Más de 60 organizaciones feministas se reunieron este lunes para "pulir" el tercer eje en el que se divide el programa electoral que los socialistas llevarán a cabo en Madrid si finalmente gobierna en esta comunidad tras las elecciones del próximo domingo. Se trata del apartado que se titula "Un Gobierno feminista para una región líder en Igualdad" y aglutina el grueso de las propuestas específicas sobre igualdad y violencia de género. 

El capítulo lo forman unas 40 medidas específicas que ya habían sido consensuadas hace algo más de un mes en una reunión con una veintena de organizaciones de la sociedad civil. Ahora, los socialistas volvían a pedir a las organizaciones que valoraran o completaran las propuesta, para afinar el documento y asegurar que las propuestas sobre feminismo, tengan un amplio consenso entre las organizaciones.

La convocatoria estuvo presidida por Lorena Morales, secretaria general de Igualdad del PSOE en Madrid y por Pilar LLop, hasta hace poco la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, puesto que abandonó para incorporarse como número dos a la lista del PSOE para la Comunidad de Madrid.

Entre las principales propuestas socialistas contenidas en el documento figuran la elaboración de una nueva ley de violencia de género para la región, que ambicionan a imagen y semejanza de la última que había aprobado el Gobierno de Susana Díaz en Andalucía, "y que ha sido pionera, que aplica muy bien el Convenio de Estambul (un tratado internacional firmado por España y que amplía la consideración de las violencias que sufren las mujeres), que habla de feminicidio y que profundizaba en el concepto de violencia de género", según Morales. 

Otra de las medidas estrellas contenidas en le programa es la necesidad de poner en marcha de forma urgente un protocolo de violencia sexual, unidades de valoración forense para para la valoración de riesgo de mujeres que sufren violencia de género, así como la puesta en marcha de un centro de crisis para las agresiones sexuales que tendrá delegaciones comarcales en toda la comunidad de Madrid.

Las organizaciones presentes en la reunión manifestaron su interés en colaborar de forma regular en la definición de políticas de igualdad y género, no de forma puntual, y manifestaron su deseo de ampliar espacios similares a lo largo de la legislatura.

No imponer la Custodia Compartida

Las leyes y normas que promueven la Custodia Compartida preferente o impuesta en los procesos de separación, constituyen para las organizaciones, la continuación de la violencia que se ejerce contra las mujeres y sus hijos e hijas. Muchas mujeres que sufren violencia de género y que deciden ponerle fin mediante la separación y no por la vía de la denuncia (hasta un 70% eligen esta vía según la última macroencuesta), se encuentra con la custodia compartida "por la que muchos hombres siguen controlando y maltratando a las mujeres y sus hijos", según afirman desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis. La Custodia Compartida debería decidirse caso a caso, pero hacerla preferente o impuesta puede suponer la continuación de la violencia, explica.

De la misma forma, varias de las presentes pidieron medidas concretas para que no se pueda utilizar el conocido como Síndrome de Alienación Parental (SAP) en los juzgados ni en las valoraciones psicológicas en los procesos de separación. Este supuesto síndrome, utilizado por jueces o psicólogos, presupone que la madre ha realizado un proceso de "lavado de cerebro" a los menores para predisponerlos contra los padres, y no es una patología reconocida por ninguna institución médica. 

De la misma forma, algunas pidieron a las políticas, que el personal que trabaja en los puntos de encuentros familiares fueran formados en perspectiva de género para evitar la aplicación de un SAP en estos órganos y que la formación de jueces y otros operadores jurídicos en perspectiva de género sea obligatoria.

Entre las aportaciones de las organizaciones figuran también la necesidad de que se blinden los derechos de las mujeres para garantizar los recursos necesarios para atenderlas y que se implante la figura de un profesional único de referencia que canalice los recursos que necesitan las víctimas de violencia de género. 

Mediadas de control sobre ellos

Entre las medidas propuestas, figura la petición para que se pongan en marcha mecanismos para que las medidas de control en casos de existir violencia de género recaigan sobre ellos, los agresores, y no sobre las mujeres como ocurre en la actualidad, y que limitan la vida de las mujeres que acaban siendo doblemente víctimas. Por tanto, la propuesta exige que en casos de alejamiento o medidas de protección sean los maltratadores los que lleven una pulsera de localización y que las medidas de protección policial recaigan sobre ellos y no sobre las víctimas.

También piden que las unidades de valoración integral sean las encargadas de valorar el riesgo de las mujeres que han denunciado violencia de género, para evitar el asesinato de mujeres que han dado el paso de denunciar a su maltratador.

Prostitución, trata y pornografía

En la reunión estuvo presente Amelia Tiganus, una activista por la abolición de la prostitución y víctima de trata. Tiganus, ligada al proyecto Feminicidio.net, reconoció que el PSOE es el único partido que se presenta a las elecciones que se compromete con el abolicionismo. Pero advirtió que si de verdad se quiere acabar con la prostitución "hay que penalizar todas las formas de proxenetismo" y que esta tendría que ser la medida por la que habría que comenzar.  Pidió, además una ley que "tiene que ser contundente, que no de pie a la interpretación".

También pidió medidas contra la pornografía, considerada como la puerta de entrada a las agresiones sexuales y que el "el conducto por el que los hombres ponen en práctica su fantasía". Hizo hincapié, además, en la necesidad de recabar datos fiables y analizables para saber qué políticas públicas se tienen que hacer.
Algunas de las organizaciones presentes exigieron una ley que prohíba el acceso abierto a la pornografía, a la que acceden los menores a edades más tempranas sin ningún tipo de filtros.

Protección a las que deciden abortar

Varias expertas pidieron medidas concretas para proteger a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Que este sea realizado en centros públicos, y que se deben implantar medidas de protección alrededor de los centros que realizan estas prácticas para evitar el acoso de las mujeres por parte de grupos organizados anti-elección.  Las constante presencia de grupos anti-elección en las puertas y los alrededores de los centros. Exigieron medidas similares a las que se aplican en otros países, en los que se impone un perímetro de seguridad alrededor de estos centros, que garantiza que las mujeres no son coaccionadas o agredidas.