han vivido en un piso a pesar de estar en la primera fase. Ha sido gracias al programa de la ONG Provivienda, que da prioridad a la atención de familias en pisos que la ONG alquila con subvención del Ministerio. Aunque sus plazas son pocas, apenas 700, y cada vez tienen más problemas para conseguir alquileres, pese a ser una ONG.

"Lo peor son Madrid y Barcelona, también las ciudades que las rodean. Es casi misión imposible por los precios desorbitados, es salvaje. Lo que se nos ofrece es poco y con malas condiciones de habitabilidad, sobre todo para familias numerosas", comenta Amaya Renes, coordinadora estatal de protección internacional en Provivienda.

La segunda fase, centrada en la "preparación para la autonomía", ya cuenta con ayudas económicas a los beneficiarios para facilitar su independencia e integración y no seguir ocupando plazas de la primera fase. El Gobierno, a través de ONG como Cruz Roja, CEAR, Accem, Provivienda o Cepaim, también da apoyo a los refugiados para la búsqueda de vivienda y empleo. Y antes de estas dos fases está la cero, conocida como "de evaluación y derivación", con coberturas aún más básicas que la primera fase y que no debería superar los 30 días de estancia, pero cuyos plazos se incumplen sistemáticamente.

Si los refugiados no son capaces de pasar de la fase uno a la dos porque no encuentran piso, los que van llegando se quedan en la cero hasta que se liberan plazas en la fase uno. En realidad, es un purgatorio de solicitantes de asilo y la mayoría ni siquiera tendrá derecho a protección internacional. El camino está lleno de albergues para personas sin hogar, hostales en el mejor de los casos o la fría calle en el peor. Todo depende de los recursos de los servicios sociales de los Ayuntamientos. Pero esto ya es agua pasada para los que buscan por primera vez un piso en España.

Discriminación inmobiliaria y picaresca de caseros

Si buscar piso de alquiler en determinados territorios ya es un calvario para la mayoría, la tarea es mucho más complicada para las personas extranjeras. Todavía peor si tienen dificultades con el idioma. Un informe de 2020 elaborado por Provivienda, con financiación del Ministerio de Inclusión, ya alertaba del racismo y la discriminación en el mercado inmobiliario español.

Más del 70% de las inmobiliarias reconocen que aplican discriminación total si lo piden los propietarios

El estudio analizó anuncios de portales y agencias, realizó entrevistas con inquilinos y con 200 inmobiliarias. Más del 70% de las agencias reconocían abiertamente que aceptan la discriminación absoluta si se lo piden los propietarios. Es decir, que bloquean de entrada la oferta del piso a personas extranjeras.

"A veces incluso les perjudica nuestra carta de presentación", explica Raquel Santos, coordinadora estatal de Inclusión en CEAR. "Muchas inmobiliarias y propietarios nos lo dicen verbalmente, que no quieren trabajar con ONG, ni con extranjeros. Temen que al finalizar las ayudas estatales los inquilinos no puedan seguir pagando y no quieren asumir el riesgo", expone.

Pero también aceptan otro tipo de discriminación, como pedir permiso de residencia si el interesado es extranjero, aumentar la cuantía de las fianzas, demandar más información económica que a los españoles, ofrecer contratos de alquiler más cortos o incluso ofertar la casa con humedades o sin realizar reparaciones. El mismo informe detalla que las inmobiliarias piden avales al 32,3% de los extranjeros frente al 19,9% de los españoles.

"Y en el caso de caseros particulares, la discriminación es palmaria. Los rechazan explícitamente, les dicen que el piso es solo pasa españoles o les mienten y les dicen que ya está alquilado", añade Esther Peña, abogada y responsable de asistencia a víctimas de discriminación y delitos de odio en Accem, que precisa que las personas de origen magrebí, árabe o subsahariano son las que más difícil lo tienen para encontrar casa.

"Mi mujer está tan angustiada que dice que es mejor volver a Irán y pasar unos meses en la cárcel"

Según esta letrada, también está siendo habitual una "picaresca" entre muchos propietarios que consiste en inflar los precios de una vivienda al saber que el interesado cuenta con una ayuda estatal. Otras ONG consultadas lo confirman, pero no pueden hacer más que presentar denuncias por vulnerar la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.

La angustia por no encontrar piso se suma a la que ya arrastran por haber tenido que huir de sus país, y la desesperación y la impotencia acaban generando una ansiedad difícil de sobrellevar. "A veces mi mujer está tan angustiada que dice que es mejor volver a Irán. Que nos meterán unos meses en la cárcel, pero luego volveremos a casa. Es difícil mantener el ánimo en esta situación", asegura Feridun. Confía en poder sacarse el título oficial de soldador para encontrar empleo más fácilmente. "Pero solo doy cuatro horas de clase de español a la semana. Así es complicado hacer cursos o buscar trabajo", explica.

Rahimi también sueña con un empleo que le dé tranquilidad. "Te pasas el día en casa, solo, sin gente conocida, pensando en todas las dificultades. Llegué a España con mucho pelo, pero lo estoy perdiendo muy rápido aquí y creo que es por esta incertidumbre, por la presión", se desahoga.

Si fuera por Irina, volvería a su casa este mismo verano, "aunque no hay lugar seguro en Ucrania, da igual dónde esté el frente", confiesa. Es la tranquilidad de su hija lo único que la ata a la habitación en la que viven. "Yo puedo entender a los dueños de las casas, pero les diría que tengan más confianza. Somos gente normal, honrada, pero en una situación difícil. No queremos ser okupas, solo poder vivir aquí hasta que podamos volver".