El Ejecutivo de Susana Díaz, en constante pulso con el Gobierno de Mariano Rajoy, se ha atribuido la iniciativa de anunciar una oferta de empleo público “extraordinaria” para Andalucía mientras el Ministerio de Hacienda negociaba con las comunidades y con los sindicatos una fórmula específica para reducir la tasa de interinidad en las administraciones. Ambos gobiernos van al unísono, aunque sus relatos son distintos: para Rajoy supone lograr la paz social, dar oxígeno a las comunidades tras años de austeridad en el gasto público y amarrar un pacto con los poderosos sindicatos de la función pública, todos ellos logros que allanan la aprobación de los Presupuestos Generales para 2017; Díaz, por su parte, ha hecho suya una medida que depende 100% del Ministerio de Hacienda, precipitó el anuncio antes de que lo hiciera el ministro Cristóbal Montoro y posteriormente aseguró que el Gobierno de Rajoy se había avenido a aceptar la propuesta que había hecho Andalucía en el marco de la Conferencia de Presidentes Autonómicos.

Así, la presidenta de la Junta y eventual candidata a la secretaría general del PSOE amortiza un capital político que depende por entero de Rajoy, porque si éste no levanta la restricción a la contratación en el empleo público, las comunidades no tienen opción de estabilizar sus plantillas. Dicho esto, la cifra que Andalucía ha aportado al Ministerio de Hacienda es, con diferencia, la más ambiciosa de todas las regiones. Se trata de hacer fijos a más de 40.000 médicos eventuales y profesores interinos de la Administración, un 16% de los 250.000 empleos públicos que se van a blindar en el conjunto del Estado. En Andalucía, durante los ocho últimos años de crisis, con la tasa de reposición limitada, la tasa de interinidad en la Junta se ha disparado del 3 al 13,5% en la educación pública, y roza hasta el 25% en la sanidad. El Ejecutivo de Díaz también negocia con los sindicatos del sector una oferta de empleo público extraordinaria que dé privilegios para lograr una plaza fija a los interinos y eventuales con experiencia sobre los recién licenciados. Algo que no es del todo nuevo. Este escenario postcrisis ya ha ocurrido antes, en la crisis anterior. Ahora las administraciones se preparan para reemprender el camino que han desandado los últimos ocho años.

En 2005, la Comisión Europea le pegó un tirón de orejas a España al comprobar que la Administración pública tenía infladísima la tasa de empleos temporales. Para corregirlo, Bruselas exigió medidas urgentes que ayudaran a estabilizar el trabajo de su plantilla y redujeran la tasa de interinidad al 8% en 2012. Educación y Sanidad estaban en el punto de mira, porque son los servicios públicos con mayor número de trabajadores. En Andalucía, por aquel entonces, el porcentaje de profesores interinos rondaba el 21%, siendo una de las plantillas más envejecidas del país, y en el ámbito sanitario la cifra era superior al 25%.

Varios niños en un aula de un colegio.

Durante los últimos ocho años de crisis económica, España ha vivido sometida a fuertes políticas de austeridad, medidas de consolidación fiscal y de recortes en el gasto público. Una de las decisiones más duras, impuesta primero por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y prorrogada los últimos cinco años por el gabinete de Mariano Rajoy, han sido los límites a la tasa de reposición, que han impedido a las comunidades autónomas cubrir el 100% de las vacantes de médicos y maestros que salían del sistema (se jubilaban o morían). Esta medida no sólo cerró el grifo de las ofertas de empleo público, también disparó la tasa de interinidad en la Administración y provocó un mayor envejecimiento de las plantillas. La crisis, por tanto, revertió todo el trabajo que se hizo entre 2005 y 2012 para estabilizar el empleo en las administraciones, y recuperó las cotas de temporalidad anterior al 2005. Hasta ahora, nunca antes una administración había estado tanto tiempo seguido sujeta a un límite estricto de la tasa de reposición. Bruselas volvió a poner a España bajo el foco.

La Junta de Andalucía ha aprovechado que el límite de la tasa de reposición parece tener los días contados para presionar al Gobierno de Rajoy, instándole a que regule la convocatoria de una oferta de empleo extraordinaria masiva con el objetivo de dar estabilidad a miles de interinos de la Administración, sobre todo médicos y profesores. El Gobierno de Susana Díaz se ha apresurado a marcarse el tanto, anunciando que con esta fórmula (a coste cero) blindaría la plaza de 40.000 maestros interinos y eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Su socio de legislatura, Ciudadanos, ya le ha advertido de que estará vigilante, y que no aceptará que se blinde la plaza de eventuales en la Administración “por la puerta de atrás”.

No es un debate exclusivamente andaluz, de hecho, forma parte de la negociación entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades en el marco de la Conferencia de Presidentes. Primero el Ejecutivo central tendrá que aprobar la fórmula de una oferta de empleo extraordinaria que prime a los interinos en activo sobre los opositores sin experiencia docente o médica. Luego serían las comunidades quienes gestionarían esas convocatorias, y entremedio, habría que negociar los criterios de acceso con los sindicatos de cada sector. Quizá el sistema que se habilite para dar estabilidad a la plantilla de sanitarios eventuales no sea el mismo que para los docentes interinos. Y quizá los criterios de selección en el concurso de oposición, aunque otorguen privilegios a los interinos frente a los nuevos, no baremen igual a alguien que lleva 15 años dando clases que a un docente que apenas lleva dos cursos. Todos estos matices dependerán de una negociación posterior.

El Gobierno de Susana Díaz no quiere usar un procedimiento ordinario de oposición para dar estabilidad a su plantilla, porque teme que los médicos y profesores sin experiencia que se presenten al examen le arrebaten la plaza a aquellos que llevan 15 años ejerciendo de forma interina. “Queremos garantizar que no va a haber una descapitalización del sistema sanitario y educativo, que no vamos a perder a profesionales con experiencia”, explican desde la Consejería de Hacienda. El PSOE andaluz llevará al próximo pleno del Parlamento una proposición no de ley que insta al Gobierno central a iniciar todo este proceso, una iniciativa que comparten otras comunidades autónomas. La Consejería de Hacienda trabaja con el Ministerio de Hacienda para que esta oferta masiva “se haga de manera coordinada y se desarrollen de manera simultánea en todas las comunidades autónomas”, evitando así que la enorme oferta que saldrá en Andalucía provoque un “efecto llamada” de opositores de otras regiones.